EL C DIGO PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Una mirada al proyecto de Ley No. 085 C mara , 215 Senado 2005 Pe

1. 1  � EL C�DIGO PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA�Una mirada al proyecto de Ley No. 085 C�mara , 215 Senado 2005Pedro Quijano SamperAlianza por la ni�ez colombianaMedell�n 28 de Septiembre de 2006

2. Estructura Libro I. La Protecci�n Integral Libro II. La Responsabilidad Penal para adolescentes Libro III. Inspecci�n, Vigilancia y Control, Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Pol�ticas P�blicas

3. Finalidad Este C�digo tiene por finalidad garantizar a los ni�os, a las ni�as y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensi�n. Prevalecer� el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminaci�n alguna.�(Art.1)

4. Objeto El presente C�digo tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protecci�n integral de los ni�os, las ni�as y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constituci�n Pol�tica y en las leyes, as� como su restablecimiento. Dicha garant�a y protecci�n ser� obligaci�n de la familia, la sociedad y el Estado.� �(Art. 2)

5. Sujetos titulares de derechos Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 a�os. Sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 34 del C�digo Civil, se entiende por ni�o o ni�a las personas entre los 0 y los 13 a�os, incluyendo a quienes est�n por nacer y por adolescente las personas entre 14 y 18 a�os de edad. (Art.3)

6. Naturaleza de las normas contenidas en este C�digo Las normas sobre los ni�os, las ni�as y los adolescentes, contenidas en este c�digo, son de orden p�blico, de car�cter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicar�n de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes. (Art. 5)

7. �Para qui�n se legisla? Para el 41.5 por ciento de la poblaci�n colombiana; es decir para cerca de los 17 millones de personas menores de 18 a�os que seg�n las cifras preliminares del DANE 2005 viven en Colombia hoy. No es una ley para los ni�os, las ni�as y los adolescentes que atiende actualmente el ICBF por las 9 situaciones irregulares del C�digo del Menor anterior, que son cerca de 4 millones, sino para: TODOS Y TODAS LAS NI�AS Y NI�OS DE NACIONALIDAD COLOMBIANA QUE HABITAN EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR

8. �Por qu� se requiere una nueva ley? Porque Colombia es el �nico pa�s de Am�rica Latina que no ha actualizado su normatividad interna a los mandatos de la Convenci�n de los Derechos del Ni�o y a los dem�s tratados, convenios, pactos y protocolos que ha ratificado el Estado colombiano en los �ltimos 15 a�os. Porque a partir de 1991 la Constituci�n Pol�tica reconoce los derechos prevalentes de todos los ni�os y las ni�as en Colombia, asunto que se refleja apenas de una manera t�mida en el C�digo del Menor de 1989 que de todas maneras es anterior a la Constituci�n. Porque los fen�menos sociales son din�micos y hay que adaptar la normatividad interna a las nuevas situaciones y retos que la realidad impone, sobre todo frente a la protecci�n integral de los ni�os y las ni�as.

9. Marco jur�dico internacional aplicable a la ni�ez y la adolescencia Declaraci�n Universal de Derechos Humanos de 1948 Pactos de Derechos Civiles y Pol�ticos de 1966 (1976) Pacto Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales de 1966 (1976) Convenci�n sobre los derechos del ni�o. Asamblea General de Naciones Unidas. 19 de noviembre de 1989 (1991) Convenio de la OIT 138 sobre edad m�nima de admisi�n al empleo de 1998 Convenio de la OIT 182 de 1999 sobre la prohibici�n de las peores formas de trabajo infantil y la acci�n inmediata para su eliminaci�n. (2005)

10. Protocolos facultativos a la Convenci�n de los derechos del ni�o relativo a la venta de ni�os; a la prostituci�n infantil y la utilizaci�n de ni�os en la pornograf�a de 2000 y a la participaci�n de ni�os en los conflictos armados. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y ni�os de 2000, que complementa la Convenci�n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada. Estatuto de la Corte Penal Internacional. Crimen de guerra y de lesa humanidad: reclutar a menores de 15 a�os para participar en conflictos armados. Convenci�n de la Haya sobre Adopciones Nacionales e Internacionales. Convenci�n de la Haya sobre restituci�n internacional de ni�os.

11. Fundamento : La protecci�n integral La propuesta tiene como soporte transversal el principio de la Protecci�n Integral definida en cinco ejes. El reconocimiento de sujetos de derechos (Instrumentos internacionales de derechos humanos, Constituci�n Pol�tica y la ley) La garant�a de los derechos para todos los ni�os, ni�as y adolescentes (para los 17 millones de menores de 18 a�os sin discriminaci�n de ninguna �ndole) La prevenci�n de su vulneraci�n o amenaza El restablecimiento de los derechos Las pol�ticas p�blicas

12. Principios de la Protecci�n Integral Inter�s superior: Es la obligaci�n que tienen todas las personas de garantizar la satisfacci�n integral y simult�nea de todos sus derechos que son universales, e interdependientes entre si. Corresponsabilidad: Es la concurrencia de actores y acciones para garantizar el ejercicio de los derechos de los ni�os y ni�as. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atenci�n, cuidado y protecci�n La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relaci�n que se establece entre todos los sectores e instituciones.

13. Prevalencia de los derechos: En todo acto, decisi�n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci�n con los ni�os y ni�as prevalecer�n los derechos de estos, en especial si existe conflicto con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o m�s normas legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar� la norma m�s favorable al inter�s superior del ni�o. Perspectiva de g�nero: Es el reconocimiento de las diferencias sociales, biol�gicas y psicol�gicas en las relaciones entre hombres y mujeres teniendo en cuenta adem�s diferencias relativas a la edad y el rol que desempe�an en la familia y en el grupo social.

14. Derechos y libertades El Cap�tulo II es un cat�logo de m�s de veinte derechos y libertades, muchos de los cuales son un desarrollo de principios consagrados en la Constituci�n Pol�tica de 1991 y otros son fruto de conquistas posteriores que se han consignado en los pactos, convenios y tratados internacionales que ya se han mencionado.

15. Entre los derechos que se destacan est�n:

16.

17. Edad m�nima de admisi�n al trabajo y derecho a la protecci�n laboral de los adolescentes autorizados para trabajar. La edad m�nima de admisi�n al trabajo es los quince (15) a�os. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 a�os requieren la respectiva autorizaci�n expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local y gozar�n de las protecciones laborales consagrados en el r�gimen laboral colombiano. Excepcionalmente, los ni�os y ni�as menores de 15 a�os podr�n recibir autorizaci�n para desempe�ar actividades remuneradas de tipo art�stico, cultural, recreativo y deportivo. (Art�culo 35).

18. Derechos de los ni�os, ni�as y adolescentes de los pueblos ind�genas y dem�s grupos �tnicos. Los ni�os, las ni�as y los adolescentes de los pueblos ind�genas y dem�s grupos �tnicos, gozar�n de los derechos consagrados en la Constituci�n Pol�tica, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el presente C�digo, sin perjuicio de los principios que rigen sus culturas y organizaci�n social.

19. Derechos de los ni�os, ni�as y adolescentes con discapacidad Los ni�os, las ni�as y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por s� mismos, e integrarse a la sociedad.

20. Ejercicio de los derechos y responsabilidades Es obligaci�n de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a los ni�os, las ni�as y los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuir�n con este prop�sito a trav�s de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedag�gico. El ni�o, la ni�a o el adolescente tendr�n o deber�n cumplir las obligaciones c�vicas y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo. En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los derechos o la infracci�n de los deberes se tomar�n en cuenta los dict�menes de especialistas. (Art. 15)

21. Garant�a de derechos y Prevenci�n Obligaciones de la familia Obligaciones de la Sociedad Obligaciones del Estado Obligaciones especiales de las instituciones educativas Obligaciones complementarias de las instituciones educativas Prohibici�n de sanciones crueles, humillantes o degradantes Obligaciones especiales del Sistema de Seguridad Social en Salud Responsabilidades especiales de los medios de comunicaci�n Obligaciones de la Comisi�n Nacional de Televisi�n

22. Medidas de restablecimiento de derechos

23. Verificaci�n de la garant�a de derechos

24. Medidas aplicables

25. Autoridades competentes para el restablecimiento de derechos

26. Procedimiento administrativo y procedimiento judicial

27. Sistema de Responsabilidad penal para adolescentes Finalidad

28. Exclusi�n de la responsabilidad penal para adolescentes

29. Procedimiento aplicable

30. Car�cter especializado

31. Derecho al debido proceso y a las garant�as procesales

35. La privaci�n de la libertad La privaci�n de la libertad en centro de atenci�n especializada se aplicar� a los adolescentes mayores de diecis�is (16) y menores de dieciocho (18) a�os que sean hallados responsables de la comisi�n de delitos cuya pena m�nima establecida en el C�digo Penal sea o exceda de (6) a�os de prisi�n. En estos casos, la privaci�n de libertad tendr� una duraci�n de uno (1) hasta cinco (5) a�os. En los casos en que los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) a�os sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsi�n, en todas sus modalidades, la privaci�n de la libertad en centro de atenci�n especializada tendr� una duraci�n de dos (2) hasta ocho (8) a�os. Parte de la sanci�n impuesta podr� ser sustituida por el establecimiento de presentaciones peri�dicas, servicios a la comunidad, el compromiso de no volver a delinquir y guardar buen comportamiento, por el tiempo que fije el juez.

36. Derechos especiales de los ni�os, las ni�as y los adolescentes v�ctimas de delitos. En los procesos por delitos en los cuales los ni�os, las ni�as o los adolescentes sean v�ctimas, el funcionario judicial tendr� en cuenta los principios del inter�s superior del ni�o, prevalencia de sus derechos, protecci�n integral y los derechos consagrados en los Convenios Internacionales ratificados por Colombia en la Constituci�n Pol�tica y en esta ley.

37. Beneficios y mecanismos sustitutivos Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formaci�n sexuales, o secuestro, cometidos contra ni�os, ni�as y adolescentes, se aplicar�n las siguientes reglas: Habr� siempre privaci�n de la libertad No se otorgar� el beneficio de sustituci�n de la detenci�n preventiva No proceder� la extinci�n de la acci�n penal No proceder� el subrogado penal de Suspensi�n Condicional de la Ejecuci�n de la Pena 5. No proceder� el subrogado penal de Libertad Condicional, 6. En ning�n caso el juez de ejecuci�n de penas conceder� el beneficio de sustituci�n de la ejecuci�n de la pena 7. No proceder�n las rebajas de pena con base en los �preacuerdos y negociaciones entre la fiscal�a y el imputado o acusado�. 8. Tampoco proceder� ning�n otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci�n

38. Las pol�ticas p�blicas Definici�n Objetivos Principios Es responsabilidad indelegable del Presidente, de gobernadores y alcaldes el cumplimiento de lo dispuesto en la Constituci�n y en esta ley relativo al inter�s superior de los ni�os, las ni�as y los adolescentes y a la prevalencia de sus derechos sobre los derechos de los dem�s. Esto a partir de la inclusi�n de la perspectiva de la protecci�n integral en las pol�ticas p�blicas sociales de ni�ez y adolescencia del orden nacional, departamental, distrital y municipal. Disposici�n que ser� objeto de control por parte de la Procuradur�a, de las personer�as municipales y de las veedur�as ciudadanas.

39. Sistema Nacional de Bienestar Familiar. El instituto Colombiano de Bienestar familiar como rector del Sistema Nacional de Bienestar familiar, tiene a su cargo la articulaci�n de las entidades responsables de la garant�a de los derechos, la prevenci�n de su vulneraci�n, la protecci�n y el restablecimiento de los mismos, en los �mbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o territorios ind�genas. El Consejo Nacional de Pol�tica Social atendiendo los lineamientos y recomendaciones del Departamento Nacional de Planeaci�n es el ente responsable de dise�ar la Pol�tica P�blica, movilizar y apropiar los recursos presupuestales destinados a garantizar los derechos de los ni�os, las ni�as y los adolescentes y asegurar su protecci�n y restablecimiento en todo el territorio nacional.

40. Exigibilidad de los derechos. El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realizaci�n, protecci�n y el restablecimiento de los derechos de los ni�os, las ni�as y los adolescentes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar familiar, mantendr� todas las funciones que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 7�/79) y definir� los lineamientos t�cnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los ni�os, las ni�as y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. As� mismo coadyuvar� a los entes nacionales, departamentales, distritales y municipales en la ejecuci�n de sus pol�ticas p�blicas, sin perjuicio de las competencias y funciones constitucionales y legales propias de cada una de ellas.