C OOPER A CCION

1. COOPERACCION

2. Vigilancia de las Políticas Sociales y Ambientales Locales de las empresas extractivas Julia Cuadros FallaNoviembre 2010

3. Defensoría del Pueblo: 50.4% son conflictos socio ambientales Fuente: Unidad de Conflictos, Defensoría del Pueblo. 3

4. 80% son conflictos por industrias extractivas Fuente: Unidad de Conflictos, Defensoría del Pueblo.

5. EVOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES EN EL PERÚ

7. Causas de los Conflictos • Competencia por el uso de los recursos naturales escasos, como son el agua y la tierra, • Expansión territorial de las IIEE, • Forma de relación entre empresas extractivas y sus entornos poblacionales y con los diferentes grupos de interés.

8. Análisis de la relación entre las empresas y los grupos de interés • Cómo es la relación • Entre empresas y el Estado nacional • Entre empresas y los diferentes niveles de gobierno: local y regional, • Entre empresas y comunidades; y • Entre las empresas y organizaciones de la sociedad civil.

9. Responsabilidad Social Empresarial • Lento viraje hacia la RSE de empresas como las mineras. • Principios de la RSE: compartir los beneficios de la actividad con la población con quien se convive y convivirá por décadas. • Comunidad, autoridades locales, organizaciones sociales y empresa son socios estratégicos y deben acordar objetivos comunes.

10. Responsabilidad Social Empresarial (2) • Diferencia con filantropía. • RSE: coordinación directa con comunidades para conocer sus necesidades, con las autoridades locales para articularse a las acciones de desarrollo local y una nueva manera de relacionarse con la población. • Promoción de espacios de diálogo y concertación, • Articulación con los PDC, POT, ZEE, GIRRHH, GAL, entre otros.

11. Pirámide de la RSE

12. Responsabilidades económicas • La empresa debe producir y generar servicios que la sociedad desea y necesita, con una relación equitativa con los actores locales y un adecuado cuidado ambiental, aportando al desarrollo sostenible del país y de las localidades donde actúan. • Tomar en consideración no sólo la dimensión económica sino también las dimensiones social y ambiental. No se trata que las empresas no generen beneficios, sino que estos beneficios no se produzcan a cualquier precio ni a cualquier costo. Ello debería agregar valor a las empresas y mejorar su competitividad. • Al respecto consideramos que se está sacrificando lo social y lo ambiental al lucro económico, que siendo la razón de ser de las empresas no debería ser el único aspecto a considerar.

13. Responsabilidades Legales • Respeto y cumplimiento de la normativa local, regional y nacional y su aporte al desarrollo sostenible • Se está ejerciendo presión sobre el Estado y el poder político para flexibilizar aún más la normativa y presionar por la autoregulación. • Por ejemplo, la reacción del empresariado peruano frente a la modificación de la norma que establece el compromiso social previo. Mientras la sociedad civil señala que no constituye un gran avance ya que se sigue manejando en el ámbito de la voluntariedad, mientras que las empresas señalan que se estarían estableciendo demasiadas exigencias para su actividad.

14. Responsabilidades éticas • Cumplimiento de otras expectativas sociales no contempladas en la Ley: aporte de las empresas al DS del país y localidades • Doble discurso por parte de las empresas: se profundizan las asimetrías existentes sobre todo en los espacios locales. • Las expectativas locales que se generan con la presencia de las IIEE son consideradas por las empresas como una oportunidad para garantizar la viabilidad social de sus operaciones; sin embargo, las empresas no toman en cuenta que sociedades débiles, con débil o inexistente presencia del Estado, con débiles capacidades de organización y de gestión y con acceso limitado a información, no hacen sostenible su intervención.

15. Responsabilidades Voluntarias • Valores de la empresa • Comportamientos adicionales y actividades a favor de la sociedad. • Peso de las políticas corporativas pone énfasis en este tipo de acciones voluntarias, desarticuladas a las iniciativas de desarrollo en los espacios locales y regionales. Un ejemplo claro de ello es el denominado Aporte Voluntario que reemplazó a la propuesta de un Impuesto a las Sobreganancias Mineras. Existe una presión permanente por ampliar los mecanismos voluntarios frente a los mecanismos obligatorios.

16. Minería y Desarrollo Sostenible: Dos visiones • No podemos dudar de la importancia de la actividad minera para el país. • Su crecimiento ha sido exponencial • Por otro lado el desarrollo ha dejado de ser considerado únicamente como crecimiento económico, y según el PNUD el desarrollo debe ser integral y sostenible, centrado en las personas, garantizando calidad de vida para las generaciones futuras.

17. Visión Economicista (1) • Aporte de la actividad minera a través del pago de impuestos y regalías • Aporte de la actividad minera al Producto Bruto Interno: 8%

18. Visión Economicista (2) • Promoción desde el Estado de inversiones en minería • Promoción de un modelo primario exportador que no genera valor agregado y que no se articula al desarrollo local: económico, social, ambiental

19. Visión economicista (3) • La minería ha servido para mejorar los desempeños macroeconómicos, las cifras en azul. • Sin embargo, no ha permitido superar la situación de exclusión y de pobreza de las poblaciones donde las actividades mineras se realizan. • Han generado conflictos por la disputa en el uso de los RRNN y por la forma tradicional de relacionamiento.

20. Visión de desarrollo integral y sostenible (1) • La actividad minera debe aportar al desarrollo integral y sostenible de las localidades donde desarrollan sus actividades. • Más allá del pago de impuestos (canon) y regalías • Los beneficios, deben llegar a toda la población, a las comunidades de su entorno.

21. Visión de desarrollo integral y sostenible (2) • Esto debe hacerse en el marco de los Planes de Desarrollo Concertados, que son el instrumento que debe ordenar el desarrollo en cada circunscripción. • Articulado a los otros instrumentos de gestión: planes de ordenamiento territorial, ZEE, gestión de los recursos hídricos, protección del medio ambiente, gestión ambiental local, entre otros.

22. Prácticas tradicionales • Sin embargo, aunque muchas empresas declaran públicamente su adhesión a esta visión de desarrollo. • En la práctica implementan medidas de corte asistencial, a manera de mantener la “paz social” en una lógica de filantropía (donación), no de desarrollo.

23. No se garantiza la sostenibilidad • Con este enfoque, se promueve una posición pasiva, sin compromiso de las partes • No se garantiza la SOSTENIBILIDAD en el largo plazo, tanto para el proyecto como para la población. • Acuerdos con comunidades en este sentido, tienen una mirada de CORTO PLAZO. • Se incuban conflictos. Caso Tintaya

24. Comportamiento de las Empresas • Estado nacional • Gobiernos Locales y Regionales • Comunidades Campesinas • Sociedad Civil

25. Relación entre las empresas y el Estado • Tendencia hacia la desregulación, la flexibilización de las normas • Tendencia hacia la autoregulación y voluntariedad. • Presión hacia el Estado a fin de que se flexibilice aún más la normativa • Resistencia al control y fiscalización por parte del Estado • Búsqueda de mantener el statu quo.

26. Relación entre las empresas y el Estado • Desde el Estado se promueve la inversión en industrias extractivas, un modelo primario exportador que no genera valor agregado y que no se articula al desarrollo local en lo económico, lo social, lo ambiental. • Han mejorado los desempeños macroeconómicos. Sin embargo un tercio de nuestra población está en situación de pobreza. Somos un país de renta media, • Ejemplos: contratos de estabilidad tributaria; resistencia al impuesto a las sobreganancias.

27. Relación entre empresas y gobiernos locales • Relaciones clientelares con autoridades locales desinformadas, con débiles o inexistentes herramientas de gestión del desarrollo y que no están empoderadas de las competencias y funciones que les da la ley. • Se profundizan las asimetrías de información • Se presiona en la toma de decisiones, debilitando aún más la institucionalidad pública local.

28. Relación entre empresas y gobiernos locales • Programas de gestión social de las empresas responden a sus intereses corporativos. • No se articulan a los procesos de desarrollo que se implementan en los niveles locales y regionales. • Se desdicen de los principios de la RSE que plantea la necesidad de comprometerse en el desarrollo sostenible de la sociedad en general y de las comunidades locales en particular.

29. Temas Clave para la Vigilancia Social de las II.EE. • Derechos de tierras y agua, • impactos ambientales, • empleo local y adquisiciones locales, • inversión social, • conducta de los trabajadores y alojamiento de la fuerza laboral, • uso de impuestos, canon y regalías, • acceso a información oportuna • participación ciudadana y relación con los grupos de interés.

30. Vigilancia Social: políticas sociales y ambientales locales de las empresas extractivas • Políticas sociales y ambientales responden a sus políticas corporativas y no se articulan a los instrumentos de gestión del desarrollo local y regional. • La intervención de las empresas, lamentablemente, debilita la institucionalidad local, en la medida en que ejercen un poder económico y político que trastoca las relaciones previamente establecidas entre los actores locales.

31. Vigilancia Social: políticas sociales y ambientales locales de las empresas extractivas • Los aspectos económicos y técnicos imponen el ritmo. • Las relaciones con las comunidades y con las instituciones públicas y privadas locales se ven entorpecidas. • Existen prácticas tradicionales del personal local que no ha interiorizado la RSE (clientelismo y el asistencialismo, racismo y discriminación)

32. Vigilancia Social: políticas sociales y ambientales locales de las empresas extractivas • Empresas carecen de enfoque de género en sus intervenciones. Están impactando negativamente en la vida de las mujeres al agregar cargas adicionales de trabajo. • Existe una dificultad real por parte de las empresas y su personal local para conocer y respetar los derechos de las poblaciones locales consignados en la legislación nacional, por el desconocimiento y débil ejercicio de derechos de los actores locales.

33. Vigilancia Social: políticas sociales y ambientales locales de las empresas extractivas • La otra cara de la moneda: actores locales débiles, que desconocen sus derechos y que pueden caer fácilmente en el clientelismo y asistencialismo. • El fortalecimiento de los actores locales no sólo es una responsabilidad social de las empresas, es también una condición para garantizar la viabilidad de los proyectos de industrias extractivas, ya que mientras más empoderados y ejerciendo sus derechos estén los actores locales, los acuerdos serán más sostenibles y duraderos, garantizando el éxito de sus operaciones

34. Recuperar gobernabilidad • Los conflictos y la crisis actual demuestran con claridad hasta qué punto se presentan “brechas de gobernabilidad” “Las brechas de gobernabilidad se presentan cuando los actores económicos (estados, empresas/inversiones) pretenden ir más allá de la capacidad que tiene la sociedad de controlar y regular sus actividades, en función del bien común. (John Ruggie - Representante Especial para DDHH y Empresa de la ONU) • Desafío central sigue siendo: ¿Cómo construir un nuevo sistema de reglas más equilibradas en términos, económicos, sociales y ambientales?

35. MUCHAS GRACIAS www.cooperaccion.org.pe jcuadros@cooperaccion.org.pe