Comunicado de la defensa del coronel retirado del Ejército N

1. COMUNICADO DE PRENSA La defensa del coronel retirado del Ejército Nacional LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, hace saber a la opinión pública lo siguiente: En las noticias virtuales del diario El Espectador en la tarde de ayer y en la mañana de hoy aparece una información en la sección judicial que establece que “…Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación adelantaron en el cementerio Jardines de Paz, en el norte de Bogotá, la exhumación de tres cuerpos en el marco de la investigación que se adelanta por los desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia registrada el 6 y 7 de noviembre de 1985…” Hasta ahí la información es perfectamente normal. Pero dos párrafos adelante, afirma: “…El abogado Germán Romero, quien defiende los intereses de la parte civil, aseguró que el comandante de la Brigada XIII, general Jesús Armando Arias Cabrales y el comandante de la Escuela de Caballería, coronel Luis Alfonso Plazas Vega ordenaron en su momento sepultar estos cuerpos en una fosa común del cementerio del sur de Bogotá, impidiendo el procesos científico y forense…” Este párrafo contiene graves mentiras, del abogado Germán Romero, según lo establece con precisión el diario. Pues en ningún momento el general Arias Cabrales ni el coronel Plazas Vega, dispusieron tarea alguna con relación a los cadáveres de los caídos en el acto terrorista de tan luctuosa fecha. Ni tenían las facultados, ni lo hicieron. Por otra parte, el abogado Romero comente el delito de calumnia, al afirmar que los oficiales ordenaron la inhumación de los cuerpos con el propósito de impedir el proceso científico y forense. El abogado Romero debe rectificar su afirmación, a través del diario El Espectador. Está plenamente documentado en el proceso penal, que los cuerpos que fueron sepultados en fosa común del cementerio del sur, fueron trasladados por disposición del Juez 78 de Instrucción Penal Militar, adscrito a la Policía Nacional, doctor Carlos Darío Morales Álvarez, quien la comunicó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyo Director era para la fecha el

2. doctor EgonLichtenberger, persona que así lo declaró en el proceso, bajo la gravedad del juramento. Existía el temor a que los terroristas del M-19 intentaran, como amenazaron hacerlo a través de llamadas telefónicas, asaltar el instituto para robarse los cadáveres de sus compinches. Dicen así algunos apartes de la declaración del mencionado facultativo, en su declaración del 13 de marzo de 1987, ante el Juez Treinta de Instrucción Criminal ambulante, doctor Alfonso Triana Rincón, actualmente en el proceso 4119 del Juzgado Segundo Penal Especializado, cuaderno 95 folios 38 y siguientes: “…Se hicieron cuatro envíos de cadáveres del Palacio de Justicia a fosa común así: Primer envío en noviembre 9 de 1985…Segundo envío noviembre 20 del 85…Tercer envío noviembre 23 del 85…Cuarto envío noviembre 30 del 85… (Nota del juzgado: los anteriores datos fueron tomados por el declarante de copia al carbón del memorando fechado en esta ciudad el trece de marzo de 1987, suscrito por el doctor EGON LICHTENBERGER en donde se relacionan todos estos cadáveres según datos suministrados por la Sección de Identificación del Instituto de medicina Legal, el cual se anexa a las diligencias)…” Más adelante aclara el doctor Lichtenberger: “…me consta que existía el rumor de posibles actos violentos por los cuales había un notable refuerzo de agentes de Policía…” “…El Instituto simplemente se limitó a cumplir una orden judicial…” En el desplazamiento de los cuerpos hasta el cementerio del sur, tampoco están involucrados miembros del Ejército Nacional. Correspondió a la Policía Nacional, cuyo Director de Criminalística era el Mayor Gustavo Socha Salamanca, según lo establece con claridad el Tribunal Especial de Instrucción Criminal en su informe del 31 de mayo de 1986 a la Corte Suprema de Justicia. Específicamente los cadáveres fueron trasladados bajo el control del sargento Segundo de la Policía Nacional Aarón Alarcón Sepúlveda, como está establecido en los documentos del proceso. Dice así el oficio 1342 JUPEM-78 del 9 de noviembre de 1985:

3. “…Sírvase señor Receptor de Cadáveres entregar al Sr. SS AARON ALARCON SEPULVEDA, portador del presente, …los certificados de defunción que a continuación se relacionan…(luego de la relación viene la firma) Carlos Darío Morales Álvarez, Juez 78 de IPM…” Todo lo anterior demuestra una grave irresponsabilidad del abogado Romero y su interés de ocasionar daño a los oficiales mencionados en la nota de El Espectador. Atentamente JAIME GRANADOS PEÑA