LOS DERECHOS HUMANOS

1. LOS DERECHOS HUMANOS Profesor Hugo Llanos Mansilla

2. 1. La Carta de las Naciones Unidas Con la suscripci�n de la Carta de las Naciones Unidas, en 1945, se inicia la protecci�n universal de los derechos de la per�sona humana, que busca obtener de los Estados la obligaci�n jur�dica de respetados En el Pre�mbulo de la Carta se reafirma "la fe en los dere�chos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres" . En los Prop�sitos, la Carta establece en su art�culo 1�: "3. Realizar la cooperaci�n internacional en la soluci�n de los problemas internacionales de car�cter econ�mico, social, cultu�ral o humanitario, y en el desarrollo y est�mulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinci�n por motivos de raza, sexo, idioma o religi�n".

3. Por su parte, el art�culo 13, al referirse a la Asamblea General, dice: "1. La Asamblea General promover� estudios y har� recomendaciones para los fines siguientes: b) fomentar la cooperaci�n internacional en materias de car�cter econ�mico, social, cultural, educativo y sanitario y ayudar la hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinci�n por motivos de raza, sexo, idioma o religi�n".

4. El Cap�tulo IX de la Carta, que se refiere a la Cooperaci�n Internacional Econ�mica y Social, consigna en el art�culo 55 lo siguiente: "Con el prop�sito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pac�ficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de libre determinaci�n de los pueblos, la Organizaci�n promover�: c) el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinci�n por motivos de raza, sexo, idioma o religi�n, y a la efectividad de tales derechos y libertades".

5. Y el art�culo 56 agrega: "Todos los miembros se compro�meten a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperaci�n con la Organizaci�n para la realizaci�n de los prop�sitos consignados en el art�culo 55". El Cap�tulo X, que trata del Consejo Econ�mico y Social, al referirse a las funciones de �ste, dispone en el art�culo 62 lo siguiente: "2. El Consejo Econ�mico y Social podr� hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades".

6. Por su parte, el art�culo 68 se�ala: "El Consejo Econ�mico y Social establecer� comisiones de orden econ�mico y social, y para la promoci�n de los derechos humanos, as� como las dem�s comisiones necesarias para el desempe�o de sus funciones". La �ltima disposici�n de la Carta que se refiere a los derechos humanos es el art�culo 76, que establece los objetivos b�sicos del r�gimen de administraci�n fiduciaria. Entre �stos, determina: "e) promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinci�n por motivos de raza, sexo, idioma o religi�n ."

7. Pese a todas estas disposiciones legales citadas, la Carta de las Naciones Unidas no define los derechos humanos, ni establece tampoco los dispositivos legales tendientes a asegurar su protecci�n. Obligatoriedad de las disposiciones de la Carta Muchos disputaron el car�cter obligatorio de las disposiciones que sobre los derechos humanos contiene la Carta de las Naciones Unidas.

8. Para ello part�an de la base de que los �rganos principales de Naciones Unidas que tienen a su cargo la responsabilidad de llevar a la pr�ctica dichos textos legales. esto es, el Consejo Econ�mico y Social y la Asamblea General, s�lo tienen la facultad de realizar estudios y formular meras recomendaciones, careciendo de todo poder para obligar a los Estados a su cumplimiento.

9. Por otra parte, agregaban, los Estados miembros no han aceptado una obligaci�n definitiva de cumplir con los derechos humanos, desde el momento en que la Carta no establece los dere�chos que deben protegerse. Incluso, dec�an, cuando se estaba redactando la Carta se propuso incorporar a ella una "Declaraci�n Internacional de Derechos", que detallar�a el significado de sus disposiciones sobre el particular, lo que se desestim� en definitiva, arguy�ndose falta de tiempo para realizar, durante la Con�ferencia de San Francisco, un acucioso estudio sobre el par�ticular.

10. Se�ala Charles De Visscher al respecto" que la Carta no define en lugar alguno los derechos del hombre; al dejarlos indeterminados en su objeto y alcance, no pod�a pretender imponer a los Estados miembros la obligaci�n de concederlos o garantizarlos a sus respectivos s�bditos a trav�s de su legislaci�n interna

11. Akehurst por su lado, si bien se�ala que la utiliza�ci�n por parte del art�culo 56 de la expresi�n "se comprometen" (pledge en el texto ingl�s) indica la existencia de una obligaci�n jur�dica, esta obligaci�n, dice, no se refiere, probablemente, a su observancia ahora, pues los derechos no se encuentran a�n de�finidos y ni siquiera son enumerados, sino a laborar para su rea�lizaci�n en el futuro. Afirma que la vaguedad del lenguaje utilizado va dirigida la conceder una. amplia discreci�n a los Estados sobre el ritmo y medio de llevar a la pr�ctica sus obligaciones. 

12. Oppenheim asumiendo una actitud opuesta, dice lo siguiente: "Si bien la Carta no contiene un precepto prescribiendo la obligaci�n jur�dica de las naciones a observar los derechos humanos y las libertades fundamentales, los instrumentos constitucionales de car�cter general no requieren ni permiten una interpretaci�n literal [...] Cuando se trata de instrumentos constitutivos b�sicos, como la Carta, no cabe razonar que el prop�sito de fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales constituye, desde luego, uno de los objetivos b�sicos de 

13. las Naciones Unidas, pero no de sus miembros, que no se encontrarian, con el deber de respetarlos u observados; o que el compromiso (u obligaci�n) del art�culo 56 pueda tener otro significado diferente

14. El hecho de carecer de una definici�n de estos derechos y la falta de preceptos para su ejecuci�n pr�ctica, lejos de disminuir la naturaleza obligatoria de estos derechos, imponen a los miembros el deber moral, y tal vez aunque imperfectamente, de emplear sus mejores esfuerzos para actuar en apoyo de este prop�sito crucial de la Carta, bien por medio de acuerdos o bien, cuando sea posible, por la intervenci�n consciente de las propias autoridades judiciales o mediante otros m�todos an�logos".

15. Philip Jessup agrega: "El respeto de la dignidad humana y los derechos humanos fundamentales es ya obligatorio jur�dicamente, al menos para los miembros de las Naciones Uni�das, por ser parte de un tratado, como la Carta, que impone dicho deber. La extensi�n de este deber, su transformaci�n en reglas espec�ficas, requiere ulteriores medidas de car�cter legislativo". [

16. El art�culo 55 de la Carta se�ala que las Naciones Unidas promover�n el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Si los Estados violan estos derechos y libertades, o no efect�an labor alguna para su fortalecimiento, es evidente que su actitud estar�a lejos de cumplir con esta imperativa obligaci�n que indica el art�culo 55.

17. El art�culo 56, por su parte, es m�s categ�rico. Dice: "Todo'" los miembros se comprometen para tomar medidas conjunta o separadamente en cooperaci�n con la Organizaci�n para la realizaci�n de los prop�sitos consignados en el art�culo 55, art�culo este que ha se�alado el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos".

18. Hay aqu�, en consecuencia, un compromiso asumido por todos los Estados para tomar medidas positivas destinadas a promover el respeto universal a los derechos humanos, medidas que el Estado no s�lo debe hacer en conjunto con los dem�s Estados, sino tambi�n, y esto es lo importante, separadamente. Vale decir, debe respetar efectivamente los derechos humanos en su propio territorio, cooperando as� con las Naciones Unidas, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo

19. El desconocimiento de estos derechos de cada Estado viola�r�a el articulo 55, ya que no se estar�a "promoviendo" el respeto universal que dicha disposici�n legal exige. Oppenheim concluye diciendo: " . . . la observancia de los derechos humanos en tanto y cuanto es objeto de obligaciones jur�dicas, ha dejado de ser un asunto de la competencia exclusiva o jurisdicci�n in�terna de los Estados, y se ha transformado en materia de leg�timo inter�s de las Naciones Unidas y de sus miembros 

20. Las estipulaciones pertinentes de la Carta constituyen, pues, obligaciones jur�dicas de los miembros de las Naciones Unidas e incluso de la Organizaci�n misma, aunque sean imperfectas desde el punto de vista de su ejecutoriedad".

21. No debemos olvidar lo expuesto anteriormente, de que la brutal violaci�n de los derechos de la persona humana durante la Segunda Guerra Mundial impuls� a los redactores de la Carta de las Naciones Unidas a considerar que la protecci�n de dichos derechos era esencial para el mantenimiento de la paz internacional.

22. Como lo consigna De Visscher , una violaci�n flagrante y sistem�tica de los derechos fundamentales del hombre puede revestir tal gravedad que constituya una amenaza para la paz, adquiriendo competencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

23. Oppenheim, por su parte, se�ala : "La apertura de las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, provocada por un Estado que a su deseo agresivo de dominaci�n del mundo un�a la despiadada negaci�n de los derechos humanos fundamentales, reforz� la convicci�n de que el reconocimiento y la protecci�n de los derechos del hombre estaban en armon�a no s�lo con la correcta manera de concebir los fines del Derecho Internacional, sino que constitu�a tambi�n una exigencia esencial de la paz internacional. 

24. Esta convicci�n se expres�, reiteradamente, en diversas declaraciones sobre los fines de la guerra, tales como la denominada Carta del Atl�ntico, de 11 de agosto de 1941, y la Declaraci�n de las Naciones Unidas, de 1� de enero de 1942, en las que se proclam� �que la victoria completa sobre los enemigos es esencial para la defensa de la vida, la libertad, la independencia y la libertad religiosa, y para preservar los derechos humanos y la justicia, tanto en sus respectivos pa�ses como en los dem�s Estados�."

25. Por ello es que tambi�n en la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos se establece en su Pre�mbulo que " . . . la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intr�nseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana".

26. 2. La Declaraci�n Universal de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948 Dentro del sistema de las Naciones Unidas, es el Consejo Econ�mico y Social el �rgano principal de la Organizaci�n encargado de velar por los derechos humanos. En 1946 se constituy� la Co�misi�n de Derechos Humanos prevista en el art�culo 68 de la Carta, para llevar a cabo estudios y preparar proyectos de trata�dos, en aplicaci�n de los art�culos 55 y 56 de la Carta. 

27. El primer tema de trabajo de la Comisi�n, cuando fue creada, fue abocarse a la redacci�n de una Declaraci�n de Derechos Humanos. Del resultado de sus estudios se origin� la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos, presentada luego por el Consejo Econ�mico y Social a consideraci�n de la Asamblea General.

28. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General, reunida en Par�s, aprob� dicha Declaraci�n por 48 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones, resultado del dif�cil equilibrio logrado entre dos concepciones tan diferentes del hombre: la liberal occidental y la socialista 

29. No obstante la oposici�n de los Estados Unidos, el 15 de marzo de 2006, la Asamblea General la Asamblea General de las Naciones Unidos, aprob� por 170 votos a favor y 4 en contra [1], la creaci�n del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo funcionar� todo el a�o, y no s�lo seis semanas como lo hac�a la suprimida Comisi�n de Derechos Humanos. [1] Estados Unidos, Israel, las Islas Marshall y Palau

30. Se�ala Diez de Velasco "El contenido de la Declara�ci�n Universal de Derechos Humanos ha sido presentado de una manera pl�stica y magistral por uno de sus m�s eminentes redac�tores, el profesor Ren� Cassin, hoy Premio Nobel de la Paz por su contribuci�n a �sta a trav�s de la internacionalizaci�n de los derechos humanos. En su discurso como delegado de Francia en la Asamblea General la v�spera de la aprobaci�n, el ilustre profe�sor resum�a la Declaraci�n diciendo que hab�a sido comparada por algunos a un vasto templo 

31. en cuyo atrio, formado por el Pre�mbulo, se afirma la unidad de la familia humana, y cuyos cimientos est�n formados o constituidos por los principios de libertad, de igualdad, de no discriminaci�n y de fraternidad procla�mados en los art�culos 1� y 2�

32. Cuatro columnas de importancia igual sostienen el p�rtico, dice Cassin: la primera es la formada por los derechos y libertades de orden personal (art�culos 3� a 11 incluidos) ,en los que se proclaman y definen los derechos a la vida, a la seguridad y dignidad de la persona, a igual protecci�n ante la ley, a las garan�t�as contra la esclavitud, la tortura, las detenciones y las penas arbitrarias y los recursos judiciales contra los abusos del poder pol�tico.

33. La segunda de las columnas est� formada por los derechos del individuo en sus relaciones con los grupos de que forma parte y de las cosas del mundo exterior (art�culos 12 a 17 incluidos). El hombre y la mujer tienen reconocidos en un pie de igualdad el derecho a casarse, fundar una familia, tener un hogar, un domicilio, y el asilo en caso de persecuci�n pol�tica. Todo ser humano por vocaci�n tiende a ser miembro de una ciudad, ser

34. El tercer pilar es el formado por las facultades del esp�ritu, las libertades pol�ticas y los derechos pol�ticos fundamentales (art�culos 18 a 22 incluidos): la libertad de conciencia, de pensa�miento, de creencias; la libertad de palabra, de expresi�n; la de reuni�n, la de asociaci�n; el derecho a tomar parte en la vida pol�tica, y de participar en las elecciones peri�dicas y secretas. La voluntad del pueblo es proclamada fundamento de la autoridad de los poderes p�blicos.

35. El cuarto pilar, sim�trico al primero, tiene un car�cter enteramente nuevo en el plano internacional, y su importancia no cede en nada a la de los otros. Es aquel de los derechos econ�micos, sociales y culturales (art�culos 22 a 27 incluidos): el derecho al trabajo, a escoger libremente este trabajo, a la seguridad so�cial, a las libertades sindicales, a la educaci�n; el derecho al descanso, a la vida cultural, y el derecho a la protecci�n de la creaci�n art�stica.

36. Sobre estas cuatro columnas encontramos un frontispicio, en el cual se enmarcan los lazos entre el individuo y la sociedad. Los art�culos 28 y 30 afirman la necesidad de un orden social internacional, en el cual los derechos y las libertades de la persona humana pueden y deben encontrar su plena efectividad.

37. Se proclama as� la existencia de unos deberes del individuo respecto a la comunidad, los cuales fijan los l�mites que el hombre no puede pasar; �stos son los deberes respecto a la comunidad: el deber de respetar los derechos y las libertades de los otros; no atentar contra las exigencias de la moral, del orden p�blico y del bienestar general de una sociedad democr�tica, y no ir en contra de los principios y fines de las Naciones Unidas. As�, la Declaraci�n Universal marca un tono continuado entre lo individual y lo social (UN.: Oficial Records. .., p�g. 865)".

38. Son treinta art�culos que, como lo expres� en 1968 el ex Secretario General de las Naciones Unidas, U Thant, hab�an ya ins�pirado, en dicho a�o, por lo menos cuarenta y tres constituciones, a lo que hay que agregar que en todos los continentes se pueden encontrar leyes que expresamente citan o reproducen dispo�siciones de la Declaraci�n . 

39. As�, por ejemplo, la Declaraci�n ha influido en las Constituciones de Guinea (1958), Madagascar (1959), Costa de Marfil, Mali y N�ger (1960), Gab�n y Mauritania (1961), Burundi (1962), Argelia, la Rep�blica del Congo, Senegal y Toga (1963), Zaire (1967), Dahomey y Alto Volta (1970) y Camer�n (1973). Tambi�n se refiere a la Declaraci�n Universal el Acta Final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperaci�n en Europa, realizada en Helsinki, en 1975.

40. A juicio de H. Waldock , este reconocimiento constante y generalizado de los principios de la Declaraci�n reviste el car�c�ter de Derecho consuetudinario. Esto �ltimo tiene innegable importancia si consideramos que la Declaraci�n no revisti� forma de tratado sino de una resolu�ci�n de la Asamblea General de Naciones Unidas, que normal�mente no es vinculante para los Estados. Sus redactores no la concibieron como estableciendo obligaciones legales exigibles pa�ra los miembros de la comunidad internacional, ni como medio de interpretar las estipulaciones de la Carta. 

41. Como lo indica Akehurst es posible, s�, que la Declaraci�n Universal pudiera haberse convertido, posteriormente a su formulaci�n, en obligatoria, como una nueva regla de derecho consuetudinario. As�, la Conferencia de las Naciones Unidas reunida en Teher�n, en 1968, adopt� una soluci�n que proclam� que la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos [. . .] constituy� una obligaci�n para los miembros de la comunidad interna�cional" 

42. 3.- La Convenci�n Europea para la Protecci�n de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Fue suscrita en Roma el 14 de noviembre de 1950, entrando en vigencia en 1953, luego de que un protocolo adicional, suscrito en Par�s, la complement�, en 1952. Posteriormente, han sido suscritos otros catorce protocolos adicionales. 

43. En 1961, la Carta Social Europea incorpor� los derechos so�ciales y econ�micos del hombre europeo, entrando en vigencia en 1965. Con lo anterior se llen� un vac�o de la Convenci�n Europea, la que si bien hab�a incluido, m�s detalladamente, casi todas las disposiciones de la Declaraci�n Universal, no lo hizo con los de�nominados derechos econ�micos y sociales. La Carta Social incorpor� diecinueve de �stos.

44. La Parte 1 de la Convenci�n define y enumera los de�rechos personales y protegidos: el derecho a la vida; la prohibici�n de la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes; la prohibici�n de la esclavitud, de la servidumbre o del trabajo forzado o coactivo; el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona; el derecho a un proceso justo, a la protecci�n contra la retroactividad de la ley; el derecho al respeto de la vida privada, de la familia; a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religi�n 

45. ; a la libertad de expresi�n; a la libertad de reuni�n y de asociaci�n pac�fica; el derecho a casarse y fundar una familia; el derecho de disponer de recursos efectivos ante las autoridades nacionales con respecto a la violaci�n de los derechos protegidos por la Convenci�n, aunque la violaci�n fuere cometida por per�sonas que act�an en funci�n oficial; el derecho a una reparaci�n efectiva si se comete alguna violaci�n.

46. Estos derechos se reconocen a todas las personas dentro de la jurisdicci�n de los Estados firmantes, sin discriminaci�n de nacionalidad, raza, religi�n, etc. Otros derechos se a�adieron en el Protocolo Adicional de 1952: el derecho al goce pac�fico de los bienes; el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones religiosas o filos�ficas y el compromiso de las partes �a organizar, peri�dicamente, elecciones libres por voto secreto, bajo las y condiciones que aseguren la libre expresi�n de la opini�n del pueblo en la elecci�n de sus cuerpos legislativos".

47. El Protocolo de 1963[ garantiza otros cuatro derechos: la prohibici�n de encarcelamiento por deudas; la libertad de movimiento y de residencia; la prohibici�n de la expulsi�n colectiva de extranjeros. En la Carta Social, los Estados aseguran el derecho al traba�jo; a que �ste se realice en condiciones equitativas, de higiene y de seguridad, y mediante una remuneraci�n equitativa; se asegura la libertad sindical, de negociaci�n colectiva; se protege a los ni�os, a los adolescentes ya las mujeres trabajadoras; a la salud y seguridad social; a la asistencia m�dica y social, etc. 

48. En 1969 se establecieron garant�as para las personas que par�ticipan en los procedimientos seguidos ante la Comisi�n y la Cor�te Europea de Derechos Humanos. La Parte II de la Convenci�n de Roma y los protocolos adi�cionales se preocupan de los mecanismos llamados a garantizar el cumplimiento de sus disposiciones. Se establecieron originariamente dos �rganos: la Comisi�n y la Corte Europea de Derechos Humanos. Tambi�n es importante destacar el rol efectivo que le corresponde realizar al Comit� de Ministros del Consejo de Europa, como lo veremos m�s adelante. 

49. El Comit� de Ministros, cuando el caso no ha sido sometido a la Corte Europea de Derechos Humanos dentro del plazo de tres meses de recibido el informe, por mayor�a de votos de dos tercios, establecer� si ha habido violaci�n de la Convenci�n. Con�secuencia de su decisi�n ser�n las medidas a adoptar, las que pueden consistir desde una petici�n de rectificar la conducta im�pugnada dentro de un determinado plazo, o una reparaci�n equitativa, hasta la medida extrema de expulsi�n del Estado infrac�tor del Consejo de Europa.

50. La Corte Europea de Derechos Humanos: Se compone de jueces de diferente nacionalidad y de igual n�mero al de los Es�tados miembros del Consejo de Europa. Duran nueve a�os en funciones y son reelegibles. Los designa la Asamblea Consulti�va del Consejo de Europa. Su sede est� en Estrasburgo.

51. La aceptaci�n de la jurisdicci�n de la Corte, que se extien�de a todos los casos relacionados con la interpretaci�n y aplica�ci�n de la convenci�n, es facultativa para los Estados partes en la Convenci�n. Los Estados pueden declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria, ipso facto y sin acuerdo especial, la jurisdicci�n de la Corte. La Corte puede, adem�s, emitir dict�menes u opiniones juridicas, a petici�n del Comit� de Ministros.

52. EL PROTOCOLO N� 11 DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS(Noviembre de 1998 Antes de la entrada en vigor del protocolo N� 11, el mecanismo de control descansaba en una estructura tripartita:-la Comisi�n, encargada de pronunciarse sobre la admisibilidad de los recursos, establecer los hechos, contribuir a las soluciones amistosas y, en su caso, formular un dictamen sobre si hay o no violaci�n del Convenio;[1] Entr� en vigencia el 1� de noviembre de 1998

53. -La Corte, encargado de pronunciar un sentencia definitiva sobre los recursos que le remite la Comisi�n o una parte contratante interesada; -el Comit� de Ministros del Consejo de Europa, encargado, por una parte, de adoptar una decisi�n definitiva y obligatoria sobre las cuestiones que no se han remitido al Tribunal y, por otra parte, de vigilar la ejecuci�n de sus decisiones o de las sentencias del Tribunal. 

54. Sin embargo, con el paso de los a�os, el sistema creado fue v�ctima de su propio �xito. El volumen de litigios tratados por la Comisi�n y el Tribunal no ha dejado de aumentar. A modo de ejemplo, se puede citar que en 1981 la Comisi�n hab�a registrado 400 recursos. En 1997, esta cifra se elevaba a 4.750. En cuanto al Tribunal, s�lo tuvo que pronunciarse sobre 26 recursos entre el a�o de su creaci�n en 1959 y 1976; s�lo en 1997 pronunci� unas 200 sentencias.

55. Este riesgo de progresiva asfixia de los �rganos del Convenio aument� con la llegada masiva al Consejo de Europa, en los �ltimos a�os, de pa�ses de Europa central y oriental. Aunque el Consejo de Europa contaba s�lo con diez Estados, Francia entre ellos, en el momento de su creaci�n en 1950, hoy reagrupa a 40 Estados, todos ellos parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

56. En este contexto, a partir de los a�os 80, se inici� en el Consejo de Europa una reflexi�n sobre los medios para aumentar la eficacia del mecanismo de control instaurado por el Convenio y reducir la extensi�n de los procedimientos, al mismo tiempo que se mantiene el nivel actual de protecci�n de Derechos Humanos.

57. El protocolo N� 11 qued� as� sometido a la Cumbre de Jefes de Estados y de gobierno del Consejo de Europa, reunidos en Viena en octubre de 1993. Su redacci�n se concluy� a principios de 1994 y se abri� a la firma a partir de mayo de 1994.

58. El protocolo N� 11 qued� as� sometido a la Cumbre de Jefes de Estados y de gobierno del Consejo de Europa, reunidos en Viena en octubre de 1993. Su redacci�n se concluy� a principios de 1994 y se abri� a la firma a partir de mayo de 1994.

59. Los recursos llevados ante el Tribunal son primero sometidos a un comit� de tres jueces que puede declararlos improcedentes sin examen adicional. Si asi fuera, el recurso queda sometido a una sala de siete jueces que se pronuncia sobre la admisibilidad y la cuesti�n de fondo. 

60. - Las partes tienen la posibilidad, en casos excepcionales, de solicitar el reexamen del recurso por parte de una c�mara superior de 17 jueces, bajo reserva del acuerdo de un comit� de filtraje. La sala tambi�n puede inhibirse en beneficio de la sala superior incluso antes de haber pronunciado sentencia, si el recurso suscita una cuesti�n grave relativa a la interpretaci�n del Convenio o de sus protocolos o si la soluci�n de la cuesti�n puede llevar a una contradicci�n con una sentencia anterior del Tribunal.

61. -Las sentencias de la Sala o de la Sala Superior se remiten al Comit� de Ministros, que vela por su ejecuci�n, como ocurr�a en el antiguo sistema. Durante los tres a�os inciales de aplicaci�n del protocolo N� 11, los casos ante la Corte se incrementaron en forma extraordinaria: de 5,979 in 1998, a 13,858 in 2001, esto es, un crecimiento de un 130%. De aqu� que se aprobara el Protocolo No. 14, el 13 de mayo de 2004, con el fin de agilizar el trabajo de la Corte

62. A�n no vigente Se ha suscrito tambi�n un Protocolo adicional al Convenio para la protecci�n de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con las modificaciones introducidas por el protocolo n�mero 11, relativo a la reestructuraci�n de los mecanismos de control establecidos en el Convenio, hecho en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994 (�Bolet�n Oficial del Estado� N� 152, de 26 de junio de 1998)

63. 4. La Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos Establece el art�culo 16 de la Carta de la Organizaci�n de los Estados Americanos -OEA- lo siguiente: "Cada Estado tie�ne el derecho a desenvolver libre y espont�neamente su vida cultural, pol�tica y econ�mioa. En este libre desenvolvimiento d Estado respetar� los derechos de la persona humana y los prin�cipios de la moral universal".

64. En consecuencia, a diferencia de la Carta de las Naciones Unidas, donde la vaguedad del lenguaje ha dado origen a dife�rentes interpretaciones, la Carta de la OEA establece la obliga�ci�n internacional de respetar los derechos de la persona huma�na. Se dice que el Estado "respetar�" los derechos de la persona humana. Hay aqu� una exigencia expl�cita para el Estado.

65. En 1948, la OEA aprob� la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, muy similar a la Declaraci�n Universal de Naciones Unidas. Aprob� tambi�n la Carta Inter�americana de Garant�as Sociales.

66. La 5� Reuni�n de Consulta de Ministros de Relaciones Exte�riores, reunida en Santiago en 1959, cre� una Comisi�n Inter�americana de Derechos Humanos, compuesta de siete miembros, e instruy� al Consejo Interamericano de Jurisconsultos para que preparara una: Convenci�n Interamericana de Derechos Huma�nos y la creaci�n de una Corte Interamericana para la Protecci�n de los Derechos Humanos. El Estatuto de la Comisi�n fue apro�bado, en 1960, por el Consejo de la OEA y enmendado, en 1965, por la n Conferencia Interamerioana Extraordinaria, reunida en R�o de Janeiro.

67. La III Conferencia Interamericana Extraordinaria, reunida en Buenos Aires en 1967, que aprob� las reformas introducidas a la Carta de La OEA, [1] estableci� como �rgano de �sta a la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos. [1] Entraron en vigor en 1970.

68. El art�culo 112 de la Carta de la OEA dice: "Habr� una Comisi�n In�teramericana de Derechos Humanos que tendr� como funci�n principal, la de promover la observaci�n y la defensa de los de�rechos humanos y de servir como �rgano consultivo de la Orga�nizaci�n en esta materia". Agrega: "Una Convenci�n Interame�ricana sobre Derechos Humanos determinar� la estructura, com�petencia y procedimiento de dicha Comisi�n, as� como la de los otros �rganos encargados de esa materia".

69. En 1968, el Consejo de la OEA present� a los Estados miem�bros el Proyecto de Convenci�n preparado por la Comisi�n In�teramericana, el que fue aprobado como Convenci�n Americana de Derechos Humanos en una conferencia especializada de dere�chos humanos, reunida en Costa Rica, del 7 al 28 de noviembre de 1969. [1] Entr� en vigencia el 18 de julio de 1978 [1] Los siguientes Estados suscribieron la Convenci�n: Barbados, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Hait�, Honduras, Jamaica, M�xico, Nicaragua, Per�, Rep�blica Dominicana, Venezuela, y Panam�.

70. Esta Convenci�n protege veintis�is derechos y libertades, dieciocho de los cuales est�n incluidos en la Convenci�n Eu�ropea, ya analizada, y sus protocolos, y ocho han sido tomados del Convenio de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Pol�ticos.

71. De acuerdo con el art�culo 1� de la Convenci�n Americana: "Los Estados partes en esta Convenci�n se comprometen a res�petar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garanti�zar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n, sin discriminaci�n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi�n, opiniones pol�ticas o de cualquier otra �ndole, origen nacional o social, posici�n econ�mica, naci�miento o de cualquier condici�n social. .

72. ." Los Estados se com�prometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitu�cionales y a las disposiciones de esta Convenci�n, las medidas legislativas o de otro car�cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (art�culo 2�).

73. El Cap�tulo II se refiere a los derechos civiles y pol�ticos: derecho al reconocimiento de la personalidad jur�dica (art�culo 3�); derecho a la vida (art�culo 4�): toda persona tiene derecho a que se respete su vida (este derecho estar� protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepci�n; nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente; en los pa�ses que no han abolido la pena de muerte, �sta s�lo podr� imponerse por los delitos m�s graves , por sentencia ejecutoriada ; en ning�n caso se la puede aplicar por delitos pol�ticos ni comunes conexos con los pol�ticos; derecho a la integridad personal (ar�t�culo 5�):

74. nadie debe ser sometido a tortura, ni a penas o tra�tos crueles, inhumanos o degradantes; prohibici�n de la esclavi�tud y servidumbre (art�culo 6�); derecho a la libertad personal (art�culo 7�): toda persona tiene derecho a la libertad y a la se�guridad personales; nadie puede ser sometido a detenci�n o en�carcelamiento arbitrario, debiendo ser informado de las razones de su detenci�n y ser notificado, sin demora, del cargo o cargos formulados en su contra; debe ser llevado, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendr� derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable

75. Las garant�as judiciales est�n consignadas en el art�culo 8� y el art�culo 9� establece el principio de legalidad y de retroactividad. Otros derechos que caben destacarse son: el derecho a la indemnizaci�n (art�culo 10): toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial; protecci�n de la honra y de la dignidad (art�culo 11); libertad de conciencia y de religi�n (art�culo 12);

76. de pensamiento y de expresi�n (art�culo 13); de�recho de reuni�n (art�culo 15); libertad de asociaci�n (art�culo 16); protecci�n a la familia (art�culo 17); derecho a la naciona�lidad (art�culo 20); derecho a la propiedad privada (art�culo 21): toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, pudiendo la ley subordinar tal uso y goce al inter�s social; derecho de circulaci�n y de residencia (art�culo 22).

77. Entre los derechos pol�ticos, se enumeran los siguientes: el derecho de participar en la direcci�n de los asuntos p�blicos, di�rectamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones peri�dicas aut�nticas, reali�zadas por sufragio universal e igual y por voto secreto; tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones p�blicas de su pa�s.

78. Los derechos econ�micos, sociales y culturales fueron incorporados a la Carta de la OEA mediante el Protocolo de Buenos Aires, de 1967, que reform� la Carta. EIlos, en consecuencia, no se encuentran mencionados en la Convenci�n Americana, la que en su art�culo 26 s�lo consigna que los Estados se comprometen a adoptar providencias para lograr su plena efectividad

79. Las normas econ�micas est�n tratadas en la Carta de la OEA, en los art�culos 29 al 42; las normas sociales, en los art�culos 43 y 44, Y las normas sobre educaci�n, ciencia y cultura, en los art�culos 45 al 50. Entre las normas econ�micas se destacan: el compromiso de los Estados para lograr que impere la justicia social en el continente y para que sus pueblos alcancen un desarrollo econ�mico y arm�nico, como con�diciones indispensables para la paz y seguridad.

80. Para acelerar dicho desarrollo econ�mico y social. los Estados miem�bros convienen en dedicar sus m�ximos esfuerzos al logro de las siguien�tes metas: un incremento suhstancial y autosostenido del producto na�cional per c�pita; distribuci�n equitativa del ingreso nacional; sistemas impositivos adecuados y equitativos; modernizaci�n de la vida rural y reformas que conduzcan a reg�menes equitativos y eficaces de la tenen�cia de la tierra; industrializaci�n acelerada y diversificada; salarios jus�tos; erradicaci�n del analfabetismo; viviendas adecuadas para todos los sectores de la poblaci�n; promoci�n de la iniciativa y la inversi�n priva�das en armon�a con la acci�n del sector p�blico; expansi�n y diversifi�caci�n de las exportaciones.

81. La Convenci�n establece como competente para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromi�sos contra�dos por los Estados partes, a la Comisi�n Interame�ricana de Derechos Humanos, en adelante la Comisi�n, y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte.

82. 5.- Sistema Interamericano de Protecci�n de los Derechos HumanosLa Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos Como ya se ha dicho, la Quinta Reuni�n de Ministros de Relaciones Exteriores tiene lugar en Santiago, del 12 al 18 de agosto de 1959, y encomend� al Consejo Interamericano de Jurisconsultos elaborar un proyecto de Convenci�n sobre derechos humanos y crear una Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos

83. El origen de la Comisi�n no fue un tratado, sino una resoluci�n de uno de los �rganos de la OEA. Seg�n la Resoluci�n VIII de la Quinta Reuni�n de Consulta, la Comisi�n se compon�a de 7 miembros, elegidos a titulo personal, de ternas de candidatos presentados por los gobiernos al Consejo de la OEA Las personas elegidas deben ser de alta autoridad moral y de reconocida competencia en materia de derechos humanos. No pueden haber dos nacionales del mismo Estado y deber�an ser elegidos de acuerdo al principio de la representaci�n colectiva. Eran elegidos por 4 a�os y pod�an ser reelegidos.

84. La Comisi�n tendr�a las atribuciones que el Consejo le se�alara. As�, en 1960, el Consejo de la OEA aprob� su Estatuto y eligi� sus miembros. Se la concibi� como una entidad aut�noma de la OEA cuya funci�n se limitaba a promover entre los Estados Partes el respeto de los derechos humanos[1], consagrados en la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. No obstante lo limitado de sus atribuciones [2], despleg� una intensa actividad en defensa de los derechos humanos. [1] Id., p�g. 35 [2] No pod�a recibir y tramitar peticiones o comunicaciones individuales.

85. Su sede fue la de la Uni�n Panamericana en Washington D.C. pero se la facult� para sesionar en el territorio de cualquier Estado, si as� lo acordara la mayor�a absoluta de sus miembros, con el acuerdo del Estado a visitar. La Comisi�n estuvo facultada para preparar informes, los que han sido m�s de de 50 hasta la fecha: el primero sobre Cuba, en 1963, otro sobre la situaci�n de los derechos humanos en la c�rcel de Challapalca- Departamento de Tacna, Per�-, 2003, otro sobre la poblaci�n nicarag�ense de origen Mismito, 1983, etc. 

86. Ha preparado Informes especiales sobre la Situaci�n de la Mujer en las Am�ricas, 1998, La situaci�n de los derechos humanos de los ind�genas en las Am�ricas, 2000, un Informe sobre terrorismo y derechos humanos, 2002, etc

87. La interpretaci�n de las atribuciones hechas por la propia Comisi�n de su competencia. a) las comunicaciones individuales.- Al interpretar su Estatuto, la Comisi�n entendi� que su articulo 9 letra b) la autorizaba a formular recomendaciones generales a todos y a cada uno de los Estados miembros. As� inici� estudios sobre Cuba, Hait� y Rep�blica Dominicana, formul�ndoles recomendaciones[ Igualmente, comenz� a publicar informes sobre violaciones de derechos humanos en diversos pa�ses. 

88. . Estim�, asimismo, que era competente para conocer comunicaciones individuales denunciando violaciones a los derechos humanos, formular recomendaciones generales y elaborar informes.

89. Una reforma muy importante surgi� de la conferencia de R�o de Janeiro, de 1965, que fue sobre el procedimiento a seguir en caso de denuncias por violaciones de derechos humanos: se la consider� competente para conocer de las comunicaciones o reclamaciones por alegadas violaciones a los derechos humanos; para transmitir las partes pertinentes a los Estados interesados, solicit�ndoles la informaci�n correspondiente y recomendarles la adopci�n de medidas apropiadas y progresivas para la observancia de dichos derechos.

90. b) Observaciones �in loco�. Otras de las competencias desarrolladas por la propia Comisi�n, fue la sus inspecciones o visitas in loco. Ella consider� que estaba facultada para efectuar observaciones in loco o efectuar misiones observadoras i formular recomendaciones apropiadas a los gobiernos de los Estados miembros de la OEA.

91. El nuevo Estatuto de la Comisi�n, aprobado por la Asamblea General de la OEA, en La Paz, Bolivia, en octubre de 1979, en su art�culo 18 letra g) dispone que tiene facultad de practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia o invitaci�n del gobierno respectivo. Entre 1961 y 1974, la Comisi�n realiz� siete visitas in loco. Chile fue visitado del 22 de julio al 2 de agosto de 1974. Ha realizado 86 visitas hasta agosto de 2003 , visitas que considera indispensable para el desarrollo de sus tareas. 

92. Los Estados involucrados, si bien pueden negarles dichas visitas a la Comisi�n, para que practique una observaci�n in loco, tienen el deber de cumplir de buena fe con las obligaciones de la Carta de la OEA y con el deber de cooperar con las tareas de los �rganos del Sistema Interamericano. En la pr�ctica, se han hecho numerosos informes, pese a la negativa del estado a aceptar la visita in loco

93. Para estas visitas se designa una Comisi�n Especial El miembro nacional del Estado que se visita no puede participar. En el curso de la misma, se pueden recibir denuncias individuales, o investigar las denuncias individuales pendientes ante la Comisi�n.

94. En R�o de Janeiro, en la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, se le dio a la Comisi�n las atribuciones que ellas misma se hab�a asignado anteriormente, autoriz�ndola a enmendar su Estatuto aprobado en 1960. Se le encomend� una permanente supervigilancia de la vigencia de los derechos humanos en los Estados de la OEA y observar los derechos establecidos en la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

95. Se la autoriz� para examinar comunicaciones que se le sometieran y cualquier otra informaci�n disponible y para dirigirse a los gobiernos para requerir informaci�n que estimara pertinente y hacerles recomendaciones. Se le solicit� someter un Informe anual a la Conferencia Interamericana, hoy Asamblea General o a la Reuni�n de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores para examinar los progresos alcanzados en el continente en materia de derechos humanos. Estas nuevas atribuciones la incorpor� la Comisi�n a su Estatuto, en Ciudad de M�xico, en 1966.

96. Este nuevo procedimiento se�al�: a) el deber de la Comisi�n de verificar el agotamiento de los recursos internos; b) un plazo de seis meses para presentar la queja ante la Comisi�n, contados desde la �ltima resoluci�n interna , o desde que el peticionario haya llegado a la conclusi�n que sus recursos internos han sido arbitrariamente obstaculizados o que la decisi�n final ha sido indebidamente retardada;

97. c) establecimiento de un lapso de 180 d�as contados a partir del momento en que la denuncia ha sido comunicada al gobierno involucrado, para que �ste proporcione la informaci�n pertinente, , permitiendo asumir la veracidad de los hechos denunciados si el gobierno no proporciona la informaci�n en el plazo estipulado; d) la preparaci�n por la Comisi�n de un Informe sobre el caso, con las recomendaciones apropiadas para el gobierno del Estado involucrado, si se confirma la existencia de la violaci�n de los derechos humanos:

98. : c) establecimiento de un lapso de 180 d�as contados a partir del momento en que la denuncia ha sido comunicada al gobierno involucrado, para que �ste proporcione la informaci�n pertinente, , permitiendo asumir la veracidad de los hechos denunciados si el gobierno no proporciona la informaci�n en el plazo estipulado; d) la preparaci�n por la Comisi�n de un Informe sobre el caso, con las recomendaciones apropiadas para el gobierno del Estado involucrado, si se confirma la existencia de la violaci�n de los derechos humanos

99. La Comisi�n aplica el mismo procedimiento a las comunicaciones que denuncien represalias en contra de las personas que hayan firmado comunicaciones dirigidas a la Comisi�n o en contra de cualquier persona mencionada como v�ctima en tales comunicaciones.

100. Ser� el Protocolo de Buenos Aires, suscrito el 27 de febrero de 1967 y en vigor el 27 de febrero de 1970, que enmend� la Carta de la OEA, el que fortaleci� las bases jur�dicas de la Comisi�n incorpor�ndola al texto de la Carta y design�ndola como un �rgano principal de la Organizaci�n [1], cuya funci�n principal ser� � promover la observancia y protecci�n de, los derechos humanos y servir como �rgano consultivo de la Organizaci�n�[2] [1] Art�culo 51 de la Carta de la OEA [2] Art�culo 112 de la Carta de la OEA.

101. La estructura y competencia de la Comisi�n, as� como sus procedimientos ser�n determinados por la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jos� de Costa Rica, suscrita el 21 de noviembre de 1969. Esta Convenci�n incorpor� como �rgano a la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos y cre� una Corte Interamericana de Derechos Humanos.

102. El Pre�mbulo de la Convenci�n establece que la protecci�n ofrecida por �sta tiene un car�cter coadyuvante o complementario de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos. O sea, los �rganos de la Convenci�n no tienen la supremac�a sobre los recursos de la jurisdicci�n interna, s�lo la complementan. Para que entren en operaci�n es indispensable que el derecho interno haya sido incapaz de proporcionar un remedio apropiado y oportuno a las v�ctimas de la violaci�n de los derechos humanos

103. De acuerdo con el art�culo 41 de la Convenci�n, la Comisi�n tiene las siguientes funciones y atribuciones: a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de Am�rica; b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;

104. c) preparar los estudios o informes que considere convenientes para el desempe�o de sus funciones; d) solicitar a los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;

105. e) atender las consultas que, por medio de la Secretar�a General de la Organizaci�n de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, prestarles el asesoramiento que �stos le soliciten; f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 44 a 51 de la Convenci�n; y g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organizaci�n de los estados Americanos.

106. Por su parte, el art�culo 42 le encomienda a la Comisi�n porque se promuevan los derechos derivados de las normas econ�micas, sociales y sobre educaci�n, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA. Adem�s, se�ala a los Estados partes la obligaci�n de remitir a la Comisi�n copias de los informes y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Econ�mico y Social y al Consejo Interamericano para la Educaci�n, la Ciencia y la Cultura.

107. peticiones o comunicaciones que contengan denuncias de violaciones de la Convenci�n por alg�n Estado parte, la Comisi�n ejerce funciones jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, ya que suponen un examen de la situaci�n planteada por el peticionario, confiri�ndole las mismas oportunidades procesales tanto al denunciante como al Estado denunciado y requieren de un pronunciamiento de la Comisi�n sobre la base del derecho, con miras a la soluci�n del caso que se le ha sometido. La Comisi�n ser�a as�, un �rgano cuasi judicial llamada a participar en los procedimientos ante la Corte

108. La Convenci�n ha reservado a la Comisi�n la fase inicial de la investigaci�n de los hechos denunciados, adem�s de ser el �rgano ante el cual el Estado afectado suministra las informaciones y alegatos que estime convenientes. Es, adem�s, el �rgano competente para recibir denuncias individuales, que pondr�n en marcha el sistema de protecci�n de los derechos humanos.

109. En un procedimiento inquisitivo, la Comisi�n debe o�r a las partes e investigar los hechos, todo lo cual se encuentra regulado por la Convenci�n, su Estatuto y su Reglamento, no dejando margen para la discrecionalidad . Asimismo, la calificaci�n de los hechos que debe hacer la Comisi�n, al momento de formular sus conclusiones, est� sometida a las normas de la Convenci�n.

110. Su competencia var�a en cuanto act�a como �rgano de la OEA respecto de los Estados miembros de �sta [1]o en cuanto �rgano de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, en cuyo caso su competencia lo es s�lo con los Estados ratificantes de la Convenci�n. Esta le permite, adem�s, actuar como �rgano de conciliaci�n e inscluso, solicitar un pronunciamiento jur�dico de la Corte Interamericana de Derechos Humano [1] El contenido de los derechos protegidos est� regulado por la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

111. La Comisi�n tiene funci�n consultiva y asesora (art�culo 41 letra e) de la Convenci�n y que el art�culo 18 del Estatuto reitera respecto de todos los Estados miembros de la OEA) Originariamente, la Comisi�n era cuerpo consultivo de la OEA en materia de derechos humanos. Con la vigencia de la Convenci�n, esta funci�n consultiva se ha ampliado en lo que se refiere a quienes pueden formularles consultas, como en cuanto al contenido de ellas.

112. Su orientaci�n es hacia la asesor�a que proporciona en el desarrollo de los derechos humanos, especialmente en la elaboraci�n de tratados, ej. El Protocolo de San Salvador, relativo a derechos econ�micos, sociales y culturales, en la Convenci�n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, etc

113. En resumen, su competencia se refiere: a) la consideraci�n de peticiones individuales denunciando la violaci�n de alguno de los derechos protegidos; b) preparaci�n y publicaci�n de Informes sobre la situaci�n de los derechos humanos en un pa�s determinado; y c) actividades orientadas a la protecci�n de los derechos humanos, tales como labores de asesor�a a determinados Estados, o preparaci�n de proyectos de tratados para una mayor protecci�n a los derechos humanos.

114. Competencia contenciosa.- Los mecanismo de control comprenden un sistema de peticiones individuales y un sistema de comunicaciones estatales. En cuanto a estas �ltimas hay una ruptura con las reglas del amparo diplom�tico, ya que un Estado puede denunciar a otro por violaci�n de los derechos humanos de sus propios nacionales. No existe un v�nculo de nacionalidad entre el denunciante y la v�ctima.

115. En relaci�n al primer mecanismo, el individuo puede recurrir a una instancia internacional directamente, si mediaci�n de un Estado, probando as� su car�cter de sujeto de Derecho internacional. El art�culo 44 de la Convenci�n dispone que cualquier persona o grupo de personas o cualquier entidad no gubernamental puede presentar peticiones que contengan denuncias o quejas de violaci�n de la Convenci�n por parte de alguno de los estados partes.

116. . El art.20 letra b) del Estatuto de la Comisi�n le confiere atribuciones para �examinar� las comunicaciones que le sean dirigidas. La Convenci�n Europea consagraba el derecho de petici�n individual como procedimiento opcional o facultativo que exig�a una declaraci�n expresa del Estado. Con la entrada en vigor del Protocolo N� 11, de fecha 1� de noviembre de 1998, los individuos recurren autom�ticamente ahora a la Corte[1] La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, no lo contempla. [1] Unico �rgano del sistema europeo, que suprimi� a la Comisi�n.

117. En relaci�n a las comunicaciones de los Estados, est� contemplada en el art.45 de la Convenci�n, que establece que cada Estado, al depositar su instrumento de ratificaci�n o de adhesi�n a la Convenci�n, puede declarar que reconoce la competencia de la Comisi�n para recibir y examinar las comunicaciones que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos reconocidos por la Convenci�n. La Convenci�n Europea contempla, en cambio, autom�ticamente, la procedencia de este sistema de quejas o denuncias estatales.. Para la Convenci�n Americana en cambio, es opcional

118. Opera en este caso la reciprocidad, esto es, las denuncias s�lo las puede hacer un Estado que ha aceptado la competencia de la Comisi�n contra otro que haya hecho una declaraci�n similar. Las declaraciones sobre reconocimiento de la competencia de la Comisi�n puede hacerse para que rijan por tiempo indefinido ilimitado

119. Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Per�, Uruguay y Venezuela han aceptado la competencia de la Corte. Argentina y Colombia, la han aceptado por tiempo indefinido, bajo reciprocidad, sin hacer referencia al art�culo 45, sin mencionar el derecho de otros Estados a someter comunicaciones a la Comisi�n por violaci�n de los derechos consagrados en la Convenci�n.Los art�culos 48 a 50 se refieren al procedimiento que se sigue por igual, sea en las peticiones individuales, sea en las comunicaciones estatales. [

120. Las siguientes son las etapas iniciales comunes: a) una primera etapa en que la Comisi�n debe establecer su competencia para conocer del caso sometido; b) la fase de la admisibilidad; c) el establecimiento de los hechos; d) la mediaci�n y el esfuerzo de la Comisi�n para procurar un arreglo amigable (art�culo 48.1.f); e) la decisi�n de la Comisi�n, mediante la elaboraci�n del informe respectivo, con sus conclusiones y recomendaciones (art�culo 50).

121. Competencia de la Comisi�n. Deber� examinar: la naturaleza de la persona que interviene, sea como denunciante, sea como denunciado; la materia objeto de la petici�n o comunicaci�n; el lugar de los hechos; el momento en que se cometi� la violaci�n En cuanto a la persona, la Comisi�n, el denunciado debe ser un Estado parte, o un Estado miembro de la OEA. En ciertos casos la Comisi�n ha recibido violaciones por parte de grupos armados irregulares: operaban en Nicaragua, neg�ndose a considerarlos por no tratarse de gobiernos.

122. En cuanto a la petici�n individual, la puede presentar cualquier persona o grupo de personas, no necesariamente la v�ctima. En el caso Ivcher Bronstein, la denuncia fue hecha por un congresista peruano, luego por el Decano del Colegio de Abogados, s�lo al final lo hizo la v�ctima. No es necesario que exista v�nculo entre el peticionario y la presunta v�ctima

123. La petici�n se puede referir a la violaci�n de alguno de los derechos reconocidos por: La Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre La Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos �Pacto de San Jos� de Costa Rica� El Protocolo Adicional a la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Econ�micos, Sociales y Cultural �Protocolo de Sal Salvador� El Protocolo a la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolici�n de la Pena de Muerte

124. La Convenci�n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura La Convenci�n Interamericana sobre Desaparici�n Forzada de Personas y La Convenci�n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. El peticionario puede designar a un abogado u otra persona para que lo represente ante la Comisi�n.

125. Siendo siempre la v�ctima una persona f�sica, tambi�n puede presentar una denuncia una entidad no gubernamental, siempre que est� reconocida en uno o m�s Estados miembros de la OEA [1] , peticiones que puede formular en su propio nombre o en el de terceras personas [1] No se requiere que sea en un Estado parte de la Convenci�n

126. En el evento de no estar reconocida la organizaci�n, se la acepta puesto que la petici�n, en todo caso, proviene de un grupo de personas. As� se determin� en el caso Castillo Petruzzi y otros[1], en que Chile aleg� que la peticionaria no estaba registrada en Chile (La Fundaci�n de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC). La Comisi�n ha asimilado a organizaciones no gubernamentales a las personas jur�dicas de car�cter privado, como las empresas. Ha excluido a entidades estatales de denuncias contra su propio Estado [1] Sentencia del 4 de septiembre de 1998

127. De acuerdo a su propio Reglamento- art�culo 24-, la Comisi�n puede actuar motu propio contra un Estado violador si, por ejemplo, conoce de su comportamiento por noticias en la prensa [1] Competencia respecto de la presunta v�ctima.- No es indispensable la existencia de un v�nculo efectivo entre el peticionario y la v�ctima, como ya lo se�alamos. La v�ctima debe ser una persona f�sica.( ver Pre�mbulo y art�culo1� p.1 y 2) Persona es todo ser humano. Se protege a las personas naturales, no a las jur�dicas.[2], que no pueden ser v�ctimas de una violaci�n de sus derechos humanos [1] Situaci�n no utilizada hasta la fecha. [2] El Protocolo 1 Adicional a la Convenci�n Europea s� las protege

128. Caso diferente ser�a si un perjuicio causado a una persona jur�dica redunda en una violaci�n de los derechos humanos de una persona natural; si se disuelve a un sindicato, neg�ndose as� el derecho de asociaci�n de sus miembros, quienes podr�an ejercer el derecho de petici�n

129. Competencia rationae materia.- Se hace una distinci�n entre el art�culo 44, referida a la petici�n individual y el art. 45, que se refiere a las comunicaciones estatales. El primero parece referirse a cualquier violaci�n de la Convenci�n,- no cumplir de buena fe con las obligaciones voluntariamente contra�das en la fase de la conciliaci�n art�culo 48 N� 1 letra f) de la Convenci�n

130. ; o la violaci�n del art�culo 2 de la Convenci�n al no adoptar el Estado parte las disposiciones de derecho interno indispensables para hacer efectivos los derechos y libertades consagradas en la Convenci�n; o la violaci�n del art�culo 29 letra b) de la Convenci�n, al interpretarla de manera de limitar el goce y ejercicio de los derechos que pueden ser reconocidos en el derecho interno. El texto del art�culo 44 de la Convenci�n incluye la posibilidad de que cualquier persona pueda denunciar la violaci�n del ar.27 de la Convenci�n por parte de un Estado que haya suspendido las obligaciones contra�das en forma distinta a los previstos en la Convenci�n.

131. La Comisi�n ha dado una interpretaci�n restrictiva del art�culo 44 al establecer en su Reglamento Condici�n para considerar la petici�n que solamente tomar� en consideraci�n peticiones sobre presuntas violaciones de derechos humanos consagrados en la Convenci�n y otros instrumentos aplicables

132. El 45 hace referencia �nicamente a la violaci�n de los derechos humanos de la Convenci�n. La competencia en raz�n de la materia requiere que la petici�n o comunicaci�n se refiera a la violaci�n de alg�n derecho protegido por la Convenci�n u otro instrumento internacional aplicable, respecto del cual el Estado no haya hecho reserva y en relaci�n a los Estados miembros de la OEA que no han ratificado la Convenci�n, a un derecho reconocido en la Declaraci�n Americana de Derechos y deberes del Hombre

133. La Comisi�n en el caso las Palmeras, resolvi� no tener competencia ni ella ni la Corte para decidir si un acto de las fuerzas armadas de Colombia era o no contrario a los Convenios de Ginebra de 1949 o a otros tratados distintos de la Convenci�n, arguyendo que �sta s�lo ha atribuido competencia a la Corte para determinar la compatibilidad de los actos o normas de los Estados con la propia Convenci�n, no con los Convenios de Ginebra

134. Respecto a los derechos econ�micos, sociales y culturales, la doctrina dice que son derechos de realizaci�n progresiva , por lo que no son juasticiables, por lo tanto, no est�n sometidos a control o supervisi�n. Otros sostienen que est�n reconocidos por el art�culom, 26 de la Convenci�n y hay que tener en cuenta el art�culo 29 letra a).

135. Competencia rationae loci.- Si bien no hay disposici�n expresa, la competencia de la Comisi�n debe quedar establecida seg�n el lugar en que puede haberse cometido la supuesta violaci�n de, los derechos consagrados en la Convenci�n. De acuerdo al art�culo 1 los Estados partes en la Convenci�n se comprometen a respetar los derechos reconocidos en ella

136. y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sometida a su jurisdicci�n. Las peticiones o comunicaciones por violaciones de derecho fuera de su jurisdicci�n ser�an inadmisibles por estar fuera de su competencia: actividades terroristas de un Estado en el territorio de otro Estado

137. La condici�n de v�ctima sujeta a la jurisdicci�n de un Estado debe cumplirse al momento de producirse la violaci�n. La Comisi�n rechaz� el argumento de Costa Rica de que el periodista Stephen Smith ya no resid�a en Costa Rica. La Comisi�n desestim� la alegaci�n por cuanto Smith estaba en Costa Rica al momento de la violaci�n de sus derechos.

138. Competencia ratione temporis. - La Convenci�n no se aplica retroactivamente por hechos anteriores a su vigencia o anteriores a la ratificaci�n del Estado [1]. Esta �ltima situaci�n la aleg� Argentina y fue atendida por la Comisi�n. Diferente situaci�n es si la violaci�n anterior contin�a despu�s de su entrada en vigor para el Estado denunciado: por ej, un proceso extendido m�s all� de un tiempo razonable o una detenci�n ilegal o violaciones ocurridas antes pero amparadas por leyes de amnist�a, si favorecen abusos previos o constituyen denegaci�n de justicia. Por esta situaci�n fueron denunciados Chile, Argentina y Uruguay [1] Ver caso Almonacid, de 2006

139. En un caso de denuncia contra Chile, por la amnist�a decretada por el gobierno militar que, seg�n la Comisi�n favorec�a a los part�cipes de los planes gubernamentales del r�gimen militar, dijo la Comisi�n: � La autoamnist�a fue un procedimiento general por el cual el Estado renunci� a sancionar ciertos delitos graves. Adem�s, el decreto, de la manera como fue aplicado por los tribunales chilenos, impidi� no solamente la posibilidad de sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino tambi�n asegur� que ninguna acusaci�n fuera hecha y que no se conocieran los nombres de los responsables ( beneficiarios) de forma que, legalmente, �stos han sido considerados como si no hubieran cometido acto ilegal alguno.

140. La ley de amnist�a dio lugar a unas ineficacia jur�dica de los delitos y dej� a las v�ctimas y a sus familias sin ning�n recurso judicial a trav�s del cual se pudiese identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura militar, e imponerles los castigos correspondientes

141. En un tema relacionado, la prescripci�n de la acci�n civil [1], cabe precisar que de acuerdo a los art�culos 1.1 y 63.1 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, cuando ha habido una violaci�n a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligaci�n de reparar con el pago de una justa indemnizaci�n a la parte lesionada. [1] Ver fallos Corte de Apelaciones de Santiago , Rol N� 11.821-2003 y Rol 37.483 � 2004.

142. . A juicio de la Corte Interamericana, el art�culo 63.1 de la Convenci�n �constituye una norma consuetudinaria que es, adem�s, uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes tal como lo han reconocido esta Corte (...) y la jurisprudencia de otros tribunales (...)� (Caso Aloeboetoe y otros de 1993; ver caso Almanacid, de 2006.

143. En un fallo del 2002, aplicando este criterio se�ala la Corte Interamericana: �Tal como ha indicado la Corte, el art�culo 63.1 de la Convenci�n Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contempor�neo sobre la responsabilidad de los Estados.

144. De esta manera, al producirse un hecho il�cito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de �ste por la violaci�n de una norma internacional, con el consecuente deber de reparaci�n y de hacer cesar las consecuencias de la violaci�n�. (caso Trujillo Oroza, de 2002. En el mismo sentido: caso Cantoral Benavides, de 2001; caso Cesti Hurtado, de 2001; caso Villagr�n Morales y otros, de 2001; caso B�maca Vel�squez, de 2002).

145. En otras sentencias la misma Corte ha manifestado: �Es un principio de Derecho Internacional, que la jurisprudencia ha considerado �incluso una concepci�n general de derecho�, que toda violaci�n a una obligaci�n internacional que haya producido un da�o comporta el deber de repararlo adecuadamente�. (caso Vel�squez Rodr�guez, de 1989. En el mismo sentido caso God�nez Cruz, de 1989. Asimismo la Corte cita fallos de otros tribunales en que se ha sostenido la misma doctrina, dictados los a�os 1927, 1928 y 1949).

146. La Corte tambi�n ha aclarado que el art�culo 63.1 de la Convenci�n no se remite al derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de manera que la obligaci�n �no se establece en funci�n de los defectos, imperfecciones o insuficiencia del derecho nacional, sino con independencia del mismo�. (caso Vel�squez Rodr�guez).

147. De otra parte, se ha se�alado que esta responsabilidad estatal surge sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente, lo cual resulta l�gico ya que indudablemente una violaci�n de derechos humanos, por su naturaleza, supone dolo o al menos culpa estatal. En este sentido refiere el juez Cancado Trindade:

148. �En mi entender, la responsabilidad internacional del Estado se compromete a partir del momento en que deja �l de cumplir una obligaci�n internacional, independientemente de la verificaci�n de falla o culpa de su parte, y de la ocurrencia de un da�o adicional. M�s que una presunta actitud o falla psicol�gica de los agentes del poder p�blico, lo que realmente es determinante es la conducta objetiva del Estado (la debida diligencia para evitar violaciones de los derechos humanos).

149. Se puede, as�, ciertamente llegar a la configuraci�n de la responsabilidad objetiva o �absoluta� del Estado a partir de la violaci�n de sus obligaciones internacionales convencionales en materia de protecci�n de los derechos humanos. Sobre dicha responsabilidad objetiva reposa el deber de prevenci�n�. (Voto del Juez A Cancado. Caso El Amparo).

150. Por otra parte, la denuncia de la Convenci�n por parte de un Estado pone t�rmino a la competencia de la Comisi�n para recibir peticiones o comunicaciones sobre violaci�n de los derechos humanos en ese Estado. Sin embargo, de acuerdo al art�culo 78 de la Convenci�n, la denuncia surtir� efecto despu�s del plazo de 5 a�os de entrada en vigor de la Convenci�n-el 18 de julio de 1978-, y luego de un pre-aviso de un a�o al Secretario General de la OEA

151. La denuncia no releva al Estado de sus obligaciones respecto de actos que han ocurrido antes de la entrada en vigor de la denuncia La Comisi�n retiene su competencia. En el caso de Trinidad y Tobago, la Comisi�n introdujo ante la Corte las demandas en los casos Constantine y otros vs. Trinidad y Tobago y Benjam�n y otros v. Trinidad y Tobago , el 22 de febrero de 2000 y el 5 de octubre de 2000, respectivamente 

152. Condiciones y requisitos de admisibilidad de las peticiones. Introducida una petici�n ante la Comisi�n, la Secretar�a la registra y se inicia el procedimiento regulado por los art�culos 46 y siguientes de la Convenci�n,

153. Establecida la competencia de la Comisi�n para conocer de la petici�n o comunicaci�n, �sta las examinar� para establecer si re�ne los requisitos y condiciones de admisibilidad para ser examinada: art�culos 46 y 47. El 46 se refiere a los requisitos formales de admisibilidad y el 47 a las condiciones substantivas de admisibilidad de las peticiones, con excepci�n de su letra a) que apunta a la ausencia de alguno de los requisitos establecidos en el art�culo 46.

154. Seg�n el art�culo 47 letra c) de la Convenci�n, una de las causales de inadmisibilidad es que la petici�n o comunicaci�n sea manifiestamente infundada [1]. Adem�s de estos dos art�culos, los requisitos los se�ala el art�culo 28 del Reglamento de la Comisi�n, que se�ala que las peticiones dirigidas a la Comisi�n, deber�n contener: a) el nombre, nacionalidad y firma de la persona o personas denunciantes o, si el peticionario es una entidad no gubernamental, el nombre y la firma de su representante legal; 

155. b) si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado; c) la direcci�n para recibir correspondencia de la Comisi�n y, en su cado, n�mero de tel�fono, y direcci�n de correo electr�nico; d) una relaci�n del hecho o situaci�n denunciada, con especificaci�n del lugar y fecha de las violaciones alegadas; e) de ser posible, el nombre de la v�ctima, as� como de cualquier autoridad p�blica que haya tomado conocimiento del hecho o situaci�n denunciada

156. ; f) indicaci�n del Estado que el peticionario estima responsable, por acci�n u omisi�n, de la violaci�n de alguno de los derechos humanos consagrados en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, aunque no se haga una referencia espec�fica al art�culo presuntamente violado; g) el cumplimiento con el plazo previsto en el art�culo 32 del Reglamento; h) las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicci�n interna o la imposibilidad de hacerlo, conforme al art�culo 31 del Reglamento; 

157. e i) la indicaci�n si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo internacional , conforme al art�culo 33 del Reglamento Cuando se observe que la petici�n es incompleta, se le debe notificar al peticionario solicit�ndole que complete los requisitos omitidos en la petici�n

158. No obstante haber declarado admisible una petici�n o comunicaci�n, la Comisi�n puede, excepcionalmente, declararla improcedente o inadmisible sobre la base de informaciones o pruebas sobrevivientes [1], o debido a una reconsideraci�n posterior de los hechos. [1] Art�culo 48 N�1 letra c de la Convenci�n

159. Los requisitos de forma.- Las peticiones deben someterse por escrito[ Excepcionalmente la Comisi�n ha recibido peticiones orales en el curso de sus investigaciones in loco. Incluso ha recibido peticiones telef�nicas. Hay un Formulario Modelo de la Comisi�n para efectuar las peticiones. El denunciante no requerir� de abogado, sin perjuicio de su derecho a designar alguno para que lo represente o asista ante la Comisi�n. El Modelo requiere, adem�s de las exigencias se�aladas m�s arriba, que se indique la edad del denunciante, su estado civil, su documento de identificaci�n. 

160. En el caso Caballero Delgado y Santana la Comisi�n decidi� motu proprio , antes de recibir una comunicaci�n formal, sobre la base de una solicitud urgente confiable, transmiti� luego la denuncia al gobierno colombiano y le solicit� la adopci�n de medidas excepcionales para proteger la vida de las victimas

161. La comunicaci�n escrita exige la individualizaci�n del peticionario a fin de evitar las denuncias an�nimas. Pero, y a fin de evitar posibles represalias del Estado denunciado, al transmitirle la comunicaci�n se omitir� la identidad del peticionario.

162. Identificaci�n de la v�ctima.- Toda petici�n se sustenta en la existencia de una v�ctima concreta, aunque no est� identificada.[1] Puede s�, la Comisi�n, mantener en reserva la identidad de la v�ctima. [1] Excepciones preliminares. Sentenciadle 21 de enero de 1991.

163. Violaci�n de la Convenci�n Americana mediante ley interna.- La jurisprudencia de la Comisi�n . Un norma legal interna de un estado puede por si sola constituir una violaci�n de la Convenci�n Americana. El hecho de que se trate de leyes internas y que se hayan adoptados de acuerdo con la Constituci�n nada significa si ellas han violado los derechos o libertades protegidos por la Convenci�n. Ello implica determinar si la ley interna resulta violatoria de las obligaciones contra�das por el Estado en virtud de un tratado.

164. En el caso Barrios Altos, la Corte se�al� que la adopci�n de leyes de autoamnist�a , incompatibles con la Convenci�n Americana, incumpli� la obligaci�n de adecuar el derecho interno consagrado en el art�culo 2. Las leyes de autoamnist�a violan los art�culos 8 y 25 de la Convenci�n, en concordancia con los art�culos 1.1 y 2 de la Convenci�n.

165. La autoamnist�a conduce a la indefensi�n de la v�ctima y a la impunidad de los transgresores de los derechos humanos. Constituyen violaciones de jure de los derechos de las persona humana. En el caso La Ultima Tentaci�n de Cristo ( Olmedo Bustos y otros), la Corte se�al� que el deber del estado, establecido en el art�culo 2 de la Convenci�n establece la obligaci�n general de cada Estado parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la Convenci�n a fin de garantizar los derechos consagrados en �sta.[1] [1] Sentencia del 5 de febrero de 2001, p�r. 87

166. La protecci�n de intereses colectivos o difusos.- Si se requiere que en la petici�n se individualicen v�ctimas concretas, pareciera que se descarta una acci�n en nombre de un grupo indeterminado de personas. Pero el derecho a la vida, que es un derecho individual, puede amenazar a un grupo: ej. Genocidio, o persecuciones por razones pol�ticas.

167. Aunque resulta dif�cil la identificaci�n, la Comisi�n ha aceptado una petici�n a favor de un grupo indeterminado de personas: as� recurri� a la Corte solicitando medidas provisionales a favor de personas haitianas y dominicanas de origen haitiano sujetas a la jurisdicci�n de Rep�blica Dominicana que corr�an el riesgo de ser expulsadas o deportadas colectivamente

168. Condiciones de admisibilidad de la petici�n. 1.- El agotamiento de los recursos internos.( art�culo 46 N�1 letra a) Esto implica la obligaci�n de los Estados partes de la Convenci�n de suministrar recursos judiciales efectivos a las v�ctimas ( art�culo 25 de la Convenci�n). As� en el caso Cinco Pensionistas v. Per�, la Corte constat� que durante casi ocho a�os el Estado no hab�a ejecutado las sentencias dictadas por sus propios tribunales

169. Dijo que este hecho constitu�a la violaci�n del derecho a un recurso r�pido y efectivo. El sistema jur�dico del pa�s debe garantizar a los nacionales una pronta reparaci�n del derecho cuya violaci�n se alega. Si, una vez interpuestos los recursos disponibles ni hay una decisi�n de las autoridades judiciales, se produce una denegaci�n de justicia, lo que ha llevado a la Corte a considerar agotados los recursos.

170. Esta exigencia del agotamiento de los recursos se entiende ya que la jurisdicci�n internacional es coadyuvante o complementaria de la interna y la competencia de la Comisi�n es subsidiaria El momento cr�tico. Se ha entendido que el agotamiento de los recursos no se requiere que se produzca antes de presentarse la petici�n, sino que antes que la Comisi�n decida admitir la petici�n. [1]caso Castillo Petruzzi y otros: 4 de septiembre de 1998 [1] Caso Castillo Petruzzi y otros: 4 de septiembre de 1998

171. En el caso Comunidad Mayagna ( Sumo)Awas Tingni v. Nicaragua estaba en tr�mite ante la Comisi�n y los peticionarios interpusieron un recurso de amparo y luego la ejecuci�n de una sentencia anterior. El Estado sostuvo que la petici�n fuera declarada inadmisible ya que no estaban agotados los recursos internos. Cuando el Estado sostuvo esta argumentaci�n, hab�a transcurrido casi un mes sin resolverse el recurso de amparo y la sentencia Hab�a sido dictada un a�o atr�s. La Corte desestim� el alegato del Estado

172. Se ha discutido si esta exigencia de agotamiento de los recursos es un requisito o condici�n de admisibilidad del recurso o es un derecho que puede ser denunciado por el Estado. En el caso Viviana Gallardo y otras, Costa Rica someti� directamente a la Corte, renunciando expresamente a esta condici�n [1]. La Corte consider� que ella estaba concebida en beneficio del Estado. [1] 13 de noviembre de 1981

173. Si el Estado no lo alega por negligencia en la Fase de la admisibilidad de la petici�n o comunicaci�n, se entiende que t�citamente est� admitiendo la inexistencia de tales recursos o su agotamiento. Caracter�sticas de los recursos que hay que agotar Son los que corresponden a una autoridad judicial, no las peticiones o gestiones ante autoridades administrativas, como se argument� por el Estado en el caso Loayza Tamayo .

174. Los recursos deben ser adecuados, es decir, que sea eficaces y suficientes. El gobierno argentino se�al� que la v�ctima dispon�a a�n del recurso de revisi�n La Comisi�n observ� que no atend�a a la nulidad del proceso por el cual se lleg� a la condena. Si el recurso no es id�neo, no hay que agotarlo. As�, en el caso de la desaparici�n forzada de personas, el recurso id�neo es el de h�beas corpus para hallar a la persona, no as� la declaraci�n de muerte presunta que no satisfac�a el resultado que se buscaba

175. Respecto de una persona privada de libertad, la Comisi�n sostuvo que no hubo recursos id�neos a interponerse, ya que exist�an dos decretos leyes que prohib�an el ejercicio de h�beas corpus para los procesados por delitos de terrorismo o traici�n a la patria[1] Recursos efectivos. Es decir que sean capaces de producir el resultado para e4l cual fueron concebidos. No lo son si no obligan a las autoridades, si no se les aplica imparcialmente, si son peligrosos para los afectados, etc. [1] Caso Cantoral Benavides. Excepciones preliminares: sentencia del 3 de septiembre de 1998

176. Por otra parte el agotamiento de los recursos tiene las excepciones se�aladas en el art�culo 46 p�r.2, esto es, esta exigencia no tiene lugar: a) si en la legislaci�n interna del Estado no existe el debido proceso legal para la protecci�n de los derechos violados; b) si no se ha permitido al lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicci�n interna o se le ha impedido agotarlos; c) si hay retardo injustificado en la decisi�n sobre los recursos

177. Como se est� en presencia de requisitos de admisibilidad de la queja o denuncia ante la Comisi�n, en principio corresponde a �sta pronunciarse sobre si se han agotado o no los recursos Algunos sostienen que se est� en presencia de una interpretaci�n o aplicaci�n de la Convenci�n, por lo que cae dentro de la competencia contenciosa de la Corte, que lo resolver� como una excepci�n preliminar o la dejar� junto a la decisi�n del fondo de la controversia.

178. Oportunidad de la petici�n.- La petici�n o comunicaci�n para ser admitida debe ser sometida a la Comisi�n dentro del plazo de seis meses ( art�culo 46 p�r.1 letra b)., contados desde que la persona lesionada en sus derechos haya sido notificada de la decisi�n definitiva, que agota sus recursos.

179. Ausencia de litis pendencia. Para evitar demandas en otras instancias internacionales, el art�culo 46 p�r 1 letra c) se�ala que para que sea admitida una petici�n o comunicaci�n, ella no debe estar pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional. Lo mismo el art�culo 33 indica que la Comisi�n no considerar� una petici�n si la materia contenida en ella se encuentra pendiente de arreglo ante un organismo internacional gubernamental que sea parte el Estado en cuesti�n.

180. La ausencia de cosa juzgada.- La petici�n o comunicaci�n puede ser declarada inadmisible si se comprueba que ella es substancialmente la misma que una anterior examinada por la propia Comisi�n, ya examinada por la Comisi�n o por otro organismo internacional. Procedencia y fundamento de la petici�n. De acuerdo al art.47 letra c) la petici�n o comunicaci�n ser� declarada inadmisible si de la exposici�n del peticionario o de la respuesta del estado, resulta que ella es manifiestamente infundada o es evidente su total improcedencia.

181. As�, en la caso Viviana Gallardo y otras, se desprendi� que Costa Rica hab�a sancionado con todo rigor al responsable de los hechos denunciados: sentencias dictadas contra el autor de los delitos de homicidio y lesiones. Declar� improcedente la petici�n

182. Pronunciamiento sobre admisibilidad. El art�culo 47 dispone que la Comisi�n declarar� inadmisible toda petici�n o comunicaci�n o petici�n que no re�na los requisitos exigidos, por lo que no se exige la declaraci�n de admisibilidad . La exigencia de �sta no se se�ala. Pero si un estado suscita una cuesti�n de inadmisibilidad, la Comisi�n deber� pronunciarse sea para declararla o para considerarla admisible.

183. Ultimamente se ha inclinado a adoptar una decisi�n preliminar sobre admisibilidad. Seg�n lo previene el art�culo 37 N� 3 del Reglamento, en circunstancias excepcionales, luego de solicitar informaci�n a las partes, puede diferir la consideraci�n de la admisibilidad hasta el debate y decisi�n sobre el fondo. El procedimiento sobre la admisibilidad est� regulado por el art�culo 30 del Reglamento.

184. Se�ala que la petici�n de informaci�n de informaci�n al estado denunciado no prejuzga sobre la decisi�n posterior que adopte la Comisi�n sobre la admisibilidad. Despu�s que el Estado reciba la comunicaci�n de la Comisi�n, dispondr� de dos meses para responder, con sus observaciones sobre la admisibilidad. Podr� solicitar prorrogas del plazo de dos meses debidamente fundadas. No se le conceder� prorrogas que excedan de tres meses contados desde la fecha del env�o de la primera comunicaci�n al Estado.

185. Solicitud de medidas cautelares [1] De acuerdo al art�culo 25 N� 1 del Reglamento de la Comisi�n, en caso de gravedad y urgencia la Comisi�n de motu propio o a petici�n del interesado, podr� solicitar al estado la adopci�n de medidas cautelares para evitar da�os irreparables a las personas. Se evitar� as� una violaci�n inminente de los derechos humanos. [1] Se las denomina tambi�n por el Reglamento medidas excepcionales de protecci�n, medidas cautelares urgentes o medidas precautorias urgentes.

186. Por su gravedad y urgencia no requiere que el caso est� pendiente ante la Comisi�n, ni tiene que plantearse junto con la denuncia de una violaci�n de los derechos humanos. En el caso Hilaire, junto con transmitir al estado la denuncia, se pidi� la suspensi�n de la ejecuci�n de Hilaire- de conformidad al art�culo 29.2 del Reglamento-, hasta examinar el asunto

187. En el caso Barrios Altos, la Comisi�n pidi� al Per� que adoptara medidas para garantizar la integridad personal y el derecho a la vida a los sobrevivientes, familiares y abogados relacionados con el caso.[1] Tramitaci�n de una petici�n. De acuerdo al art�culo 26 del Reglamento de la Comisi�n la Secretaria Ejecutiva tiene la responsabilidad del estudio y tramitaci�n inicial de las peticiones que cumplan con los requisitos en el estatuto y en el art�culo 28 del Reglamento. [1] Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros versus Per�) sentencia del 14 de marzo de 2001

188. Atendido lo que dispone el art�culo 30 del Reglamento, la Comisi�n, a trav�s de su Secretaria Ejecutiva, dar� tr�mite a las peticiones que re�nan los requisitos del art�culo 28del Reglamento La Comisi�n, para proceder al examen de los alegatos del reclamante, solicitar� informaciones al gobierno del Estado denunciad, dentro de un plazo razonable. Esta es la oportunidad que tiene el Estado para defenderse. Si la informaci�n aportada es insuficiente o imprecisa, se le pedir� informaci�n adicional.

189. Seg�n el art�culo 30 N� 3 del Reglamento, el Estado deber� presentar su respuesta dentro del plazo de dos meses desde la fecha de la transmisi�n de la solicitud de informaci�n. Recibida la informaci�n o a falta de �sta, la Comisi�n verificar� si existen los motivos de la petici�n. Si no fuera as�, archivar� los antecedentes.

190. De lo contrario, se convocar� a las partes a una audiencia, la que tendr� como objeto recibir informaciones de las partes, o el seguimiento de las medidas cautelares. Se recibir�n exposiciones verbales o escritas sobre hechos nuevos o informaciones adicionales y tambi�n testimonios o pruebas. Las audiencias no ser�n p�blicas. La Comisi�n tambi�n podr� realizar investigaciones in loco, previo consentimiento del Estado. Se designar� una Comisi�n Especial, cuyo n�mero depender� de la Comisi�n.

191. El procedimiento de Conciliaci�n.- Tiene por objeto lograr la satisfacci�n de las demandas del peticionario. Requiere que la Comisi�n se ponga a disposici�n de las partes a fin de procurar un arreglo amistoso antes de emitir sus propias conclusiones y recomendaciones. Proporciona al peticionario una soluci�n m�s r�pida. Se le ha asimilado a la mediaci�n, ya que la Comisi�n procura una soluci�n amistosa. Requiere s�, el consentimiento de ambas partes y este procedimiento no es obligatorio ni para la Comisi�n ni para las partes.

192. As�, en la caso Loayza Tamayo, la Comisi�n destac� que la reclamante no tuvo inter�s a someterse a este procedimiento con el Estado peruano, ni tampoco �ste demostr� inter�s en llegar a una soluci�n amistosa con la reclamante[1] Tampoco Per� lo acept� en el caso Barrios Altos, solicitando su inadmisibilidad, por falta de agotamiento de los recursos internos. [1] Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Rep�blica del Per� ( Mar�a Elena Loayza Tamayo)

193. De acuerdo al art�culo 41 del Reglamento, la Comisi�n debe ponerse a disposici�n de las partes en cualquier etapa del examen de una petici�n. Cualquier avenimiento requiere la aprobaci�n de la Comisi�n, la que lo dar� si se han respetado los derechos humanos reconocidos en la Convenci�n. Dar� lugar a un Informe que se transmitir� a las partes interesadas y al Secretario General de la OEA.

194. La decisi�n de la Comisi�n. Esta no es s�lo un �rgano investigador, cuya funci�n es establecer los hechos y a intervenir como �rgano de conciliaci�n Ella emite un pronunciamiento y formula recomendaciones al Estado denunciado. Establecidos los hechos, sobre la base de la evidencia obtenida en el procedimiento, se hubiera o no recurrido al procedimiento de conciliaci�n, la Comisi�n adopta una decisi�n sobre el caso.

195. Decisi�n sobre los Estados no Partes de la Convenci�n Americana. Si establece que hubo violaciones a los derechos humanos, la Comisi�n preparar� un informe preliminar con las proposiciones y recomendaciones que estime hacer, trasmiti�ndolo al Estado y fij�ndole un plazo para informar sobre las medidas adoptadas para cumplir con dichas recomendaciones. Si el Estado no adopta dichas recomendaciones dentro del plazo se�alado, la Comisi�n. Esta podr� adoptar un Informe final y decidir publicarlo, ya sea en el Informe Anual que se someter� a la Asamblea General de la OEA, o en cualquier otra forma.

196. Decisi�n respecto de los Estados Partes de la Convenci�n Americana. El procedimiento est� regulado en los art�culos 50 y 51 de la Convenci�n. De acuerdo al art�culo 50, si no se llega a una soluci�n amistosa, dentro del plazo de 180 d�as, la Comisi�n redactar� un Informe, con los hechos y sus conclusiones. Si no existe una opini�n un�nime, cualquier miembro de la Comisi�n puede agregar su opini�n separada. El informe incluir� las exposiciones orales o escritas hechas por las partes, con las conclusiones, proposiciones y recomendaciones adecuadas. El informe se transmitir� al Estado, quien no estar� facultado para publicarlo.

197. El art�culo 51 establece que si dentro del plazo de tres meses, contados desde la transmisi�n del informe, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisi�n de la Corte, la Comisi�n, por mayor�a absoluta de sus miembros, emitir� un informe con su opini�n y conclusiones. La Comisi�n har� sus recomendaciones y fijar� un plazo al Estado para que �ste adopte las medidas pertinentes para remediar la situaci�n. Transcurrido este plazo, la Comisi�n decidir�, por mayor�a absoluta, si el estado ha tomado o no las medidas adecuadas y si publica o no su informe.

198. Lo anterior ha sido criticado por lo confuso, ya que la existencia de dos informes aparece como innecesario. De acuerdo a la interpretaci�n de la Corte de los art�culos 50 y 51, el procedimiento consta de tres etapas: a) la primera est� regulada por el art�culo 50, y siempre que no haya habido una soluci�n amistosa, consistir�a en la adopci�n del informe de la Comisi�n, con sus proposiciones y recomendaciones para el Estado, el cual no estar�a facultado para publicarlo; 

199. b) la segunda etapa la prev� el art�culo 51: faculta a la Comisi�n para que, si dentro del plazo de los tres meses siguientes a la notificaci�n del informe anterior el Estado denunciado no ha solucionado el asunto, decida si somete el asunto a la Corte o si contin�a con el conocimiento del mismo, en cuyo caso podr� elaborar un segundo informe que tendr�a car�cter definitivo, con sus opiniones y conclusiones;

200. y c) la Corte entiende que podr�a haber una tercera fase: tendr�a lugar luego de vencido el plazo que la Comisi�n ha dado al estado para cumplir con las recomendaciones del informe del art�culo 51, sin que ellas hayan sido acatadas, en la cual la Comisi�n estar�a facultada para decidir si publica o no ese informe.

201. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se integra con siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos a t�tulo personal entre los juristas de la m�s alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.

202. Son elegidos en votaci�n secreta, por mayor�a absoluta de los Estados partes en la Convenci�n, por la Asamblea General de 1a.OEA. Duran seis a�os en funciones y s�lo podr�n ser reelegidos una vez. Si el juez es nacional de alguno de los Estados partes en el caso sometido a consideraci�n de la Corte, conservar� su dere�cho a conocer del mismo, pero el otro Estado podr� designar a una persona de su elecci�n paraque integre la Corte en calidad de juez ad hoc.

203. Si entre los jueces llamados a conocer del caso no hubiere ninguno que tuviere la nacionalidad de los Estados partes, cada uno de �stos podr� designar un juez ad hoc. La sede de la Corte es la ciudad de San Jos� de Costa Rica. Podr�, s� funcionar en el territorio de cualquier Estado miembro de la OEA, cuando lo decida as� la mayor�a de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo.

204. Adopci�n de medidas provisionales por la Corte. El art�culo 63 de la Convenci�n ha previsto que, independientemente de que se haya presentado una demanda ante la Corte, �sta puede adoptar medidas provisionales. El art�culo 25 del Reglamento de la Corte dispone que en casos de extrema gravedad y urgencia, a fin de evitar da�os irreparables a las personas, la Corte puede adoptar medidas provisionales, incluso en casos que a�n no le hayan sido sometidos o que no se les someta nunca[1]. Puede adoptarlas a petici�n de la Comisi�n, si el caso est� siendo conocida por �sta, y no le ha sido sometido por la Comisi�n. [1] casos Chunim�, Colotenango, Bust�os-Rojas, Chipoco, Penales Peruanos y Reggiardo-Tolosa.

205. Si las medidas cautelares adoptadas por la Comisi�n son acatadas y son oportunas y eficaces, no habr� necesidad de recurrir a la Corte para que aplique medidas provisionales.. Mientras las primeras las adopta la Comisi�n, las provisionales las adopta la Corte, de oficio, a solicitud de la Comisi�n o en los casos pendientes ante ella, a requerimiento de la parte.

206. Las medidas provisionales que puede aplicar la Corte est�n previstas en la Convenci�n, mientras las cautelares s�lo se encuentran en el Reglamento de la C omisi�n. Mientras las cautelas las adopta la Comisi�n respecto a un estado miembro de la OEA sea ratificante o no de la Convenci�n, la Corte s�lo puede adoptar medidas cautelares respecto de los Estados partes de la Convenci�n.

207. Mientras la Comisi�n puede solicitar medidas cautelares a las autoridades del Estado, la Corte puede tomar medidas provisionales ( art�culo 63 N� de la Convenci�n). Las primeras son recomendaci�n, las segundas obligatorias. Si las cautelares no son atendidas, se puede recurrir a las provisionales. En el caso James y otros, sin embargo Trinidad y Tobago objet� las medidas de la Corte alegando que la Corte s�lo pod�a emitir recomendaciones y que la reserva hecha se aceptaba la competencia de la Corte s�lo en la medida en que tal reconocimiento era compatible con la Constituci�n del pa�s. La Corte rechaz� esta objeci�n.

208. La pr�ctica de la Corte parece aceptar la tesis de que adopta medidas provisionales cuando es competente para conocer del caso, esto es, cuando el Estado ha formulado la declaraci�n prevista en el art�culo 62 N�1, de la Convenci�n aceptando la competencia de la Corte

209. La Corte aplic� estas medidas en los tres primeros casos contra Honduras, en vista de amenazas a testigos y ante solicitud expresa de la Comisi�n para protegerlos. Se solicit� informaci�n sobre las medidas concretas adoptadas por el gobierno para proteger la integridad f�sica de los testigos. Se le dio a dicho gobierno dos semanas para que informara sobre las medidas adoptadas; de las medidas judiciales que se fueran a inicias debido a dichas amenazas y sobre las investigaciones por los asesinatos y las acciones a ejercer ante los tribunales para sancionar a los responsables.

210. En el caso James y otros, la Comisi�n solicit� a la Corte la adopci�n De medidas provisionales para preservar la vida y la integridad f�sica de las personas detenidas en espera de su ejecuci�n en Trinidad y Tobago a ejecuci�n de �stas antes de que la Comisi�n se pronunciara les causar�a un da�o irreparable.

211. Las medidas provisionales se pueden adoptar en cualquier estado del procedimiento. Se requiere s� probar la existencia de extrema gravedad y urgencia. Que puede causar un da�o irreparable. Adoptada la misma Corte supervisa y controla el cumplimiento de las medidas adoptadas; puede, sin embargo, confiarle a la Comisi�n esta tarea.

212. La competencia contenciosa de la Corte. Si bien el individuo tiene capacidad procesal para someter una denuncia ante la Comisi�n, no la tiene ante la Corte, la que s�lo conoce de un caso a requerimiento de la Comisi�n o de alguno de los Estados involucrados.

213. Con el actual Reglamento, de acuerdo a su art�culo 2 N� 23, la v�ctima es considerada parte en el caso, El art�culo 23 dispone que, despu�s de admitida la demanda, las presuntas v�ctimas, sus familiares o representantes, debidamente acreditados, podr�n presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas, en forma aut�noma durante todo el proceso.[1] El Estatuto y el Reglamento de la Corte regulan el procedimiento a seguir ante la Corte. [1] El Protocolo N� 11 permite a los individuos recurrir directamente ante la Corte Europea de Derechos Humanos.

214. Los Estados Parte y la Comisi�n, que son los �nicos que pueden remitir un asunto a la Corte, luego de elaborado el Informe de la Comisi�n y notificado al Estado, deben decidir, dentro de los tres meses siguientes, si lo someten a la Corte. Debe entenderse que es el Estado denunciado, que jam�s lo ha hecho viendo todos los casos, por que debe ser la Comisi�n la que lo lleva a la Corte. No obstante, s�lo desde 1986 lo ha hecho.

215. La Convenci�n no especifica las circunstancias bajo las cuales la Comisi�n debe llevar el caso ante la Corte; si bien no est� obligada a hacerlo, si no se ha podido resolver el caso amistosamente, deber�a hacerlo. Por cierto tambi�n los casos graves. La mayor�a de los casos que ha sometido la Comisi�n se refiere a aquellos en que el derecho a la vida est� en juego; lo mismo sucede si el caso mes de gran trascendencia o complejidad.

216. Luego de la �ltima reforma al Reglamento de la Comisi�n, el art�culo 44 dispone que si el estado ha aceptado la jurisdicci�n de la Corte , de conformidad con el art�culo 62 de la Convenci�n Americana, y la Comisi�n considera que no ha cumplido con las recomendaciones del informe aprobado conforme al art�culo 50 del referido instrumento, someter� el caso a la Corte, por decisi�n fundada de la mayor�a absoluta de los miembros de la Comisi�n

217. Para que la Corte pueda conocer de un caso, verificar� de oficio que posee competencia para conocer del mismo: en raz�n de las partes que intervienen; en raz�n de la materia objeto de la controversia; en atenci�n al tiempo transcurrido desde la notificaci�n al estado demandado del Informe de la Comisi�n. Emitida su decisi�n, ser� �sta obligatoria para las partes.

218. En cuanto a los Estados que intervienen: el estado demandado debe de haber declarado expresamente que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convenci�n especial la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretaci�n o aplicaci�n de la Convenci�n.. Seg�n el p�rrafo 2 del art�culo 62 de la Convenci�n, esta declaraci�n puede haber sido hecha incondicionalmente o bajo condici�n de reciprocidad, por un plazo determinado, por tiempo indefinido

219. Chile, al conferir la competencia a la Comisi�n y a la Corte Interamericana, declara que estos �rganos, al aplicar lo preceptuado en el p�rrafo segundo del art�culo 21 de la Convenci�n, no podr� pronunciarse acerca de las razones de utilidad p�blica o de inter�s social que se hayan tenido en consideraci�n al privar de sus bienes a una persona.

220. La aceptaci�n de la competencia de la Corte es que �sta s�lo puede conocer de hechos que ocurran a partir de la fecha en que el estado ha aceptado la competencia de la Corte: Chile, Costa Rica, Per�, Venezuela, Panam�. Otros han reconocido la competencia de la Corte por plazo indeterminado: Brasil, Ecuador, o indefinido: Colombia, Bolivia, Uruguay. M�xico declara que la aceptaci�n de la competencia de la Corte ser� hasta un a�o despu�s de la fecha en que proceda su denuncia. Ecuador se reserva el derecho de retirar el reconocimiento de la competencia cuando lo estime conveniente; lo mismo Colombia y El Salvador.

221. En los casos Ivcher Bronstein y del Tribunal Constitucional, en que el Per�, fue Estado demandado, declar� retirar su declaraci�n de competencia de la Corte, con efecto inmediato. La Corte lo rechaz�. Dijo que el Estado estaba vinculado a la integridad de la Convenci�n, al ser �sta un tratado de garant�a efectiva de los derechos humanos, y que s�lo puede sustraerse a la competencia de la Corte mediante la denuncia de la Convenci�n

222. El actor. En lo que se refiere a la persona que puede requerir el pronunciamiento del tribunal, s�lo los Estados Partes- puede ser el propio Estado denunciado- y la Comisi�n tienen derecho a someter un caso a la Corte. El individuo ante la Corte. No puede concurrir ante la Corte. El Reglamento de la Corte , art�culo 2 N� 23 dispone que la expresi�n �partes en el caso� significa la v�ctima o la presunta v�ctima, el Estado y la Comisi�n. El art�culo 23 se�ala que, despu�s de admitida la demanda, las presuntas v�ctimas, sus familiares , o sus representantes acreditados, podr�n presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas durante el proceso, en forma aut�noma

223. Competencia ratione materiae. La Corte tiene competencia para conocer cualquier caso que concierna a la interpretaci�n y aplicaci�n de la Convenci�n. En el caso Petruzzi y otros el Estado demandado aleg� que la demanda se refer�a a aspectos inherentes a su soberan�a, que no pod�an renunciarse sin afectar el orden p�blico, por lo que estar�an excluidos de la competencia material de la Corte.

224. . As� Per� tendr�a pleno derecho a dictar leyes para reprimir los delitos cometidos en su territorio, sin que ninguna autoridad pudiera dejarla sin efecto La Corte rechaz� la argumentaci�n, se�alando que Per�, al ratificar la Convenci�n, acept� las obligaciones de la Convenci�nen relaci�n a todas las personas bajo su jurisdicci�n.

225. La competencia de la Corte se extiende s�lo a aquellas controversias que se refieran a hechos que surjan despu�s de la aceptaci�n por el Estado de su competencia :caso Genie Lacayo. En el caso Cantos, Argentina sostuvo que la v�ctima de la violaci�n alegada no era persona, puesto que eran persona jur�dica, lo que la Corte rechaz�. La Corte puede extender su competencia a otros tratados de derechos humanos: la Convenci�n Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convenci�n Interamericana sobre Desaparici�n Forzada de Personas, etc.

226. Excepciones Preliminares. El demandado puede oponerlas. La Corte puede pronunciarse sobre �stas: tiene competencia para pronunciarse sobre su propia competencia: casos Tribunal Constitucional e Ivcher Bronstein: Per�, mediante declaraci�n unilateral le quit� competencia a la Corte.; lo mismo caso Barrios Altos. La Corte la declar� inadmisible.

227. No suspenden el procedimiento sobre el fondo del asunto: caso Cayara, si bien pueden poner fin al asunto: en este caso, no se entr� al fondo debido a infracciones manifiestas en el procedimiento. Pueden ser excepciones preliminares las siguientes: falta de agotamiento de los recursos internos; causa decidida por la Comisi�n; cosa juzgada; caducidad del petitorio, prescrip ci�n; incompetencia de la Corte; defecto legal, falta de legitimidad; falta de personer�a :caso Durand y Ugarte.

228. Las excepciones, en general, tienen que ver con la admisibilidad de la demanda y con el tr�mite seguido ante la Comisi�n. En cuanto a la admisibilidad de la demanda, alegan defectos de forma de la demanda: caso Paniagua Morales y otros, en que Guatemala sostuvo que no se acompa�aron los documentos originales; o ambiguedad : no hab�a congruencia entre el objeto de la misma y la petici�n formulada: caso Castillo Petruzzi y otros

229. Omisi�n de requisitos previos: Honduras aleg�: falta de declaraci�n formal de admisibilidad de la petici�n por la Comisi�n; falta de una investigaci�n in loco; omisi�n de una audiencia previa por la Comisi�n. En otros casos se ha argumentado errores de la tramitaci�n por la Comisi�n: premura en la decisi�n de �sta de enviar el asunto a la Corte, estando pendiente el plazo para que el Estado se pronunciara sobre el Informe. La extemporaneidad de la demanda: no interponerla dentro del plazo de tres meses la demanda ante la Corte: caso Cayara.

230. Incompetencia de la Comisi�n, por falta de agotamiento de los recursos. Se ataca as� a que �sta presente la demanda ante la Corte Falta de garant�as para la defensa del Estado: falta de imparcialidad de la Comisi�n: caso Cayara.

231. Oportunidad: dentro de los dos meses de notificada la demanda y en el escrito de contestaci�n de la demanda, se deben oponer las excepciones preliminares: art�culo 36 N� 1 del Reglamento de la Corte Se pueden solicitar prorrogas : caso Benavides Cevallos. Si no se oponen oportunamente, debe entenderse que el estado renunci� a su derecho.

232. Contenido: exposiciones de los hechos, fundamentos de derecho, conclusiones y documentos que la fundan, as� como la menci�n de los medios de prueba: articulo 36 p.2 del Reglamento de la Corte. Por no sustentarlas, la Corte las rechaz� de plano en el caso Gangaram Panday.

233. Tramitaci�n: Recibid el escrito, se notificar� al Presidente y jueces de la Corte, a la Comisi�n si es demandante, al denunciante original, a la v�ctima o a sus familiares. Tambi�n al estado demandante. Si las Partes desean presentar alegatos escritos, lo har�n en el plazo de 30 d�as. Si la Corte lo considera, puede citar a una audiencia p�blica para o�r a las Partes

234. Si bien es una cuesti�n de previo y especial pronunciamiento, que debe decidirse antes de pronunciarse sobre los m�ritos de la demanda, la Corte puede ordenar que sea examinada junto a la cuesti�n de fondo: caso Cantoral Benavides, caso Comunidad Mayagna.

235. De acuerdo al art�culo 26 N� 6 del Reglamento de la Corte, �sta podr� resolver en una sola sentencia las excepciones preliminares y el fondo del asunto: puede acogerlas, acogerlas parcialmente- en cuyo caso se desestima parte de la demanda, rechazarlas o determinar que no tienen un car�cter preliminar.

236. Fases sobre el procedimiento de fondo: se regula por el Estatuto- Resoluci�n N� 448, adoptado por el noveno per�odo de sesiones La Paz, octubre de 1979- y el Reglamento de la Corte, de fecha 24 de noviembre de 2000; se le hicieron reformas el 25 de noviembre de 2003. Iniciado el procedimiento, sea que se haya iniciado por iniciativa de un estado o de la Comisi�n, �sta comparecer� y ser� tenida como parte en todos los casos. Tendr� una funci�n auxiliar de la justicia.

237. S�lo los Estados y la Comisi�n tienen derecho a someter un caso a la decisi�n de la Corte( art�culo 61.1 de la Convenci�n) .Cuando un individuo presente un asunto a la Comisi�n, �ste puede ser remitido a la Corte , sea por un estado Parte o por la Comisi�n. El nuevo Reglamento de la Corte-Art�culo 2 N� 3-, considera partes en el caso, a la v�ctima o a la presunta v�ctima, al Estado y, procesalmente, a la Comisi�n.

238. De acuerdo al art�culo 51 de la Convenci�n, la Comisi�n o los Estados Partes tienen el plazo de 3 meses , contados desde la remisi�n del Informe de la Comisi�n a los Estados interesados, para someter el caso a la consideraci�n de la Corte, plazo no fatal que puede ser prorrogado: caso Cayara, caso Neira Alegr�a y otros

239. La Comisi�n tiene el plazo de 3 meses, contados desde la remisi�n de su Informe de a los Estados interesados, si el asunto no se ha solucionado, para someter el caso a la consideraci�n de la Corte; pero dentro de este plazo pueden ocurrir circunstancias que hagan necesaria la elaboraci�n de un nuevo informe o la reanudaci�n de un nuevo plazo La Corte, para conocer de un caso, deben ser agotados los procedimientos ante la Comisi�n.

240. Fase escrita .El art�culo 33 del Reglamente dispone que el escrito de la demanda expresar�: las pretensiones- incluidas reparaciones y costas-, la indicaci�n de las partes, la exposici�n de los hechos, , la admisibilidad de la denuncia por parte de la Comisi�n, las pruebas ofrecidas- con indicaci�n de los hechos sobre las que versar�n., la individualizaci�n de los testigos y peritos, y el objeto de sus declaraciones, los fundamentos de derecho y las conclusiones pertinentes.

241. . La Comisi�n deber� consignar el nombre y direcci�n del denunciante original, as� como el nombre y direcci�n de las v�ctimas o sus representantes debidamente acreditados y los nombres de los agentes o de los delegados de la Comisi�n. Si la demanda es de la Comisi�n acompa�ar� el Informe. Si la demanda es del Estado, �ste incluir� las objeciones elevadas contra la opini�n de la Comisi�n

242. El Presidente de la Corte si observa que los requisitos fundamentales no han sido cumplidos solicitar� al demandante que los subsane en el plazo de 20 d�as: en el caso del Tribunal Constitucional, se observ� anexos incompletos o ilegibles. La introducci�n de la causa se har� en la Secretar�a de la Corte, mediante la interposici�n de la demanda en los idiomas de trabajo del tribunal.. La introducci�n a los otros idiomas de trabajo se har� dentro de los 30 d�as siguientes, La mayor parte se han hecho en castellano, pero tambi�n en ingl�s

243. De acuerdo al art�culo 34 del Reglamento, el Presidente de la Corte realizar� un examen preliminar de la demanda para constatar si se han cumplido los requisitos ya expuestos. La Secretar�a de la Corte notificar� la demanda. Notificada �sta a la v�ctima o a sus familiares, �stos tendr�n un plazo de dos meses para presentar en forma aut�noma a la Corte, sus solicitudes, argumentos y pruebas. Al Estado se notificar� al �rgano que lo representa, sea el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno o el Ministro de Relaciones exteriores.

244. Notificado el Estado, tendr� dos meses para contesta la demanda. Al notificarse la demanda, el Secretario de la Corte solicitar� a los Estados demandados que, en el plazo de 30 d�as designen al Agente que los representar�, el que podr� ser asistido por la persona de la elecci�n del Agente. Podr� designar tambi�n Agente alterno, quien lo suplir� en sus ausencias temporales. La Comisi�n estar� representada por los delegados que designe. Si no es demandante, designar� delegados dentro de 30 d�as, de notificada la demanda

245. Despu�s de admitida la demanda, las presuntas v�ctimas o sus familiares o sus representantes podr� presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas en forma aut�noma. Se fortalece as� la capacidad procesal del individuo. En el caso de pluralidad de v�ctimas o sus familiares o sus representantes, deber�n designar un interviniente com�n: caso Hilaire, Constantine y Benjam�n y otros[1]v. Trinidad y Tobago [1] Se acumularon tres casos con 32 v�ctimas

246. Seg�n la Corte, si bien la demanda no debe ser un una r�plica exacta del Informe, no debe contener una eventual violaci�n de la Convenci�n que el Estado demandado no conoci� durante el procedimiento ante la Comisi�n. Y que no pudo desvirtuarlo oportunamente al no conocerlo. El procedimiento escrito, demanda y contestaci�n, est�n regulados por los art�culos 26 y siguientes del Reglamento de la Corte. Estos podr�n presentarse personalmente, via courier, telex, correo o cualquier otro medio. Si lo son por medio electr�nico, deber�n presentar los documentos aut�nticos dentro del plazo de 15 d�as.

247. La contestaci�n de la demanda deber� ser contestada dentro del plazo de cuatro meses improrrogables. El demandado presentar� sus observaciones, argumentos y pruebas. En la pr�ctica, ha sido prorrogado. El demandado manifestar� si acepta los hechos y las pretensiones de la demanda o si las contradice. Ser�n aceptados aquellos no negados y las pretensiones no controvertidas: caso Blake.

248. El Estado puede allanarse a la demanda: casos Aloeboetoe y otros El Amparo, Garrido y Baigorria , el Caracazo y el caso Bulacio Contestada la demanda, y antes del procedimiento oral, las partes podr�n solicitar al Presidente la celebraci�n de otros actos del procedimiento escrito, y �ste fijar� los plazos para la presentaci�n de documentos: caso las Palmeras, caso Baena Ricardo y otros.

249. Se ha hecho frecuente que en la fase escrita intervengan, a t�tulo de amicus curiae, organizaciones no gubernamentales o personas naturales que no son partes: en el caso Baena Ricardo y otros la Corte recibi� un escrito, en calidad de amicus curiae, del Defensor del Pueblo de Panam�.

250. Fase oral. ( art�culos 39 a 42 del Reglamento de la Corte) El Presidente se�ala la fecha de la apertura de la fase oral y fijar� las audiencias necesarias. Estas tendr�n lugar en la sede de la Corte, pero pueden realizarse en otros sitios: en la sede la OEA, por ejemplo, en el aeropuerto de San Jos�, o en la sede de la Corte Suprema de �sta,

251. En una audiencia previa, la Corte convoca a las partes para que acrediten a las personas que las representar� en las audiencias.. El Presidente dirigir� los debates y determinar� el orden de las intervenciones,.Los jueces pueden formular preguntas. Los testigos y peritos podr�n ser interrogados por las personas que representen o asistan a las partes. El art�culo 60 del Reglamento de la Corte se�ala que las exposiciones de las partes ser�n tan sucintas como sea posible. De cada audiencia se levantar� una acta. Con la reforma del Reglamento ahora se graban las audiencias, cuyas copias se entregan a las partes

252. Despu�s de recibidas las pruebas, la Corte invita a las partes a presentar sus alegatos finales verbales. La pr�ctica lleva a que las partes presenten alegatos finales escritos, dentro de un mes de finalizada la audiencia p�blica..

253. Competencia de la Corte en materia probatoria. La Corte tiene competencia, sin perjuicio de los medios de prueba que ofrecen las partes, puede procurar otras, de oficio. De acuerdo al art�culo 45 del Reglamento de la Corte, en cualquier estado de la causa, la Corte podr�: procurar de oficio toda prueba que considere �til, pudiendo o�r, en calidad de testigo, perito o por otro t�tulo, a cualquier persona cuyo testimonio, opini�n o declaraci�n estime pertinente; requerir de las partes alguna prueba, o declaraci�n que estime �til

254. ; solicitar de cualquier entidad, oficina o autoridad, que obtenga informaci�n, que exprese una opini�n, que haga un dictamen o informe sobre un punto determinado; y comisionar a uno o varios de sus miembros que realicen cualquier medida de instrucci�n, incluyendo audiencias de recepci�n de pruebas, sea en la sede de la Corte o fuera de �sta.

255. As�, en el caso Las Palmeras orden� la exhumaci�n de los restos de dos v�ctimas, cuya identidad no se encontraba fehacientemente establecida. En otros casos ha solicitado del Estado determinada documentaci�n El Estado es quien tiene el control de los medios para aclarar los hechos. Su defensa no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante para allegar pruebas, que en muchos casos no puede obtener sin la cooperaci�n del Estado. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos, previniendo situaciones que lo afectan: casos Bulacio y Juan Humberto S�nchez.

256. Las partes deben ofrecer las pruebas que presentar�n, lo que har�n en la demanda y en la contestaci�n a �sta. Ellas ser�n las admitidas por la Corte, aunque excepcionalmente podr�n ofrecerlas si alegan imposibilidad por fuerza mayor o impedimento grave. Las v�ctimas, susfamiliares o representantes tendr�n dos meses, contados desde la notificaci�n de la demanda, para presentar sus pruebas; su prueba testimonial la ofrecer�n dentro del plazo de 30 d�as desde dicha notificaci�n.

257. Las partes deben ofrecer las pruebas que presentar�n, lo que har�n en la demanda y en la contestaci�n a �sta. Ellas ser�n las admitidas por la Corte, aunque excepcionalmente podr�n ofrecerlas si alegan imposibilidad por fuerza mayor o impedimento grave. Las v�ctimas, susfamiliares o representantes tendr�n dos meses, contados desde la notificaci�n de la demanda, para presentar sus pruebas; su prueba testimonial la ofrecer�n dentro del plazo de 30 d�as desde dicha notificaci�n.

258. A fin de demostrar el tipo de lesiones por torturas o la existencia de da�os cuya indemnizaci�n se persigue, se citar�n peritos ofrecidos por la parte, o solicitados de oficio por la Corte: caso Fiaren Garbi y Sol�s Corrales, en que la Corte pidi� un perito para determinar la autenticidad de una firma; o se solicita una opini�n interpretativa a una entidad-informe m�dico-, o expertos para determinan una indemnizaci�n: caso Aloeboetoe y otros.

259. En cuanto a la prueba documental, �sta puede consistir en documentos p�blicos o privados, recortes de prensa, planos, mapas, videocintas, expedientes judiciales, etc. Puede, adem�s, la Corte pedir de oficio determinados documentos u otros medios probatorios. No obstante, carece de medios coercitivos para demandarlos. Puede la Corte encargar a uno o varios de sus miembros la realizaci�n de una inspecci�n judicial.

260. En cuanto a la prueba documental, �sta puede consistir en documentos p�blicos o privados, recortes de prensa, planos, mapas, videocintas, expedientes judiciales, etc. Puede, adem�s, la Corte pedir de oficio determinados documentos u otros medios probatorios. No obstante, carece de medios coercitivos para demandarlos. Puede la Corte encargar a uno o varios de sus miembros la realizaci�n de una inspecci�n judicial.

261. La Convenci�n no contempla el retiro o desistimiento de la demanda. Si as� se manifestara, la Corte puede dar lugar al desistimiento y sobreseer el asunto: caso Cayara. Si el desistimiento nace de un acuerdo entre las partes, la Corte podr� sobreseer: caso Maqueda.

262. La sentencia. El fallo es definitivo e inapelable. Tiene que ser motivado: se exponen los hechos y las consecuencias jur�dicas a que ellos conducen. El tribunal designa un juez relator, quien prepara el proyecto de sentencia.. Cualquier juez puede agregar a la fallo su opini�n disidente o individual, igualmente razonados. La sentencia puede ser objeto del recurso de interpretaci�n o, eventualmente, del de revisi�n. El art�culo 56 del Reglamento de la Corte, establece el contenido de la sentencia:

263. La sentencia contendr�: � a.� El nombre del Presidente y de los dem�s jueces que la hubieren dictado, del Secretario y del Secretario Adjunto; � b.� la identificaci�n de las partes y sus representantes; � c.� una relaci�n de los actos del procedimiento; � d.� la determinaci�n de los hechos; � e.� las conclusiones de las partes; � f.� los fundamentos de derecho; � g.� la decisi�n sobre el caso; �

264. h.���������el pronunciamiento sobre las reparaciones y costas, si procede; i.� el resultado de la votaci�n; � j.� la indicaci�n sobre cu�l de los textos hace fe� � Si la Corte decide que hubo violaci�n de un derecho o libertad protegido por la Convenci�n, dispondr� que se garantice su goce y, si fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situaci�n que ha configurado dicha violaci�n y el pago de una justa indemnizaci�n al agraviado

265. Esto requiere que se haya establecido que los hechos configuran una violaci�n de la Convenci�n y qu� disposiciones ( art�culo 63N� 1 de la Convenci�n). El tribunal no puede desentenderse de su obligaci�n en cuanto a la calificaci�n jur�dica de los hechos, a�n cuando no exista contienda respecto a los hechos alegados en la demanda, al ser aceptados por el Estado: caso Blake, caso El Amparo, caso Garrido y Baigorria, en que el Estado acept� su responsabilidad internacional.

266. La Corte deber� indicar, asimismo, las medidas concretas que el Estado deber� adoptar si se concluye que ha violado la Convenci�n, restableciendo as� el orden jur�dico infringido En cuanto al futuro, garantizar� al lesionado el goce del derecho o libertad conculcados: si ha estado preso, restableciendo su libertad; si no habido un proceso legal, orden�ndole al Estado que lo lleve a cabo.

267. Reparaciones e indemnizaciones. Se deben reparar las consecuencias de la medida o situaci�n que han configurado la violaci�n de los derechos y el pago de una justa indemnizaci�n a la parte lesionada ( art�culo 63 N1 1 de la Convenci�n) Muchas veces el da�o causado es irreparable, pero las reparaciones pueden tornar menos insoportable el sufrimiento; evitan que se agraven sus consecuencias. 

268. La funci�n de la Corte no consiste �nicamente en determinar el monto de la indemnizaci�n a pagar, sino, sobre todo, en indicar las medidas concretas que debe adoptar el Estado para reparar las consecuencias de su acto il�cito. En el caso Loayza Tamayo, reincorporando a la v�ctima a sus actividades docentes anteriores a su detenci�n, recibiendo salario, garant�as sociales y laborales. La indemnizaci�n es una de las formas de reparar, pero no es la �nica. No exonera al estado de su obligaci�n de adoptar las medidas indispensables para evitar la impunidad: investigar y sancionar a los culpables: caso Gangaram Panday, caso Aloeboetoe y otros.

269. La reparaci�n prevista en el art�culo 63 N� de la Convenci�n, consiste en borrar las consecuencias que el acto il�cito pudo provocar en el afectado, en sus familiares. Aunque la v�ctima puede renunciar a la indemnizaci�n o perdonar al autor, el Estado est� obligado a castigarlo. La obligaci�n de �ste de investigar los hechos y sancionar a los culpables no tiende a borrar las consecuencias del acto il�cito en la persona afectada, sino que persigue que cada Estado asegure en su orden jur�dico los derechos y libertades consagradas en la Convenci�n.

270. La reparaci�n debe ser �tica y monetaria, medidas de reparaci�n moral- actos del Estado que reivindiquen la memoria de la v�ctima, disculpas p�blicas -, la adopci�n de disposiciones que impidan la repetici�n de hechos similares. Consiste en el restablecimiento de la situaci�n anterior a la violaci�n; de no ser posible, que se reparen las consecuencias de la infracci�n, garantizando el respeto de los derechos conculcados y el pago de una indemnizaci�n como compensaci�n de los da�os ocasionados:

271. caso Aloeeboetoe y otros: se adoptaron medidas m�s all� de una indemnizaci�n compensatoria, como fue la de reabrir una escuela y dotarla de personal docente y administrativo para que funcione permanentemente a partir de 1994, desenterrar los cad�veres de seis de las v�ctimas y devolverlos a sus familias; caso de la Comunidad Mayagna: reparaci�n del da�o inmaterial, como lo fue que el Estado deb�a invertir US$50.000 en obras o servicios de inter�s colectivo, en beneficio de la comunidad Awas Tingni;

272. en el caso Hilaire, Constantine y Benjam�n y otros, el Estado deb�a abstenerse de aplicar la Ley de Delitos contra la Persona, la que deb�a ser modificada para adecuarla a la Convenci�n y deb�a ajustar las condiciones del r�gimen carcelario a las normas internacionales de protecci�n de los derechos humanos; caso Ni�os de la calle, la Corte dispuso que el estado deb�a designar un centro educativo con el nombre de los jovenes v�ctimas, con una placa con sus nombres

273. En resumen la reparaci�n debe a) de ser posible, la restituci�n de la situaci�n jur�dica infringida, garantizando al afectado el goce de sus derechos o libertades conculcadas; b) la indemnizaci�n pecuniaria que proceda; c) las medidas reparadoras no pecuniarias; d) la investigaci�n de los hechos y sanci�n de los responsables; e) las garant�as de no repetici�n de los hechos que originaron la demanda y f) la adecuaci�n de la normativa interna del Estado a la Convenci�n

274. En resumen la reparaci�n debe a) de ser posible, la restituci�n de la situaci�n jur�dica infringida, garantizando al afectado el goce de sus derechos o libertades conculcadas; b) la indemnizaci�n pecuniaria que proceda; c) las medidas reparadoras no pecuniarias; d) la investigaci�n de los hechos y sanci�n de los responsables; e) las garant�as de no repetici�n de los hechos que originaron la demanda y f) la adecuaci�n de la normativa interna del Estado a la Convenci�n

275. en el caso Ivcher Brontein, la Corte dijo que la obtenci�n de una sentencia que ampare las pretensiones de las v�ctimas es una forma de satisfacci�n, tomando en cuenta los actos de persecuci�n sufridos por las v�ctima era pertinente concederles una indemnizaci�n adicional por concepto de da�o moral, la cual deb�a fijarse conforme a la equidad y bas�ndose en una apreciaci�n prudente, dado que no era susceptible de una tasaci�n precisa; en el caso del Tribunal Constitucional, la Corte consider� que el hecho que los magistrados del Tribunal Constitucional , que hab�an sido destituidos, y fueron restablecidos en sus funciones, constitu�a, per se, una reparaci�n moral.

276. En el caso Palamara, la Corte fij�, en equidad, la suma de US$30.000 por concepto de indemnizaci�n del da�o inmaterial. La obligaci�n de reparar debe incluir las garant�as necesarias de la no repetici�n de los hechos que motivaron la demanda: por ejemplo, medidas legislativas para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en la Convenci�n; garant�as a todos de acceso a la justicia, recursos r�pidos y efectivos para salvaguardar los derechos, procedimiento de habeas corpus, etc.

277. En el caso Palamara, la Corte fij�, en equidad, la suma de US$30.000 por concepto de indemnizaci�n del da�o inmaterial. La obligaci�n de reparar debe incluir las garant�as necesarias de la no repetici�n de los hechos que motivaron la demanda: por ejemplo, medidas legislativas para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en la Convenci�n; garant�as a todos de acceso a la justicia, recursos r�pidos y efectivos para salvaguardar los derechos, procedimiento de habeas corpus, etc.

278. El art�culo 63 N� 1 dispone el pago de una justa indemnizaci�n a la parte lesionada. La Corte ha se�alado que la indemnizaci�n debe guardar relaci�n con las violaciones incurridas por el Estado. No, puede implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la v�ctima o sus sucesores. Para ser justa, debe ser pronta, adecuada y efectiva.. En el caso Suarez Rosero, se calcul� la indemnizaci�n de acuerdo al da�o material sufrida por la v�ctima y sus familiares, una suma por da�o moral y otra por gastos generados en la jurisdicci�n interna.

279. Adecuada significa que debe ser suficiente para compensar �ntegramente los da�os causados, tanto materiales- da�o emergente ( que comprende el valor de los bienes destruidos, como lo son la rehabilitaci�n de la v�ctima, por ejemplo, los costos de tratamiento m�dico, asistencia psicol�gica de los familiares) y lucro cesante ( tiempo sin trabajar, p�rdida de ingresos, incluso de familiares) como morales o inmateriales ( humillaci�n de la v�ctima, desconocimiento de su dignidad, de su sufrimiento y dolor, las consecuencias psicol�gicas para la victima y sus familia, etc.) a fin de que las consecuencias de la violaci�n sean reparadas en virtud del principio restitutio in integrum.

280. Un nuevo concepto es el referido al proyecto de vida: caso Loayza Tamayo. Se refiere a los trabajos de un profesor de la Universidad de Lima, da�o que frustra la vocaci�n de la v�ctima, sus aptitudes, su proyecto de vida, su realizaci�n personal. Es independiente del da�o emergente o lucro cesante. Sin embargo, no lo indemniz�

281. Se indemnizan los da�os que son consecuencia directa de la conducta il�cita. Al da�o material se ha agregado el llamado da�o patrimonial familiar, determin�ndose quienes han sido perjudicados; se incluyen gastos de traslados de familiares para visitar a la v�ctima, gastos m�dicos futuras para �l y sus familiares, p�rdida de trabajo de los familiares. As� la Corte tas� en US$21.000 estos gastos en el caso Bulacio; lo mismo en el caso Loayza Tamayo

282. El da�o moral se compensa de dos maneras: mediante el pago de una suma de dinero conforme a la equidad; y actos y obras: reparaci�n de la memoria de las v�ctimas, restablecer su dignidad. Se habla ahora de da�o inmaterial, m�s que moral: caso Cantoral Benavides, terminolog�a m�s propia de la violaci�n de derechos humanos, y no del derecho civil: alteraciones de car�cter no pecuniario en las condiciones de existencia de la v�ctima y su familia; caso Comunidad Mayagna, caso Bulacio.

283. El da�o moral se compensa de dos maneras: mediante el pago de una suma de dinero conforme a la equidad; y actos y obras: reparaci�n de la memoria de las v�ctimas, restablecer su dignidad. Se habla ahora de da�o inmaterial, m�s que moral: caso Cantoral Benavides, terminolog�a m�s propia de la violaci�n de derechos humanos, y no del derecho civil: alteraciones de car�cter no pecuniario en las condiciones de existencia de la v�ctima y su familia; caso Comunidad Mayagna, caso Bulacio.

284. El monto de la indemnizaci�n tiene que estar de acuerdo a la naturaleza de la violaci�n y con la responsabilidad del Estado Ha ido desde US$10.000-caso Gangaram Panday-, hasta US$245.000, en el caso Vel�squez Rodr�guez. El monto m�s alto pagado por infringirse el derecho a la vida ha sido US$1.000.000: caso Benavides Cevallos. En el caso God�nez Cruz se pag� un equivalente a US$213.000 y US$413.102, en el caso Aloeboetoey otros

285. El monto de la indemnizaci�n tiene que estar de acuerdo a la naturaleza de la violaci�n y con la responsabilidad del Estado Ha ido desde US$10.000-caso Gangaram Panday-, hasta US$245.000, en el caso Vel�squez Rodr�guez. El monto m�s alto pagado por infringirse el derecho a la vida ha sido US$1.000.000: caso Benavides Cevallos. En el caso God�nez Cruz se pag� un equivalente a US$213.000 y US$413.102, en el caso Aloeboetoey otros

286. Para ser justa la indemnizaci�n debe ser pagada dentro de un plazo razonable, efectiva si es pagada en dinero o en bienes convertibles en dinero. Si las sumas no se pagan, se han determinado intereses, o compensaciones por la p�rdida del valor adquisitivo de la moneda local: casos Vel�squez Rodr�guez y God�nez Cruz. No basta con demostrar que el Estado ha violado la Convenci�n.- Se exige probar los da�os que se piden indemnizar, salvo el da�o moral. Para �ste es suficiente el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado. 

287. En el caso Comunidad Mayagna la Corte se�al� que la Comisi�n no hab�a probado da�os materiales a los miembros de la comunidad. . En el caso Garrido y Baigorria, la Corte estim� que los reclamantes no hab�a probado las empresas en que hab�an trabajado las v�ctimas, cu�ndo lo hicieron, su salario, etc. Para determinar los da�os la Corte cita a una audiencia para presentar la prueba de ellos.

288. En cuanto a la parte lesionada, que no est� definida, puede comprender tanto la v�ctima directa como la indirecta, que cereal familiar de la v�ctima. Ambos han sufrido el da�o y deben ser indemnizados. El art�culo 2 N� 15 del Reglamento de la Corte se�ala que el t�rmino familiares significa los familiares inmediatos-ascendientes, descendientes en l�nea directa, hermanos c�nyuges, compa�eros permanentes o aquellos determinados por la Corte.

289. En cuanto a la parte lesionada, que no est� definida, puede comprender tanto la v�ctima directa como la indirecta, que cereal familiar de la v�ctima. Ambos han sufrido el da�o y deben ser indemnizados. El art�culo 2 N� 15 del Reglamento de la Corte se�ala que el t�rmino familiares significa los familiares inmediatos-ascendientes, descendientes en l�nea directa, hermanos c�nyuges, compa�eros permanentes o aquellos determinados por la Corte.

290. En cuanto a las costas, entendidas como gastos en que incurre el afectado en un procedimiento internacional, incluyendo los honorarios de abogados, pueden ser considerables: en el caso Tribunal Constitucional, la Comisi�n aleg� gastos referentes a contrataci�n de abogados, hospedaje, transporte a�reo, secretarias, oficina, alimentaci�n. Se ha distinguido entre costas y gastos, las primeras son los honorarios de abogados.

291. Las sentencias son obligatorias. Seg�n el art�culo 68 N� 1 de la Convenci�n, los Estados han asumido el compromiso de cumplir las decisiones de la Corte.. Respecto a la indemnizaci�n, �sta se podr� ejecutar en el respectivo pa�s por el procedimiento interno vigente para la ejecuci�n de sentencias contra el Estado, lo que puede ser ilusorio: en los casos Vel�squez Rodr�guez y God�nez Cruz, el gobierno de Honduras inform� el cumplimiento de las sentencias de indemnizaci�n.: lo mismo en el caso Gangaram Panday, que afect� a Surinam.; en el caso Benavides Cevallos, Ecuador inform� el pago de US$1.000.000.

292. Un caso de incumplimiento notable fue el de Trinidad y Tobago en el caso James y otros, en que la Asamblea General de la OEA hizo caso omiso de la exigencia de la Corte para obligar a Trinidad y Tobago. Lo mismo sucedi� con Per�, cuyo Consejo Supremo de Justicia Militar estim� inejecutables las sentencias de la Corte: casos Loayza Tamayo y Castillo Petruzzi y otros. A la ca�da de Fujimori el nuevo gobierno peruano dio cumplimiento a las sentencias.

293. Si bien no hay un procedimiento coercitivo de las sentencias, el art�culo m65 de la Convenci�n en el Informe que la Corte somete anualmente a la Asamblea General de la OEA debe se�alar, con las recomendaciones pertinentes, , los casos en que un Estado no ha dado cumplimiento a sus fallos. No se han previsto las medidas que podr� adoptar la Asamblea General, ni sus mecanismos coercitivos para dar cumplimiento a los fallos, pero no podr�a descartarse la acci�n de �sta, en casos extremos, para la adopci�n de medidas contra el Estado rebelde.

294. La Corte se ha reservado el derecho de supervisar el cumplimiento de sus sentencias, requiriendo al efecto al Estado le informe peri�dicamente las medidas que ha adoptado para el cumplimiento de los fallos. Emite resoluciones o env�a comunicaciones con el objeto de manifestar su preocupaci�n por los puntos pendientes de cumplimiento. Lo insta a su cumplimiento.

295. Un caso de rebeld�a en el cumplimiento del fallo es el de Panam�, en el caso Baena Ricardo y otros, en el que pag� el da�o mora en forma extempor�nea, fij� indemnizaciones en forma arbitraria, ignorado su propia legislaci�n, etc. Panam� sostuvo que en la etapa de cumplimiento de la sentencia, era una etapa que no se encontraba en la esfera judicial de las Corte, y que s�lo la Asamblea General ten�a estas funciones, de acuerdo al art�culo 65 de la Convenci�n.

296. Un caso de rebeld�a en el cumplimiento del fallo es el de Panam�, en el caso Baena Ricardo y otros, en el que pag� el da�o mora en forma extempor�nea, fij� indemnizaciones en forma arbitraria, ignorado su propia legislaci�n, etc. Panam� sostuvo que en la etapa de cumplimiento de la sentencia, era una etapa que no se encontraba en la esfera judicial de las Corte, y que s�lo la Asamblea General ten�a estas funciones, de acuerdo al art�culo 65 de la Convenci�n.

297. Este problema fue abordado por el XXIV Congreso del IHLADI- Instituto Hispano Luso Americano Filipino de Derechos Internacional-, en su reuni�n celebrada en el mes de septiembre del 2006, en Granada, Espa�a. Luego de un largo debate se aprob� lo resuelto en la Cuarta Comisi�n que se�al� lo siguiente;

298. Este problema fue abordado por el XXIV Congreso del IHLADI- Instituto Hispano Luso Americano Filipino de Derechos Internacional-, en su reuni�n celebrada en el mes de septiembre del 2006, en Granada, Espa�a. Luego de un largo debate se aprob� lo resuelto en la Cuarta Comisi�n que se�al� lo siguiente;

299. Considerando que:� El acatamiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos corresponde al principio general de derecho pacta sunt servanda y al cumplimiento de buena de fe de todas las obligaciones internacionales; En Particular, el Art�culo 68 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos prescribe la obligaci�n de los Estados Parte de cumplir las sentencias de la Corte; Asume la mayor importancia para los Estados Parte este punto en raz�n de que el citado Pacto de San Jos� de Costa Rica no prev� ning�n mecanismo de supervisi�n efectivo concerniente al cumplimiento de las sentencias y de las medidas provisionales de protecci�n;

300. La Asamblea General de la Organizaci�n de los Estados Americanos no se pronuncia regularmente sobre los informes de la Corte Interamericana en relaci�n con el incumplimiento de las sentencias que dicta; La Corte Interamericana determin� en la sentencia sobre competencia en el Caso Baena Ricardo y Otros contra Panam�, de diciembre de 2003, que la Corte tiene la facultad inherente a su funci�n jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de las sentencias que dicta con el fin de poder comunicar a la Asamblea General de la OEA sobre el incumplimiento de sentencia.

301. La Asamblea General de la Organizaci�n de los Estados Americanos no se pronuncia regularmente sobre los informes de la Corte Interamericana en relaci�n con el incumplimiento de las sentencias que dicta; La Corte Interamericana determin� en la sentencia sobre competencia en el Caso Baena Ricardo y Otros contra Panam�, de diciembre de 2003, que la Corte tiene la facultad inherente a su funci�n jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de las sentencias que dicta con el fin de poder comunicar a la Asamblea General de la OEA sobre el incumplimiento de sentencia.

302. Que no obstante el cumplimiento generalmente satisfactorio de las sentencias que dicta la Corte Interamericana, es conveniente que los Estados aprueben medidas legislativas en el plano interno que faciliten su pronta ejecuci�n. � En consecuencia, el IHLADI exhorta a sus Miembros para que, dentro de sus actividades acad�micas y profesionales, impulsen la toma de conciencia por parte de las instituciones de altos estudios y de los gobiernos, sobre la importancia del cumplimiento de las sentencias y las medidas provisionales que dicta la Corte Interamericana y de su pronta publicaci�n para ser divulgadas de la manera m�s amplia posible en los Estados nacionales de los Miembros que integral el Instituto�.

303. Recursos contra la sentencia de la Corte. El art�culo 67 de la Convenci�n contempla el recurso de interpretaci�n que puede interponer cualquier parte en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo. Los representantes de la v�ctima o de sus familiares pueden interponerlo. El que representa al Estado es su agente o el que representa al Estado en sus relaciones internacionales.

304. Recursos contra la sentencia de la Corte. El art�culo 67 de la Convenci�n contempla el recurso de interpretaci�n que puede interponer cualquier parte en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo. Los representantes de la v�ctima o de sus familiares pueden interponerlo. El que representa al Estado es su agente o el que representa al Estado en sus relaciones internacionales.

305. De acuerdo al art�culo 67 de la Convenci�n el plazo para interponer el recurso es perentorio: 90 d�as siguientes a la fecha de notificaci�n del fallo. La Corte ha pasado por encima de este plazo : caso El Amparo. Recurso de revisi�n. A pesar de que el fallo de la Corte es definitivo e inapelable, si se descubrieran hechos nuevos, despu�s de dictada la sentencia, que eran desconocidos por la v�ctima,la Comisi�n o por el Estado, no parece incompatible con la Convenci�n permitir que se revise el fallo.

306. La Comisi�n, en el caso Neira Alegr�a y otros, solicit� el rechazo del recurso de revisi�n presentado por Per� y que luego se desisti�. La Comisi�n sostuvo la inexistencia de este recurso.[1] El art�culo 29 N� 3 del Reglamento de la Corte dispone que contra las sentencias y resoluciones no procede ning�n medio de impugnaci�n. No obstante Per� interpuso un recurso de nulidad en el caso Castillo P�ez en contra de la sentencia que se hab�a pronunciado sobre las excepciones preliminares opuesta por el Estado. La Corte lo rechaz� [1] Este recurso est� previsto en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: art�culo 61.

307. La Competencia Consultiva de la Corte. Se refiere a la interpretaci�n de la Convenci�n y de tratados de derechos humanos [1] y al examen de la compatibilidad de las leyes internas de los Estados con dichos textos legales[2]. As� lo establece el articulo 64 N� 1 de la Convenci�n. [1]Principalmente, la Convenci�n sobre los Derechos del Hombre, que si bien no es tratado, ha sido incorporada a la Carta de la OEA a trav�s del Protocolo de R�o. Opini�n Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. [2] Incluyendo disposiciones constitucionales. Opini�n Consultiva OC -4/84 de 19 de enero de 1984

308. La pueden requerir cualquier Estado miembro de la OEA[1], sean o no partes de la Convenci�n y los �rganos principales de �sta: la Asamblea General, la Reuni�n de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, los Consejos,- el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano Econ�mico y Social y el Consejo Interamericano para la Educaci�n, la Ciencia y la Cultura -, el Comit� Jur�dico Interamericano, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, la Secretar�a General, las Conferencias especializadas y los Organismos especializados: la Organizaci�n Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano del Ni�o, la Comisi�n Interamericana de Mujeres, EL Instituto Panamericano de Geograf�a e Historia, el Instituto Indigenista Americano y el Instituto de Ciencias Agr�colas. [1] No lo pueden hacer los particulares.

309. No requiere de una declaraci�n especial del Estado aceptando la competencia de la Corte, puesto que la competencia consultiva es obligatoria [1] En lo referente a la interpretaci�n de los tratados de derechos humanos, la Corte le ha dado la interpretaci�n m�s amplia, considerando que se refiere a todo tratado de derechos humanos aplicable en los Estados americanos: sea celebrado entre los Estados americanos, o tratados universales en que son partes los Estados americanos [1] Salvo que el Estado no haya aceptado la jurisdicci�n de la Corte.

310. El art�culo 62 N� 1 del Reglamento de la Corte establece que la solicitud de opini�n consultiva sea notificada todos los Estados miembros de la OEA, los cuales pueden presentar observaciones y participar en las audiencias p�blicas. Para ello se les fijar� un plazo para que remitan sus observaciones escritas El retiro de una consulta no tiene efecto sobre la competencia ya establecida de la Corte, y no se la puede privar de ella al tribunal.

311. Al formularse la consulta, sea por el Estado o por la Comisi�n, deber� indicarse con precisi�n las preguntas especificas sobre las cuales se requiere la opini�n de la Corte, las disposiciones a ser interpretadas, las consideraciones que la origina, nombre y direcci�n del agente o delegados designados, Si proviene de un �rgano de la OEA, distinto de la Comisi�n, la solicitud precisar� de que manera se refiere a la competencia de ese �rgano. Luego de establecer su competencia, la Corte se pronunciar� sobre la admisibilidad de la consulta. As� la Corte puede abstenerse de emitir un pronunciamiento.

312. En el procedimiento seguido no hay partes, ni demandante ni demandado. No hay controversias ya que las consultas recaen sobre cuestiones de Derecho. El art�culo 63 N� 3 del Reglamento de la Corte faculta al Presidente de la Corte para que invite o autorice a cualquier persona interesada a presentar su opini�n escrita sobre puntos de la consulta. Esta es la instituci�n del amicus curiae. Se ha invitado incluso a organizaciones no gubernamentales.

313. La Corte decidir� si considera conveniente realizar un procedimiento oral. Si es as� fijar� fecha y hora de la audiencia p�blica. El pronunciamiento de la Corte podr� incluir la opini�n de los jueces disidentes. Se emite en una audiencia p�blica

314. Si bien se afirma que las opiniones consultivas carecen de fuerza obligatoria, dif�cilmente un Estado las ignorar�., ya que se estima que lo vincula y no podr� interpretar la Convenci�n a su arbitrio y sin ning�n control. De aqu� que recurre a la Corte para que emita su pronunciamiento. La misma Corte ha se�alado que su opini�n es un m�todo judicial alterno de car�cter consultivo

315. Se dice que el art�culo 64 de la Convenci�n ha distinguido entre las materias respecto de las cuales se podr� consultar,- la interpretaci�n de la Convenci�n o de otros tratados concernientes a la protecci�n de los derechos humanos en los Estados Americanos-, y las materias sobre las cuales se podr� pedir opiniones, que comprenden el examen de la compatibilidad de la legislaci�n interna de los Estados con la Convenci�n u otros tratados concernientes a la protecci�n de los derechos humanos. Solo en este �ltimo caso, la Corte emitir�a una opini�n consultiva propiamente tal.

316. DERECHOS HUMANOS

317. Estad�sticas �� En este cap�tulo del Informe Anual 2007 se incluye informaci�n estad�stica con la finalidad de brindar una visi�n general sobre las diferentes actividades de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos.

318. En primer lugar se presentan los datos referentes a los casos y peticiones en tr�mite, que constituyen el mayor volumen de trabajo de la CIDH. Por casos se entienden todas aquellas peticiones que han sido declaradas admisibles mediante un informe de admisibilidad. Por peticiones se entienden todas aquellas denuncias en las que se ha dado traslado al Estado pero que no cuentan con informe de admisibilidad.

322. * En el a�o 2002, se recibieron 3783 denuncias adicionales a las que tiene el gr�fico, que se refieren a la situaci�n de los derechos humanos de las personas afectadas por medidas bancarias ("Corralito") en Argentina.