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Líneas de Acción de la Política de DDHH del Gobierno Colombiano

Líneas de Acción de la Política de DDHH del Gobierno Colombiano. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2002 – 2006 PREVENCIÓN DE VIOLACIONES A LOS DD.HH. Y EL DIH PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SECTORES VULNERABLES IMPULSO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN DERECHOS HUMANOS MEDIDAS DE IMPULSO AL DIH

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Líneas de Acción de la Política de DDHH del Gobierno Colombiano

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  1. Líneas de Acción de la Política de DDHH del Gobierno Colombiano • PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2002 – 2006 • PREVENCIÓN DE VIOLACIONES A LOS DD.HH. Y EL DIH • PROTECCIÓN DE PERSONAS Y SECTORES VULNERABLES • IMPULSO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN DERECHOS HUMANOS • MEDIDAS DE IMPULSO AL DIH • PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE DD.HH. • COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD INTERNACIONAL • PLAN NACIONAL DE ACCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO • INTERLOCUCIÓN CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES • COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

  2. Avances Sobre las Recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

  3. 1 El Alto Comisionado alienta al Gobierno a fortalecer la coordinación entre el Sistema de Alerta Temprana (SAT), establecido en la Defensoría del Pueblo, y el Comité Interinstitucional de Alerta Temprana (CIAT), dando seguimiento a las acciones tomadas por las autoridades en las áreas identificadas en los informes de riesgo. También deberán formar parte de dicho Comité la Defensoría del Pueblo, la Red de Solidaridad Social y el Programa de protección de defensores de derechos humanos del Ministerio del Interior.

  4. Avances Sobre Recomendación No 1 Orientado a prevenir la ocurrencia de violaciones masivas en Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Es el único sistema en el mundo diseñado con este fin. Composición • Defensoría del Pueblo (Produce Informes de riesgo) • Gobierno (Toma Decisiones) • Se incorporó a la Red de Solidaridad Social, el Programa de Protección y el Comando General de las Fuerzas Militares (Como respuesta a la recomendación de la ONU). Se han capacitado en el 2003 y el 2004 autoridades militares (Comandantes de División, de Brigada, de Batallón, de Policía Departamental, responsables de DDHH en FFMM y Policía y autoridades civiles departamentales y municipales). Se ha diseñado y puesto en funcionamiento un sistema de seguimiento a las recomendaciones para garantizar la eficacia del sistema. Las acciones gubernamentales se dan sobre TODOS los informes de riesgo. Se conviertan o no para actuar. La alerta implica acciones especiales ante la evidencia de un riesgo verificado. Se producen notas de seguimiento cuando, a juicio de la Defensoría, persiste el riesgo. Procede de la misma manera que con los informes de riesgo.

  5. Avances Sobre Recomendación No 1 Para una mejor eficacia en la aplicación de la política de prevención se están elaborando informes de riesgo de carácter regional. • Caso de la Sierra Nevada (terminado) • Caso de Arauca y Valle (en ejecución) La disminución en número de masacres, en desplazamiento (46% entre 2002-2003) y en secuestro (54% en últimos 12 meses) demuestran la eficacia del sistema. Según la información del gobierno, sólo en un caso de los incluidos en los informes de riesgo se ha presentado la violación de Derechos Humanos. Para efectos de coordinación se realizan reuniones periódicas con la Defensoría del Pueblo, responsable del SAT. El gobierno está a la espera de los resultados de una evaluación externa por parte de la USAID para implementar recomendaciones.

  6. 2 El Alto Comisionado alienta al Gobierno a asegurar que los programas de protección de defensores de derechos humanos y de otros grupos, a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, funcione con la cobertura y efectividad necesarias. El Ministerio deberá buscar, conjuntamente con otras instituciones del Estado, nuevos mecanismos para disminuir los factores de riesgo y actuar preventivamente sobre ellos.

  7. Avances Sobre Recomendación No 2 El Programa de Protección está orientado a proteger a defensores de derechos humanos, sindicalistas, alcaldes, ex-alcaldes, diputados, concejales, personeros, periodistas, líderes, testigos, miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista que hayan sido amenazados y se encuentren en situación de riesgo inminente. Hasta el primer trimestre del año 2004, se beneficiaron con medidas de protección 14.428 personas. Durante el mismo período se han implementado 64 nuevos esquemas “duros” de protección, se realizaron 52 blindajes, se entregaron 2.236 ayudas de reubicación temporal y 1.200 tiquetes aéreos y la red de comunicaciones se fortaleció hasta llegar a 2.950 equipos distribuidos en 1.471 celulares, 1.456 avanteles y 23 teléfonos satelitales. Para la vigencia fiscal de 2004 se asignaron recursos por un valor de $ 30.740 millones de pesos y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID - destinó, para este mismo año, $ 6.426 millones de pesos que constituyen un total de $ 37.166 millones de pesos, la mayor asignación en la historia del Programa. Se diseñó, concertadamente con los representantes de la población objeto, un Plan de Acción para la Implementación de las recomendaciones de los evaluadores, que a la fecha está en proceso de ejecución. Se han incorporado en el CRER (Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos) representantes de las poblaciones indígena y afro-colombiana para incrementar la representatividad de sectores amenazados.

  8. Avances Sobre Recomendación No 2 Está en ejecución el proyecto de consolidación del Programa de Protección para involucrar a las autoridades departamentales en la política de protección. Se ha dado capacitación preventiva en las ciudades de Barranquilla, Cali, Arauca, Neiva, beneficiando a 402 personas. Se tienen previstas, en lo que resta del año capacitaciones en las ciudades de Florencia, Cúcuta, Bucaramanga, Popayán, Pato Medellín, Pereira, Ibagué y Bogotá. Se avanza en la ejecución del Programa de Descentralización de la Política de DDHH y DIH en los 32 departamentos, destacando: • Firma de actas de compromiso entre el Vicepresidente y los gobernadores de los departamentos y los alcaldes de las ciudades capitales para incorporar el tema de DDHH en la agenda de gobierno de gobernadores y alcaldes. • Incorporación en los planes de desarrollo de los 32 departamentos, aprobados por las Asambleas Departamentales, de el tema de DDHH. • Incorporación en los Planes de Desarrollo de las 32 capitales de departamento aprobados por los Concejos Municipales, del tema de DDHH y DIH. • Elaboración Planes de Acción en DDHH y DIH para cada uno de los 32 departamentos. • Elaboración de Planes de Acción en DHH y DIH para cada una de las 32 capitales de departamentos.

  9. Avances Sobre Recomendación No 2

  10. Avances Sobre Recomendación No 2 y 3 Fuente: Policía Nacional y DAS Septiembre, 2004

  11. 3 El Alto Comisionado alienta a la Red de Solidaridad Social, conjuntamente con otras instancias del Gobierno y del Estado, a poner en práctica, cuanto antes, acciones y programas de prevención y protección concertados con las comunidades en riesgo. En materia de desplazamiento se deberán aplicar estrictamente los Principios Rectores de las Naciones Unidas.

  12. Avances Sobre Recomendación No 3 Conjuntamente entre la Red de Solidaridad Social (RSS) el Ministerio del Interior y de Justicia, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo se concluyó la elaboración del proyecto Atención a Comunidades en Riesgo para ser ejecutado a partir de octubre de 2004 en 10 regiones que tiene por objeto atender prioritariamente a la población considerada con mayores niveles de riesgo en la afectación de sus derechos humanos. Las regiones son: Arauca, Catatumbo, Tolima, Sierra Nevada de Santa Marta, Cauca, Cundinamarca, Calda, Bajo y Medio Atrato, Caquetá y Antioquia. El proyecto tiene garantizada su financiación con recursos del gobierno y de la cooperación internacional. El costo del Programa es de US$940.000. La Red de Solidaridad Social apoya en la actualidad a las comunidades en riesgo que presentan crisis alimentaria, a través de la Operación Prolongada de Socorro, mediante la cual se suministra alimentos.

  13. Avances Sobre Recomendación No 3 A la fecha de reporte, el proyecto RESA (Red de Seguridad Alimentaria) ha beneficiado a 625.000 campesinos. El valor Total de lo invertido a la fecha es de $39.500 millones de pesos, de los cuales la RSS ha aportado $13.500 millones y los demás cofinanciadores $26.000 millones. Respecto de la aplicación de la Sentencia de la Corte Constitucional T-025, la Red adelanta el proceso de consolidación de las ayudas entregadas y la caracterización de la población desplazada.

  14. Avances Sobre Recomendación No 3 El promedio mensual de familias desplazadas cayó 46% entre 2002 y 2003. En lo corrido del año, sigue bajando. Evolución del desplazamiento forzado (Promedio mensual de familias) Fuente: Red de Solidaridad Social – SUR, corte 15 de mayo; cálculos DNP - Sinergia

  15. Avances Sobre Recomendación No 3 Disminución del desplazamiento individual Fuente : Red de Solidaridad Social. A 20 de Septiembre de 2004

  16. 4 El Alto Comisionado urge al Gobierno y al Congreso a asegurar en el presupuesto nacional los recursos necesarios para que la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo puedan, cuanto antes, establecerse en aquellos municipios donde aún no tienen presencia, especialmente en las regiones con alto índice de población indígena, afro colombiana y desplazada. Recomienda, además, que la Procuraduría y la Defensoría incorporen integralmente a los personeros a sus actividades y programas en materia de protección y promoción de derechos humanos.

  17. Avances Sobre Recomendación No 4. En el contexto de las limitaciones fiscales, el gobierno procura asignar en los presupuestos de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento en todo el territorio nacional, teniendo como base, los proyectos que presenta cada una de estas instituciones. La ejecución de la Política de Seguridad Democrática ha permitido el retorno de la Fiscalía y organismos de justicia en aquellos municipios de los cuales, en razón de la violencia, había tenido que salir. La Procuraduría, mediante resolución 0465 de diciembre de 2003, creó las Unidades Especiales para Derechos Humanos con el objeto de garantizar presencia en todos los municipios colombianos. Se involucraron a los personeros municipales en el proceso de capacitación en política pública de derechos humanos y DIH. Participación directa de los personeros en el seminario – taller de Protección de Derechos Humanos y Control Preventivo en Materia de Desaparición Forzada, en convenio de la Procuraduría General de la Nación con la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional de la Embajada del Canadá.

  18. Avances Sobre Recomendación No 4. Proyecto de capacitación a personeros, en convenio del Instituto de Estudios con la OACNUDH, se han capacitado al 100% de los personeros en los siguientes temas: pedagogía de los derechos humanos, estructura y funcionamiento del Ministerio Público, derechos humanos, D.I.H., derecho disciplinario y mecanismos y acciones judiciales. Seminario de actualización en gestión pública y responsabilidad de los administradores en las entidades territoriales y autoridades electas, a la cual han asistido todos los personeros en las 17 ciudades en las cuales se ha realizado el evento. Para el año 2005, se continuará con el programa de profundización, el cual será asumido en su totalidad por el Instituto de estudios de la Procuraduría, a través de la Red de Formadores implementada para estos fines.

  19. 5 El Alto Comisionado alienta al Procurador General a llevar a cabo, durante el primer semestre de 2004, la revisión pendiente de los archivos de inteligencia militar sobre defensores y organizaciones de derechos humanos. Esta revisión deberá realizarse al menos una vez al año.

  20. Avances Sobre Recomendación No 5. En desarrollo de la reunión presidida por el señor Vicepresidente y de la cual participaron el Ministro de Defensa Nacional, la Cúpula Militar y delegados de organizaciones no gubernamentales, se llegó al acuerdo de revisar los archivos de inteligencia. Actividad que está en pleno desarrollo. Para tal efecto, se crearon dos comisiones de trabajo bajo la responsabilidad directa del Señor Viceministro de la Defensa.

  21. 6 El Alto Comisionado recomienda al ministerio público y a los superiores jerárquicos que cumplan la obligación de sancionar disciplinariamente a todos aquellos servidores públicos que con sus declaraciones, acciones u omisiones descalifiquen o pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos.

  22. Avances Sobre Recomendación No 6. El Ministerio de Defensa produjo la directiva Ministerial 09 con la cual establece la necesidad de proteger a los defensores de DDHH y abstenerse de hacer manifestaciones que pongan en riesgo su accionar. Cumpliendo el debido proceso, las Fuerzas Militares y de Policía adelantan las investigaciones por quejas a comportamientos de miembros de la Fuerza Pública que presuntamente atentan contra los defensores de DDHH. La Procuraduría, a través de la delegada disciplinaria para la defensa de los DDHH y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales adelanta las investigaciones por las conductas violatorias de los DDHH y las infracciones al DIH atribuidas a servidores públicos.

  23. 7 El Alto Comisionado alienta al Ministro de Defensa a desarrollar, con base en un estudio independiente, en una forma integral, sistemática y operacional, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la formación de todos los miembros de la Fuerza Pública.

  24. Avances Sobre Recomendación No 7. Las Fuerzas Militares han generalizado la enseñanza de los DD.HH y el DIH en los programas académicos de las Escuelas de Formación y Capacitación, en desarrollo del Plan de Integración. Se han continuado aplicando los lineamientos establecidos por el Proyecto denominado “Nuevo Modelo Pedagógico en DD.HH para la Fuerza Pública”, asesorado por el PNUD. A consideración de la OACNUDH se encuentran los términos de referencia para adelantar el estudio independiente del que habla la recomendación.

  25. 12 El Alto Comisionado insta a todos los que participan directamente en las hostilidades dentro del conflicto armado interno a observar irrestrictamente los principios humanitarios del limitación, distinción, proporcionalidad y protección de la población civil, y a garantizar el acceso humanitario a las poblaciones expuestas.

  26. Avances Sobre Recomendación No 12. Las FF.MM vienen trabajando en la inclusión de la normativa humanitaria en los Manuales Operacionales. En el mes de enero fue publicada la tercera edición del Manual de Estado Mayor de la FAC que incluye como anexo los “Fundamentos del Derecho Internacional Humanitario”, inclusión que vienen desarrollando el Ejército y la Armada Nacional. El 12 de julio la Inspección General de las Fuerzas Militares, junto con el CICR, evaluó positivamente los adelantos alcanzados con el Plan de Integración, y se concertaron nuevas actividades para profundizar su aplicación.

  27. Avances Sobre Recomendación No 12. El número de ataques a poblaciones disminuyó en 80% en 2003 frente a 2002. En lo corrido de 2004 sólo se ha registrado un ataque Ataques a poblaciones * Para 2004, dato a agosto 31 Fuente: Mindefensa - Comando General FF.MM

  28. Atentados Organizaciones Terroristas Avances Sobre Recomendación No 12. Atentados Terroristas - 43% Disminución Septiembre 2004 con respecto a diciembre 2003: 28% Fuente: CIC –DIJIN Policía Nacional Octubre 7, 2004

  29. 13 El Alto Comisionado recomienda al Gobierno, a los grupos armados ilegales y a la sociedad civil no escatimar esfuerzos para establecer acercamientos dirigidos al diálogo y a la negociación que permitan la superación del conflicto armado interno y el logro de una paz duradera. Los diálogos y la negociación deberán tomar en cuenta, desde un principio, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Exhorta al Gobierno y al Congreso a que, en los procesos de diálogo y negociación con grupos armados al margen de la ley, honren plenamente los principios fundamentales de verdad, justicia y reparación a las víctimas.

  30. Avances Sobre Recomendación No 13. El gobierno ha fijado claramente su política de negociación consistente en adelantar conversaciones con aquello grupos al margen de la ley que decidan unilateralmente un cese de hostilidades. Con las AUC, previo cumplimiento de este requisito, inició un proceso de conversaciones orientado a la desmovilización de todos sus miembros. La desmovilización de las AUC se discute en Santafé de Ralito y la OEA verifica el cumplimiento del cese de hostilidades. En enero de 2004 se suscribió un convenio con la OEA con el apoyo del gobierno de Suecia orientado a acompañar de manera amplia y flexible, todas las iniciativas y esfuerzos de paz en Colombia. El 25 de noviembre de 2003 se desmovilizaron 874 miembros del antiguo Bloque Cacique Nutibara de las AUC que operaba en Medellín. También se desvincularon 118 menores de edad en 2003. El 7 de Diciembre de 2003 se desmovilizaron 168 hombres y mujeres en Ortega, municipio de Cajibío-Cauca, como producto de los contactos con esta organización.

  31. Avances Sobre Recomendación No 13. A solicitud del ELN, el día 2 de agosto el Gobierno nacional envío una propuesta de paz por escrito al Comando Central del ELN, a través del Embajador Mejicano Andrés Valencia. El Gobierno Nacional ha cambiado favorablemente su posición frente al ELN dando muestras públicas de su deseo de llegar a un acuerdo negociado con esta organización. Con las FARC, el gobierno ha estado dispuesto a brindar todas las garantías de un acuerdo humanitario que implique la liberación de todos los secuestrados. Para ello ha acudido a la Iglesia Católica como mediador.

  32. 14 El Alto Comisionado exhorta al Gobierno y al Congreso a prestar la debida atención a las obligaciones asumidas por Colombia como Estado Parte en los instrumentos internacionales de derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional del trabajo. Recomienda al Gobierno impulsar la ratificación de los tratados internacionales en esas materias, y proceder al depósito de los instrumentos de ratificación de aquellos que han sido aprobados internamente. Los insta a no introducir o mantener en la legislación colombiana norma alguna que sea incompatible con dichos instrumentos. Recomienda, además, que se haga mayor uso de la asesoría de su oficina en Colombia.

  33. Avances Sobre Recomendación No 14.

  34. Avances Sobre Recomendación No 14. El gobierno ha solicitado la asesoría de la OACNUDH para efectos de buscar que las iniciativas legislativas cumplan con lo pactado en los convenios internacionales.

  35. 15 El Alto Comisionado exhorta al Comité especial de impulso de investigaciones de violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario a presentar resultados concretos sobre los casos seleccionados, y a informar trimestralmente al Presidente de la República sobre los avances obtenidos en el esclarecimiento de esos casos.

  36. Avances Sobre Recomendación No 15. El Comité Especial de Impulso tiene la responsabilidad de proponer una política pública contra la impunidad, para lo cual viene elaborando diagnósticos en todas las entidades competentes para el fortalecimiento de la administración de justicia. Desde octubre de 2003 hasta la fecha, se han financiado un total de 89 comisiones por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, siguiendo los criterios de impulso establecidos en el Grupo de Trabajo. Estas comisiones han hecho posible la captura y vinculación a investigaciones de numerosos presuntos responsables de los hechos, así como adopción de medidas restrictivas de la libertad. El grupo de trabajo del Comité Especial de Impulso aprobó una matriz como base para el intercambio y seguimiento de los casos seleccionados por el Comité Especial de Impulso. Esta matriz deberá ser alimentada por cada una de las instituciones concernidas, de manera permanente y la información allí registrada servirá para la adopción de medidas por parte del Comité Especial. Algunos Resultados: 133 capturados 5 vinculados (sin medidas de aseguramiento) 95 vinculados (con medidas de aseguramiento) 1 cierre de investigación Definición de un protocolo de cooperación con la Fuerza Pública para la protección de comisiones.

  37. 16 El Alto Comisionado exhorta al Fiscal General a asegurar, conforme a la carta de entendimiento suscrita en noviembre de 2003 con su oficina en Colombia, el cumplimiento en el primer semestre de 2004 de las recomendaciones del año 2002. Éstas se refieren al programa de protección de testigos y víctimas, al proyecto de ley sobre carrera para los funcionarios y empleados de la Fiscalía, al fortalecimiento de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, y a la creación de un grupo especializado en la investigación de posibles vínculos entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares.

  38. Avances Sobre Recomendación No 16. Consultoría internacional de análisis e implementación de las recomendaciones realizadas con cooperación de la OACNUDH en 2001. Revisión de la situación del programa de protección a victimas y testigos a nivel regional desde la perspectiva operativa, administrativa y presupuestal. Análisis para elaborar plan de acción en relación con el programa frente a la implementación del sistema acusatorio. Convocatoria para designar consultor y realizar el diagnostico en la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la perspectiva de su fortalecimiento.

  39. Avances Sobre Recomendación No 16. Avance en la implementación de recomendaciones respecto del fortalecimiento del programa de protección en cuanto a cubrimiento, efectividad y asistencia integral. Avance en el proyecto de ley de reestructuración y adecuación del programa. Consolidación de la cooperación internacional en materia de apoyo y reubicación de víctimas, testigos y funcionarios judiciales. Consolidación del grupo especializado para la investigación de posibles nexos entre servidores públicos y grupos armados al margen de la ley.

  40. 18 El Alto Comisionado alienta al Procurador General y al Defensor del Pueblo a velar por el respeto de las garantías procesales de aquellas personas privadas de la libertad cuya situación jurídica no se haya definido. Les solicita presentar informes públicos al respecto. Se exhorta al Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (INPEC) a garantizar y respetar los derechos de todos los reclusos.

  41. Avances Sobre Recomendación No 18. La Defensoría del Pueblo, a través de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, ha procurado el fortalecimiento en el número de defensores públicos a nivel nacional y una mayor cobertura del servicio con énfasis en el área penal. En el 2003 se creó, con apoyo de cooperación internacional, una Oficina Piloto en la ciudad de Bogotá, conformada por 15 defensores públicos, encargados exclusivamente de atender aquellos procesos de alto impacto social o de connotación nacional, en los cuales se puedan generar desconocimiento a los derechos humanos de los procesados. La Defensoría del Pueblo ejecuta brigadas constantes en los establecimientos de reclusión para ofrecer el servicio de defensa técnica y material, a través de asesores de gestión, defensores públicos y judicantes. La Defensoría del Pueblo cbuenta con un programa de promoción de los derechos de estos internos, mediante el cual se estudia y actualiza la su hoja de vida para establecer el cumplimiento de los requisitos necesarios para la obtención de beneficios jurídicos y subrogados penales.

  42. Avances Sobre Recomendación No 18. En el año 2003, el programa penal ordinario en ciudades capitales y municipios adelantó 34.051 procesos, 7.427 llevados en las Unidades de Reacción Inmediata, 8.182 en el programa de Justicia para menores infractores de la ley penal y 1.225 para el programa de la Justicia Penal Militar. Conjuntamente con el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario Carcelario) la Defensoría del Pueblo adelanta brigadas jurídicas para determinar qué población reclusa sindicada requiere el servicio de defensoría pública. INPEC y Defensoría del Pueblo realizan brigadas de asistencia jurídica en cada establecimiento donde existan sindicados. En ambos casos, se presentarán informes trimestrales de avance.

  43. 19 El Alto Comisionado recomienda al Ministro de Defensa velar por la eficacia de las investigaciones disciplinarias sobre graves violaciones de los derechos humanos o crímenes de guerra atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, y a emplear la suspensión en el servicio como medida preventiva. Exhorta, además, a que se limite la actuación de la jurisdicción penal militar a los delitos relacionados con el servicio.

  44. Avances Sobre Recomendación No 19. La Fuerza Pública ha venido colaborando de forma eficiente con los organismos de control en el desarrollo de las investigaciones por posibles violaciones de DD.HH. Se reitera la posición institucional y legal de considerar como antecedente las sanciones y/o fallos condenatorios debidamente ejecutoriados, de conformidad con los principios universalmente reconocidos de presunción de inocencia y debido proceso. Se continuará dando cumplimiento a las suspensiones solicitadas por los organismos de control. Se continúa con la aplicación de los lineamientos de la Sentencia C-358 de 1997, que definió la competencia de la jurisdicción penal militar, restringiéndola a los delitos relacionados con el servicio, concepto recogido en el Código Penal Militar vigente.

  45. 21 El Alto Comisionado exhorta al Gobierno a desarrollar una política consistente, con base a estadísticas actualizadas, para disminuir la brecha de inequidad, enfrentar la extrema pobreza existente en el país y asegurar la adopción de todas las medidas necesarias para lograr una disminución de los índices de analfabetismo y desocupación, y un aumento en el acceso a la salud, la educación y la vivienda. La educación primaria deberá ser gratuita, y los servicios de salud y los subsidios de vivienda han de garantizarse a los sectores menos protegidos.

  46. Desigualdad Avances Sobre Recomendación No 21. Coeficiente de Gini

  47. Avances Sobre Recomendación No 21. Índice de Condiciones de Vida (ICV) Fuente: 1993-2000:DNP-Misión Social, con base en Dane, censo 93, ENH; 2003: Programa Nacional de Desarrollo Humano - DDS - DNP, con base en ECH (total año) • El ICV mejoró substancialmente en el periodo 1993-1997. • Es importante destacar una mejoría de casi cinco puntos en la zona rural para el periodo 1998-1999 y subsecuentemente para el periodo 2000-2003. • Se espera que este índice continúe mejorando en los próximos años debido a políticas de cobertura en educación y acceso a vivienda.

  48. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) Avances Sobre Recomendación No 21. Fuente: 85 y 93, Dane censos. 96/00, cálculos DIOGS con base en ENH

  49. Avances Sobre Recomendación No 21. Tasa de Desempleo (%) (13 ciudades y total nacional, agostos 2000-2004) • La tasa de desempleo registrada en julio es la más baja de los últimos cuatro años, para igual periodo. • Esto representa la creación de 1.153.211 empleos entre agosto de 2002 y agosto de 2004. Fuente: DANE, Agosto 2004

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