Observatorio del Derecho a la Tierra Periodo Julio 2012 a Marzo 2013

1. Observatorio del Derecho a la TierraPeriodo Julio 2012 a Marzo 2013

2. El informe incluye tres apartados: El Derecho a la Tierra Políticas Gubernamentales Organizaciones de la Sociedad Civil

3. El periodo de análisis corresponde a la gestión de Federico Franco, quién asumió luego del golpe parlamentario del 22 de junio del 2012, que destituyó al presidente Fernando Lugo. Este repentino cambio ha implicado cambios en las políticas agrarias y las referentes a la problemática de la tierra.

4. El gobierno de Franco se acercó a los gremios empresariales y se distanció de las organizaciones campesinas. Ministro Salym Buzarquis del MOPC: “ahora hay cero tolerancia al atropello a la propiedad privada y a las invasiones (…) esa garantía que tanto querían hoy la tienen” (Expo Rural Caaguazú / Diciembre-12) Rubén Sanabria, de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP): “las preocupaciones de los productores en el 2012 fueron las ocupaciones de tierra, las mensuras judiciales mal ejecutadas y los hechos de violencia que se registraron durante el gobierno de Fernando Lugo (…) este año se superaron esos difíciles momentos” (Abc, diciembre 2012)

5. El Derecho a la Tierra

6. El Derecho a la Tierra Las disputas por la tierra se acrecientan en la medida que los agronegocios avanzan sobre nuevos territorios, tanto ganaderos, campesinos, indígenas, remanentes de bosques, etc. La alta demanda de tierras para cultivos mecanizados y el consiguiente aumento de los precios, está haciendo que productores agrícolas de Alto Paraná e Itapúa vendan sus terrenos por montos cercanos a los 8.000 US$ la hectárea, y vayan a comprar tierras en otros departamentos donde la tierra es más barata. En zonas como San Pedro y Canindeju consiguen tierras a 2.000 US$ la hectárea. Vendiendo una hectárea se compran cuatro en otra región

7. El Derecho a la Tierra Con el gobierno de Franco los intentos por buscar una desconcentración de la tierra y de revisar la situación legal de mismas han perdido el apoyo político necesario. El presidente del Indert, Ortigoza, el 25 de julio anunció que la institución desistía de impulsar la mensura de las tierras de Barthe, entre las que se encuentran las de Ñacunday, porque crearía un caos administrativo. El Gobierno desiste de intentar recuperar tierras malhabidas o excedentes fiscales, porque la prioridad será la titulación de las tierras de los asentamientos existentes.

8. Conflictos por tierras En el periodo han habido innumerables conflictos por tierras. Marina Kué: donde se produjo la muerte de 17 personas, se encuentra ilegalmente en manos de la empresa Campos Morombí del grupo Riquelme. Se desarrolló el proceso judicial con múltiples denuncias hacia el desempeño de la Fiscalía, en perjuicio de los campesinos y campesinas. Cuatro de los procesados realizaron una huelga de hambre de 59 días para obtener la prisión domiciliaria. Asesinato de Vidal Vega, dirigente de la Comisión de víctimas de Marina Kué, el 1º de diciembre. Vidal colaboraba con PEICC.

9. Conflictos por tierras Marina Kué La fiscalía acusó a 14 de los campesinos y campesinas procesados, fijándose para el 14 de febrero la audiencia preliminar. Federico Franco admitió que las 2.000 Has ocupadas por Campos Morombí en Marina Kué son propiedad del Estado paraguayo. El presidente del Indert, Ortigoza, declaró que la empresa Campos Morombí mintió en la demanda con la que ganó el juicio de usucapión. A pesar de todas las pruebas, no se han podido recuperar estas tierras, por el sometimiento de la justicia a los poderes fácticos.

10. Conflictos por tierras el asesinato del dirigente campesino Benjamín Lezcano, el 19 de febrero frente a su casa, en el Núcleo 3 de Arroyito, distrito de Horqueta, Concepción. Lezcano era un activo dirigente que se oponía a las plantaciones de soja en esa zona, así como a las semillas transgénicas. Otro episodio violento se registro el 11 de marzo en el distrito de Yuty, Caazapá, donde empleados de un sojero, intentaron asesinar a dos campesinos miembros de la OLT, que acampaban al lado del sojal. Ambos campesinos sufrieron heridas graves en el ataque.

11. Conflictos por tierras Ñacunday: La mensura judicial había sido desestimada por el Indert. Los carperos organizados en la Comisión Santa Lucía iniciaron una huelga de hambre, pidiendo la expropiación de 4.000 Has. No obtuvieron respuesta. Las propiedades de Tranquilo Favero en la zona alcazan 44.000 Has (32.244 en Ñacunday, el resto en la vecina Mayor Otaño), el 38% de las 85.000 Has que conforman Ñacunday. Las actividades económicas del grupo Favero no han traído beneficio a los 8.000 habitantes del distrito, pues gran parte de ellos vive en situación de pobreza y pobreza extrema.

12. Conflictos por tierras La expansión de los agronegocios sigue provocando una fuerte migración de campesinos hacia las periferias urbanas. Los pobladores del distrito de 3 de Febrero de Caaguazú el pasado 22 de febrero se reunieron para declararse en pie de guerra para evitar la desaparición de las últimas comunidades campesinas del distrito, causado por el avance de la soja. En este distrito conocido como la “capital del tomate”, compañías tradicionales ya han desaparecido completamente. De los 12.000 habitantes del distrito en el 2008, ahora la población se redujo aproximadamente a solo 7.000 personas.

13. Conflictos por tierras Ante la influencia política y judicial de los terratenientes, empiezan a multiplicarse conflictos entre grupos de campesinos, o de éstos con comunidades indígenas. Un conflicto entre campesinos de Brítez Cué y una comunidad Aché de Villa Ygatimí, Canindeju. Los campesinos ingresaron varias veces a la finca de los Aché, en protesta por la falta de respuesta del Indert a su demanda de tierras. En el asentamiento Felipe Osorio, de Santa Rosa del Aguaray, los campesinos se encuentran enfrentados en dos grupos. Por diferencias uno de los grupos se retiró, y está intentando ocupar 120 Has que considera es un excedente del Indert. 150 campesinos acampan al costado de la ruta en Tavapy, Alto Paraná, amenazando ingresar al asentamiento Espigal. En el asentamiento rechazan las intenciones de ese grupo.

14. Conflictos por tierras Caso San Agustín: 5.742 has en Altos compradas por Indert. Empresa vinculada a Jorge Oviedo Matto. El pago por las tierras se concretó en pleno feriado, abonando 48.235 millones Gs, al señor Arnaldo Jara, representante legal de la empresa y a la vez administrador del UNACE. El pago se hizo según la última tasación del MOPC, de 10.500.000 Gs por ha, un mes antes se tasó en 5.300.000 Gs. La Junta Asesora del Indert aprobó la compra, el mismo día que se hizo la última tasación. La ley que expropió esta finca en 1996 fue derogada en el 2002, porque no reunía las condiciones para la reforma agraria. La empresa San Agustín se encontraba en situación de quiebra, con una prohibición de innovar.

15. Conflictos por tierras Caso Cuyabia: el Pte. del Indi Rubén Quesnel vendió esta propiedad de 25.000 Has de los ayoreos en el Chaco, a la abogada Julia Vargas, empleada de la empresa Agrofértil de los sojeros brasileños Sarabia. La venta ilegal fue denunciada por la comunidad y organizaciones sociales. En marzo los indígenas denunciaron la presencia de topadoras y el desmonte de 60 has. Posteriormente, Quesnel, ante la gravedad de sus actos y el conocimiento público de los mismos, revocó el proceso de venta del inmueble, escudándose bajo un supuesto “error administrativo”.

16. Conflictos por tierras La Comunidad indígena Sawhoyamaxa tiene a su favor desde hace 7 años una sentencia de la CIDH, en relación a 14.400 Has ocupadas ilegalmente por el ganadero Heribert Roedel. Viven desde hace 23 años al costado de la ruta Pozo Colorado-Concepción. Ante la negligencia de las autoridades los miembros de la comunidad ingresaron a una parte del territorio el 22 de marzo, por lo cual los supuestos propietarios amenazaron con realizar acciones judiciales.

17. Conflictos por tierras En Juan de Mena, las familias desalojadas de la Comunidad Guido Almada reclaman reingresar a las tierras y acelerar el proceso de adquisición por parte del Indert. En Jasy Kañy, campesinos del asentamiento Mandu'ara acusaron ante la Fiscalía al ganadero Pastor Sánchez de ocupar 40 Has destinadas a campo comunal. En Capiibary, campesinos de la colonia Arapyahu acusaron al brasileño Everton Wirle de haberse apropiado de 40 Has de derecheras dentro de la colonia que empezó a mecanizar. En Repatriación, se realizó un desalojo en la estancia Leopoldina, donde 66 campesinos fueron aprehendidos y encerrados en una Comisaría.

18. Conflictos por tierras En San Pedro del Ykuamandyyú, campesinos de la Colonia Barbero exigieron la mensura de las 17.434 Has donadas por el gobierno de Italia, denunciando que las estancias ocupan ilegalmente 5.000 Has de estas tierras. El 4 de febrero los pobladores ingresaron a los establecimentos ganaderos, para exigir la realización de la mensura, consiguiendo que el juez Delvalle fije la mensura el 25 de febrero. El trabajo de campo culminó en marzo, y debía elaborarse el informe para elevar al juzgado, lo que nuevamente se ha retraso exageradamente.

19. Conflictos por tierras En San Pedro del Ykuamandyyú, campesinos de la Colonia Barbero exigieron la mensura de las 17.434 Has donadas por el gobierno de Italia, denunciando que las estancias ocupan ilegalmente 5.000 Has de estas tierras. El 4 de febrero los pobladores ingresaron a los establecimentos ganaderos, para exigir la realización de la mensura, consiguiendo que el juez Delvalle fije la mensura el 25 de febrero. El trabajo de campo culminó en marzo, y debía elaborarse el informe para elevar al juzgado, lo que nuevamente se ha retraso exageradamente.

20. Conflictos por tierras Muchos de los problemas en torno a la tierra obstaculizan el acceso de familias campesinas es la pésima gestión del Indert, así como la corrupción que impera en el mismo. En el periodo hubieron múltiples denuncias contra funcionarios del Indert, que especulan con las tierras públicas, cobran a beneficiarios por trámites que no realizan, etc. El Indert canceló licitaciones en Alto Paraná y Canindeyú por irregularidades detectadas, como la superposición de propiedades ofertadas con otras, con colonias del Indert o con Parques nacionales. Detrás de estas licitaciones se presume que existe una red de estafadores que lucran con la tierra, que incluiría a jueces, escribanos, funcionarios del Indert, del Servicio Nacional de Catastro y del Registro Público.

21. Políticas Gubernamentales

22. Políticas Gubernamentales Reconfirmados por Franco Ministro de Agricultura y Ganadería: Abogado Enzo Cardozo Viceministro de Ganadería: Armin Hamman. Sustituidos Viceministerio de Agricultura, Andrés Wherle por Nicanor Invernizzi. SENAVE: Miguel Lovera por Jaime Ayala, un empresario vinculado al sector de los agroquímicos; INDERT: Marciano Barreto por Luis Ortigoza SEAM: Oscar Rivas por Heriberto Osnaghi.

23. Políticas Gubernamentales La destitución del Viceministro Wherle, quien había impulsado prioritariamente el Programa de Producción de Alimentos (PPA), significó un debilitamiento de las políticas orientadas a la agricultura familiar campesina. La destitución de Miguel Lovera en el SENAVE, significó una mayor desprotección de las poblaciones rurales ante el avance y las externalidades negativas de los cultivos mecanizados y las fumigaciones.

24. Políticas Gubernamentales A 15 días del cambio de gobierno, el SENAVE emitía una resolución por la cual inscribía al algodón transgénico Bt (MON531) de MONSANTO, en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC), autorizando su uso en el país. Ante la escasez de esa variedad, el 20 de agosto Franco autoriza, de forma excepcional, la importación de otras dos variedades de algodón, resistentes al glifosato. El SENAVE autoriza el uso de estas variedades de algodón que no habían completado el proceso de análisis legalmente requerido para su habilitación.

25. Políticas Gubernamentales Para facilitar la aprobación de nuevas semillas transgénicas, el 19 de setiembre Franco firmó el Decreto 9699 mediante el cual reestructura la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (CONBIO). Entre otras cosas, ya no exige la Evaluación de Impacto Ambiental para la habilitación de OGM y no incluye a organizaciones de la sociedad civil en dicha Comisión. Autoriza la liberación, por vía de la excepción, de nuevas variedades, con la justificación de que existan riesgos para la seguridad alimentaria y la agricultura nacional.

26. Políticas Gubernamentales En octubre el MAG, contando con los dictámenes de las demás instituciones involucradas, liberó para el uso comercial 4 tipos de maíces transgénicos, rubro no habilitado hasta esa fecha en el país. Fueron liberados las semillas transgénicas: VT Triple Pro y MON810 de Monsanto BT11 de Syngenta TC1507 de Dow AgroSciences.

27. Políticas Gubernamentales El Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA) y la empresa Monsanto firmaron en noviembre un convenio de cooperación para insertar los eventos transgénicos BT y RR en las variedades de algodón del IPTA, 212 y 232. Los firmantes fueron el presidente del IPTA Luis Llano Imas, y el representante de Monsanto Fernando Giannoni. A su vez Monsanto ofreció incorporar otros eventos a las variedades nacionales de maíz y soja. Llano Imas sugirió la transgenización de la soja llamada “milagrosa”.

28. Políticas Gubernamentales En febrero el MAG liberó mediante la resolución 153/13 una nueva variedad de semilla de soja transgénica de la Monsanto. La soja BtRR2Y, que contiene los eventos apilados MON 87701 y MON89788, conocida como soja “Intacta”.

29. Políticas Gubernamentales En julio el SENAVE derogó la Resolución 1160 aprobada en el 2011, donde se establecía entre otras cosas, que productores que realizarían fumigaciones, debían informar con anticipación sobre los trabajos de fumigación a realizarse, incluyendo los horarios y los productos que se utilizarían. En octubre el SENAVE derogó la resolución 355/12, que reglamentaba el uso propio de semillas de variedades protegidas. La resolución disponía que para productores con superficies de hasta 100 Has, los agricultores podían reservar semillas provenientes de su propio cultivo para un segundo año, sin necesidad de tener una autorización del obtentor.

30. Políticas Gubernamentales La Junta Asesora y de Control de Gestión del Indert aprobó la inversión de unos 4 millones US$, para la realización de un Censo de las colonias del Indert, y su posterior regularización. En las 1.147 colonias del ente, hay 223.000 lotes administrados por el Indert, solo 126.000 tienen títulos otorgados, y tan solo hay 19.000 solicitudes de titulación. El Indert firmó un contrato con la Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO), para la ejecución. Se inició el 7 de febrero en la colonia Kororoí, en Santa Rosa del Aguaray, San Pedro. El trabajo del censo se realizó en febrero y marzo en colonias de San Pedro y Caaguazú, con muchas dificultades.

31. Políticas Gubernamentales Bajos Impuestos al sector agropecuario: Uno de los impuestos que menos aporta es el inmobiliario rural. En el periodo el diputado José Chamorro pidió el estudio del proyecto de ley que lo modifica, y deja en manos del municipio local la valuación para aumentar la recaudación. El proyecto está parado ya que ninguna comisión dictaminó. La Cámara de Senadores aprobó el 4-12 el proyecto que crea el impuesto a la exportación de soja, maíz, girasol y trigo en estado natural, fue tratado por primera vez en 9 años. Diputados lo rechazó en abril. Ferreira Brusqueti afirmó que de aprobarse el Poder Ejecutivo lo vetará. En compensación envió el 11/12 un proyecto que extiende el IVA al sector agropecuario.

32. Organizaciones de la Sociedad Civil

33. Organizaciones sociales • Han habido marchas en el país, en fechas diferentes, en contra de la aprobación de las semillas transgénicas y por la reforma agraria, de parte de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay (COCIP), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) y la Federación Nacional Campesina (FNC), entre otras. • En el distrito de Capiibary, se realizó una manifestación contra el avance de los cultivos de soja, así como en el distrito de Lima, San Pedro.

34. Organizaciones gremiales • Un nuevo conflicto se desarrolló entre productores de soja y la propietaria de la semilla transgénica de soja, Monsanto. Esta empresa planteó aumentar el costo de las regalías por su tecnología, pasando de 4 US$ por Ton. a 5,7. Los productores nucleados en la Asociación de Productores de Soja (APS) rechazaron esta posiblidad, y plantearon dejar de pagar por estar vencida la patente. • El Pte. de la APS, Regis Mereles, manifestó que “la tecnología RR por la cual se paga las regalías ha perdido su eficacia como herbicida por el tiempo de uso y si no se mezcla con otro producto de otro origen no resulta efectivo para el productor (...) entonces por qué hay que seguir pagando”. (Abc, noviembre 2012).

35. Organizaciones gremiales • El juez Miguel Angel Rodas rechazó el amparo por improcedente, afirmando que “la titularidad de la patente a favor de la empresa Monsanto S.A. Se encuentra acabada y plenamente probada en autos”. • Los sojeros de la APS se quejaron de la parcialidad de la justicia, y mencionaron que en Argentian y Brasil la justicia falló a favor de los productores.

36. Muchas gracias