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Una perspectiva global del medio ambiente y de la sostenibilidad. Ponencia del Dr. Max Puig Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana. Primera Conferencia Anual CIEMADeS Santo Domingo, D.N., 10 de agosto de 2005.
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Una perspectiva global del medio ambiente y de la sostenibilidad Ponencia del Dr. Max Puig Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana Primera Conferencia Anual CIEMADeS Santo Domingo, D.N., 10 de agosto de 2005
Deslumbrados por su belleza, uno de los múltiples calificativos que los españoles atribuyeron a la isla Hispaniola fue el de “la isla de los mil ríos”. Los recursos recién descubiertos les parecieron infinitos. • Desde ese mismo instante comenzó a perfilarse una cultura depredadora que subsistiría a la colonia y se extendería hasta nuestros días
La actitud del conquistador español respondía a una visión del mundo que terminó arropando el planeta. • Por eso las sociedades humanas evolucionaran durante siglos sin que se tuviera una conciencia clara sobre los impactos que se producían al medio ambiente y a la base de recursos naturales.
En la segunda mitad del siglo XX es que la preocupación por los impactos ambientales toma forma coherente. • Un hito decisivo fue la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, donde se adoptaron resoluciones paradigmáticas que comprometerían a los estados y a los gobiernos del mundo con la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Entre 1972 y 1992 se producirían acontecimientos extraordinarios en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en la transformación productiva de las economías, incluyendo las de la región de América Latina y el Caribe, y en el equilibrio de poder que había marcado las relaciones internacionales a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Saltaron a la arena internacional las inquietudes de la comunidad científica por fenómenos emergentes como el cambio climático y el calentamiento global, la diversidad biológica, los síndromes de degradación de los recursos naturales como la desertificación y la sequía recurrente, y la contaminación ocasionada por los patrones vigentes de asentamiento humano, de producción y de consumo.
Se llegó a la conclusión de que los modos de producción y de consumo imperantes resultaban insostenibles; que se le estaba pidiendo demasiado a la Tierra y que su futuro, y con ella el de la humanidad, estaba comprometido. • En este contexto de cambio fue que Naciones Unidas convocó la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida también como “Cumbre de la Tierra” o Conferencia de Río, la cual tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992.
La Cumbre de la Tierra significó el reconocimiento de que el estilo de desarrollo adoptado hasta entonces había resultado ser ecológicamente depredador, socialmente perverso y políticamente injusto. • Para la preparación de esta Cumbre se desarrolló un proceso de consulta sin precedentes que involucraría a más de 18 mil ciudadanos y ciudadanas del mundo, representantes de la comunidad científica, responsables gubernamentales, de comunidades indígenas, de organizaciones de la sociedad civil y de muchos otros grupos y organizaciones.
De este proceso, conducido por Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega, salió el famoso Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común”: • Aquí se perfila la noción del desarrollo sostenible como aquel que permite la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. • Y se establece la idea clave de que el medio ambiente no puede existir como una esfera separada de las acciones y de las aspiraciones de los seres humanos.
La Conferencia de Río “dio inicio al proceso de transición hacia un nuevo régimen internacional en materia ambiental” y marcó el comienzo de una nueva ronda de conferencias mundiales, conocida como “el nuevo ciclo social” de Naciones Unidas, para dar respuesta a las demandas de soluciones a los problemas que surgieron en el escenario internacional en los 20 años precedentes. • Estas conferencias han contribuido a “la consolidación ética y política de un régimen de cooperación integrado por nuevos principios jurídicos de carácter internacional”.
En la Cumbre de la Tierra se adoptaron cinco acuerdos multilaterales: • La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; • El Programa 21, conocido también como Agenda 21; • Los Principios Sobre Bosques; • La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y • La Convención Sobre la Diversidad Biológica.
Posteriormente se adoptaron: • La Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía; • El Protocolo de Kyoto; • El Protocolo de Cartagena; • El Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino de la Contaminación por Fuentes Terrestres, y • El Programa de Acción de Barbados relativo a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, conocidos como SIDS por sus siglas en inglés.
Estos Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente son vinculantes, por lo que su ratificación los convierte leyes supranacionales que son de cumplimiento obligatorio para los países signatarios. • A partir de Río 92 se fue conformando una nueva agenda internacional, marcada por las cumbres de los años noventa sobre población, desarrollo social, género, vivienda y alimentación, y se fue ampliando el concepto de desarrollo sostenible, para incorporar en un marco coherente y sistémico los pilares económico, social, ambiental y político-institucional del desarrollo.
Una restricción de esta concepción del desarrollo sostenible es la dificultad de expresar los objetivos correspondientes a cada uno de esos pilares con indicadores comunes de medición y evaluación. • Como el plano económico es el que ofrece mayores ventajas para lograr esa articulación, a partir de 1992 Naciones Unidas se esforzó para desarrollar un enfoque metodológico integrado que permita incorporar en los sistemas de cuentas nacionales los valores de la naturaleza.
A pesar de que Río 92 representó la respuesta normativa más amplia y coordinada dada hasta entonces por los gobernantes del mundo para incorporar la dimensión ambiental en las políticas de desarrollo, los avances en la aplicación de sus acuerdos en la década de los 90 fueron muy lentos y no se tradujeron en un efectivo freno a las tendencias del deterioro del medio ambiente global.
Con la convocatoria de la Cumbre del Milenio en el año 2000 y la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio por parte de 191 países, se logró un mínimo planetario común, con metas e indicadores específicos a ser cumplidos hasta el 2015, donde los distintos pilares del desarrollo sostenible convergen de manera articulada, en respuesta a la necesidad que tiene la humanidad de alcanzar un equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad y la sostenibilidad ambiental.
En la Cumbre de Desarrollo Sostenible (Río +10), celebrada en Johannesburgo en el 2002, se reafirmó el desarrollo sostenible como una cuestión central de la agenda internacional, se dio un nuevo ímpetu a la acción global para combatir la pobreza y proteger el medio ambiente y se amplió la concepción del desarrollo sostenible, particularmente en lo que respecta al vínculo entre la pobreza, el medio ambiente y el uso de los recursos naturales.
A partir del año 2000 las conferencias internacionales han hecho énfasis en la cuantificación de las metas y en la identificación de los mecanismos e instrumentos que harán posible su cumplimiento, con lo que ha adquirido mayor relieve la necesidad de otorgar prioridad al financiamiento para el desarrollo sostenible.
¿Qué pasó en el mundo y en la región de América Latina y el Caribe entre las Cumbres de Río y de Johannesburgo? • En el nivel internacional, el elemento distintivo de los años 90 fue la consolidación del proceso de globalización, que ha tenido como sus motores impulsores el desarrollo tecnológico, sobre todo de las tecnologías de la información, y la integración de los mercados.
En América Latina y el Caribe la globalización arropó a todas las economías, las cuales conocieron profundas reformas económicas que se centraron en una mayor apertura comercial, en la liberalización de los mercados financieros nacionales y de los flujos de capitales externos, y en una participación cada vez mayor de la iniciativa privada en la producción de bienes y servicios, y en la provisión de servicios públicos y prestaciones sociales.
La reestructuración productiva de las economías latinoamericanas y del Caribe se dio en base a patrones de especialización muy marcados. • La economía dominicana se sitúa en el patrón caracterizado por la exportación de servicios, sobre todo turísticos. • Ese patrón ha tenido impactos importantes sobre el medio ambiente.
El balance de la región no ha sido muy positivo en términos de desarrollo sostenible. • Cuando los ministros de medio ambiente de la región lanzaron la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible señalaron que entre 1992 y 2002 hubo avances significativos en lo que se refiere a la toma de conciencia y a la entrada en vigor de normas jurídicas nacionales e internacionales, pero que “persisten importantes desafíos” y que se hace indispensable revertir las tendencias actuales de degradación ambiental del medio natural y del medio urbano y, en particular, eliminar a un ritmo vigoroso la pobreza y la inequidad que afligen a los países de la región.
Hemos tenido éxitos relativos, pero probablemente ningún país alcance una nota suficiente si sus avances son evaluados con el paradigma del desarrollo sostenible. • Chile, por ejemplo, registra logros significativos en términos de crecimiento económico, de equidad y de desarrollo político-institucional: • Experimentó un crecimiento del PIB de 108% entre 1990 y 2004; • Este crecimiento tuvo un impacto significativo en la reducción de la pobreza: • Pero también ejerció una considerable presión sobre los recursos naturales, sobre todo en los sectores de la minería, la silvicultura y la acuicultura, que fueron los de mayor auge en ese período.
Según la CEPAL la República Dominicana fue la única economía latinoamericana y del Caribe que mostró una dinámica de crecimiento expansivo en los años 90, similar a la experimentada en el período 1945-1980. • El Banco Mundial establece, a su vez, que a lo largo de los noventa el crecimiento económico de la República Dominicana fue sobresaliente, con un PIB que se expandió a un promedio anual de 8% entre 1995-2000, lo que nos convirtió en una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe. • El sector de servicios y las zonas francas industriales fueron las fuerzas motrices de este proceso, absorbiendo un 60% del crecimiento total del país en la segunda mitad de los noventa.
No obstante, aún arrastramos déficits significativos en materia de equidad y de desarrollo político-institucional. • En lo que respecta al medio ambiente, el propio Banco Mundial destaca cómo el rápido crecimiento económico y la urbanización acelerada han afectado la calidad ambiental y han puesto grandes presiones a la base de recursos naturales de la República Dominicana. • Estas presiones tienen que ver con el uso inadecuado del espacio territorial y con la mala gestión del recurso agua y de los desechos sólidos.
La República Dominicana tardó más que la mayoría de los países de la región en reflejar en su legislación los paradigmas que suscribió durante y después de la Cumbre de la Tierra. • Nuestra Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, o Ley 64-00, fue una iniciativa del primer gobierno del presidente Leonel Fernández Reyna y fue aprobada en el período de transición del año 2000, correspondiendo al gobierno que le sucedió establecer la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. • Aunque la Ley 64-00 representa un avance considerable, todavía nuestra Constitución no refleja el compromiso nacional con la defensa del medio ambiente y los recursos naturales y con el paradigma del desarrollo sostenible.
Desde que el presidente Fernández nos colocara al frente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en agosto de 2004, comenzamos a trabajar junto al equipo técnico de esta institución en la aplicación del Programa de Gobierno del PLD y sus aliados. • En vista de que la dimensión ambiental del desarrollo sostenible está presente de manera explícita o implícita en todas las políticas públicas de la nación, así como en todas las iniciativas de desarrollo, públicas o privadas, que emprenda la sociedad dominicana, decidimos empujar una agenda de transversalidad para que ésta fuera asumida como una política del Gobierno y del Estado dominicanos, cuya puesta en práctica debería ser una responsabilidad compartida entre el gobierno central, los gobiernos locales, el empresariado y la sociedad civil.
Para empujar esta agenda de transversalidad hemos asumido el compromiso de involucrar a todos los actores sociales, en aplicación del Principio 10 de la Agenda 21, que establece la necesidad de facilitar el acceso a la información, a la participación y a la justicia en las decisiones ambientales. • En un esfuerzo dirigido a elevar la conciencia ambiental de la sociedad dominicana y a comprometerla con la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, hemos ido estrechando nuestros vínculos con el vigoroso movimiento ambientalista y con el resto de la sociedad civil, para emprender juntos un proceso de construcción de ciudadanía en base a la defensa de nuestra riqueza natural. • Y es que la democracia y la gobernabilidad ambiental son partes esenciales de la construcción democrática.
Hemos dado pasos concretos para acompañar a los sectores productivos del país en el desarrollo de agendas ambientales sectoriales que nos coloquen en condiciones de cumplir con los estándares ambientales internacionales que son imprescindibles para competir ventajosamente en este mundo globalizado. • Y que nos ayuden a superar esa incapacidad sistémica para desarrollarnos de manera equilibrada a que hace referencia el Informe de Desarrollo Humano para la República Dominicana, publicado este año por el PNUD.
El impulso de agendas sectoriales ambientales y la exigencia de cumplimiento de las normas y estándares ambientales no es un freno a la inversión ni al desarrollo como algunos pretenden. • La inversión en la conservación del medio ambiente y los recursos naturales es una garantía de sostenibilidad y de rentabilidad a mediano y largo plazo para el sector productivo. • Somos una economía abierta a mercados externos cada vez más exigentes, donde las certificaciones ambientales pueden ser determinantes en las preferencias de los consumidores.
Esto lo han entendido empresarios turísticos del país, que han decidido apostar por el medio ambiente y por la conservación de nuestros arrecifes coralinos y gracias a ello han obtenido certificaciones tan exigentes como Blue Flag y Green Globe, que han convertido a algunas de nuestras playas en las primeras en el Caribe en recibir estas certificaciones, que exigen altos estándares de calidad de agua, educación y gestión ambiental, así como de seguridad y servicios. • Esta visión también la han asumido productores de café y de banano que compiten en Europa y en Norteamérica bajo normas de producción orgánica, producción de calidad o de “fair trade”, lo que les garantiza el acceso a nichos de mercado que se rigen por elevados estándares y que garantizan precios justos.
El desarrollo sostenible no sólo es responsabilidad de una Secretaría de Estado, ni siquiera de todo el gobierno. Compete a toda la sociedad y a cada uno de sus integrantes cumplir su agenda ambiental, enmarcándola en la agenda ambiental nacional. • Si mueren los bosques, y los ríos se convierten en pequeños arroyos; si se dañan o se urbanizan las mejores tierras agrícolas; si como consecuencia de todo lo anterior mueren los corales, también se arruinan las playas y con ellas el Turismo.
Dice Lester Brown que “el medio ambiente no es parte de la economía, como creen muchos responsables de planificación de las empresas y economistas, sino que, en vez de ello, la economía es parte del medio ambiente”. Si se acepta esta visión, dice el destacado especialista, “la economía debe ser diseñada para que sea compatible con el ecosistema del que forma parte”.
El DR-CAFTA ha dado paso a otros acuerdos de cooperación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y con el Banco Mundial, destinados a ayudar a los países de Centroamérica y a la República Dominicana a mejorar sus estándares laborales, ambientales, de aduanas y de otras áreas, así como a desarrollar propuestas para la ampliación de la cooperación y para la construcción de capacidades en materia de comercio. • Esto ayudará a movilizar los recursos humanos y financieros requeridos para lanzar procesos de reforma institucional que son esenciales para implementar el acuerdo de libre comercio y para asumir los amplios retos de desarrollo implicados en el mismo.
A partir del DR-CAFTA hemos fortalecido los lazos de cooperación con los ministros de Medio Ambiente de Centroamérica y nos hemos insertado en un proceso colectivo de cooperación y de búsqueda de soluciones a los retos ambientales que entraña dicho tratado. • Ya hemos comenzado a recibir sus beneficios en materia de construcción de capacidades alrededor del tema de comercio y medio ambiente, lo que nos permitirá apoyar a los sectores productivos en el desarrollo de sus agendas ambientales, con el fin de aumentar sus ventajas competitivas y de facilitar su acceso a nuevos mercados.
El Banco Mundial está apoyándonos en el desarrollo de la agenda ambiental para el sector energético, con un componente ambiental dentro de un préstamo sectorial para electricidad, que propicia la tercerización del cumplimiento de la normativa por vía de un régimen de auditores ambientales privados, así como la realización de una evaluación ambiental estratégica del sector energía. • Es imperativo el desarrollo de instrumentos económicos en el sector energía, para aprovechar y potencializar las oportunidades de reconversión, aumentando la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional y reduciendo la dependencia de los hidrocarburos importados. • Junto a la Unidad de Análisis Económico del Secretariado Técnico de la Presidencia estamos trabajando en la búsqueda de alternativas y en el diseño de propuestas que permitan incorporar estas inquietudes ambientales dentro del proceso de reforma fiscal en marcha.
Con apoyo del Banco Mundial también estamos abriéndonos a los eco-mercados donde se transan certificados de carbono por emisiones, lo que nos facilitará recursos frescos para financiar la reforestación y nos abrirá la oportunidad de aprovechar el mecanismo de desarrollo limpio creado mediante el Protocolo de Kyoto, así como el compromiso de reducir emisiones asumido por los países de la Unión Europea y por otras economías desarrolladas para impulsar modelos de producción más limpia y el aprovechamiento de las energías renovables.
Con el apoyo de distinguidas personalidades del Centro para la Investigación y la Conservación Ambiental, de la comunidad científica de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, y con la participación de varios países latinoamericanos entre los que destacan Costa Rica, Bolivia y Chile, así como de otros países de Africa y del Pacífico, estamos participando en la conformación de una Coalición de Naciones para la Defensa de los Bosques Tropicales • Y estamos identificando estrategias para hacer un mejor aprovechamiento del Protocolo de Kyoto y para proponer eventuales modificaciones dirigidas a garantizar una mayor cuota de participación en sus beneficios para los países que han logrado conservar sus forestas tropicales.
También formamos parte de un grupo de cinco países en desarrollo que con el apoyo del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, dirigido por el prestigioso profesor Jeffrey Sachs, desarrollarán un proyecto global para poner a prueba la metodología del Sistema Integrado de Cuentas Económicas y Ambientales desarrollado por la División de Estadísticas de Naciones Unidas. • Esta iniciativa se apoya en un convenio de cooperación técnica suscrito por la Secretaría de Medio Ambiente con el Banco Central, con la Oficina Nacional de Estadísticas y con otras nueve instituciones dominicanas, para desarrollar la contabilidad del agua, como una cuenta satélite dentro de nuestro sistema de cuentas nacionales.
Por otra parte, estamos haciendo esfuerzos por apoyar a la industria nacional y a las PYME para adoptar patrones de producción más limpia, no sólo como una estrategia de responsabilidad social empresarial, sino como una estrategia competitiva que reduce costos y que facilita las certificaciones ambientales que abren las puertas a nuevos mercados internacionales.
El nuevo régimen jurídico internacional a que dio paso la Cumbre de la Tierra, unido a la consolidación del proceso de globalización, han colocado a la República Dominicana ante una realidad donde los retos y las oportunidades van de la mano, lo que nos obliga a replantear nuestras opciones bajo el paradigma del desarrollo sostenible.
El rol del Estado, como regulador y como facilitador de las iniciativas privadas, debe ser fortalecido, a fin de mantener un entorno político y macroeconómico favorable, que fortalezca el compromiso de los sectores productivos con la conservación del medio ambiente. • En la Ley 64-00 están los principios de quien contamina paga y usuario-pagador. Pero también están establecidos los incentivos y el pago por servicios ambientales, con lo que se abre un abanico de posibilidades que van desde la implementación de tasas retributivas por vertidos o por extracción de recursos no renovables, la aplicación de tarifas que estimulen el ahorro y la conservación del agua, el desmonte de subsidios perversos, hasta el desarrollo del etiquetado ambiental o eco-etiquetado, y los incentivos a la producción más limpia y a las energías renovables.
El empresariado nacional y los inversionistas extranjeros que hacen negocios en nuestro país deben recibir señales claras de parte del Estado y sus instituciones en el sentido de que este país está apostando por la conservación como una de sus fortalezas competitivas. • Queremos un turismo amigable con el medio ambiente, con un buen manejo del agua y de los desechos sólidos y líquidos, con un uso sostenible de nuestras áreas protegidas, de nuestros recursos costeros y marinos y con respeto por la cultura local. Sólo conservando la singular belleza paisajística y la biodiversidad de nuestro país podrán sostenerse las inversiones turísticas en el largo plazo. Esa belleza paisajística y esa biodiversidad forman parte de los servicios ambientales que en otros países de la región se valoran y se pagan a quienes garantizan su conservación.
Tras la aprobación de la ley sectorial 202-04, sobre áreas protegidas, se han desatado intereses que pretenden obtener un cheque en blanco del Gobierno para depredar la riqueza que contienen nuestras áreas protegidas, sin tomar en cuenta que la República Dominicana es signataria de Acuerdos y Convenciones Multilaterales que estamos obligados a respetar. Tomemos el caso de Bahía de las Aguilas, que forma parte de una Reserva de la Biosfera declarada por la UNESCO, que comprende las áreas protegidas de Bahoruco, Jaragua y Lago Enriquillo, lo que convierte a este espacio rico en biodiversidad y en belleza paisajística en un patrimonio de la humanidad.
Con el apoyo de la cooperación española se desarrolló un Plan de Ordenamiento de los Recursos Naturales de la provincia Pedernales, en el marco de un proceso participativo en el que se involucraron las autoridades nacionales de ONAPLAN y de la SEMARN, las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la zona, donde sobresalen el Grupo Jaragua y el Consorcio Ambiental Dominicano. • Este Plan de Ordenamiento identifica las actividades compatibles con la conservación de la zona, donde sobresale el turismo ecológico como una alternativa viable para aprovechar de manera sostenible esa singular belleza natural que como han expresado recientemente técnicos de la Organización Mundial del Turismo, constituye un patrimonio que los dominicanos estamos obligados a preservar para toda la humanidad.
En el desarrollo de obras de infraestructura tenemos que cambiar la cultura de depredación por una cultura de conservación, garantizando que por cada peso que se invierta en la construcción de obras que son necesarias para el desarrollo nacional, se guarde una proporción para garantizar la conservación de los recursos naturales que aprovecha. • Hay países en nuestra región, como Costa Rica, que han hecho de la conservación parte esencial de su marca-país, con un turismo ecológico y con un esquema de pagos por servicios ambientales que constituyen ejemplos de buenas prácticas ambientales reconocidos por todo el mundo.
Si todavía hay escépticos que piensan que la conservación es una carga y no una garantía de rentabilidad, echemos una mirada al Japón, una de las siete economías más desarrolladas del mundo, sobresaliente además por su excepcional desarrollo tecnológico, y donde la sabiduría de la naturaleza ha sido escogida como lema de la Exposición Universal de Aichi, la primera que se realiza en el siglo XXI.
Pero en la primera economía del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, alcaldes de 173 ciudades, entre ellas Seattle, San Francisco, Denver y Chicago, reunidos en la Conferencia de Alcaldes, adoptaron el pasado 13 de junio por unanimidad el Acuerdo entre Alcaldes para la Protección del Clima, para cumplir o superar a nivel municipal las normas establecidas en el Protocolo de Kyoto, mediante la restauración de bosques, la contención de la expansión urbana, el desarrollo de tecnologías alternativas y la educación pública. Pese a la negativa del gobierno norteamericano a ratificar ese protocolo, los alcaldes insistieron en la idea de que “ocuparnos del clima es, financieramente, una ventaja competitiva, no una carga”.
Prestemos atención a nuestra insularidad compartida con Haití, un Estado que atraviesa por una situación político-institucional de extrema delicadeza, y donde la degradación del medio ambiente y la pobreza han hecho una simbiosis explosiva que se expresa en una presión permanente sobre el estado de los recursos naturales de la República Dominicana. • Compartimos con Haití varias cuencas hidrográficas entre las que sobresale la del río Artibonito, pero no menos importante es la pequeña cuenca del río Soliette, que fue el escenario de la tragedia que afectó a Jimaní y a varios poblados haitianos en mayo de 2004, ocasionando pérdidas lamentables en vidas y en bienes materiales y profundizando aún más el estado de pobreza de sus moradores.
Además de fortalecer la cooperación para desarrollar una cultura de gestión compartida de los recursos naturales comunes, tenemos que tomar en cuenta la fragilidad adicional a que nos somete nuestra condición de pequeños estados insulares, lo que nos hace especialmente vulnerables ante los cambios y la variabilidad climática y ante los cambios que ha impuesto la globalización. Esto nos obliga a fortalecer nuestra participación en las alianzas regionales que se dan en la sub-región del Caribe, a propiciar nuevas alianzas y a fortalecer el intercambio de experiencias con otras regiones del mundo sometidas a condiciones similares, como son los pequeños estados insulares del Pacífico.