Corporación Nuevo Arco Iris - Fundación Foro Nacional por Colombia - Azaí Consultores

1. VIOLENCIA COLECTIVA Y MINERÍA EN COLOMBIA:Hallazgos preliminares a partir de dos estudios de caso Corporación Nuevo Arco Iris - Fundación Foro Nacional por Colombia - Azaí Consultores Agosto de 2012

2. Violencia colectiva: Acción o manifestación violenta que involucra un número plural de perpetradores que se unen en torno a algún propósito colectivo cuya definición es el resultado de un proceso coordinación, sea este de naturaleza espontánea, oportunista o altamente estructurado.

3. La pregunta de investigación ¿Se puede hacer minería responsable donde hay capacidad limitada de control de las autoridades de gobierno sobre el orden público y hay presencia de grupos armados ilegales?

4. Otras preguntas adicionales ¿Qué incidencia tiene la actividad extractiva sobre la presencia de grupos armados ilegales y las dinámicas de violencia colectiva? ¿Son mitigables los riesgos e impactos que la presencia de actores armados en zonas de operación minera? ¿Hay compromisos de autorregulación que puedan contribuir específicamente a mitigar esos riesgos e impactos?

5. Enfoques Dos enfoques de investigación distintos pero complementarios: • Análisis de dos estudios de caso sobre dos zonas mineras de características distintas: • Suarez, Cauca • La Jagua de Ibirico, Cesar • Análisis sobre los vínculos locales entre los procesos de violencia colectiva y actividad extractiva Marco Análisis Institucional y Desarrollo (MAID) impulsada por E. Ostrom(2005) y otros.

6. Objetivo Compilar y analizar la relación entre actividades extractivas y violencia colectiva, con el fin de formular algunas hipótesis provisionales acerca de las condiciones de esa interacción, así como de su evolución y alternativas para su eventual manejo.

7. Los estudios de caso • La Jagua de Ibirico: Minería de gran escala de carbón en una zona de extracción de rentas por parte de grupos armados ilegales • Suarez: Minería artesanal y de pequeña escala de oro en un corredor de movilidad de grupos armados ilegales

8. Una tipología de la violencia interpersonal Tomado de Tilly, C. (2003). The Politics of Collective Violence, New York, Cambridge University Press, p. 15

9. Conclusiones preliminares: Suárez • Predominan conflictos alrededor de aspectos sociales y culturales que no tienen una relación directa con el conflicto armado, aunque sí con la minería: • conflictos étnicos y culturales, • las dinámicas relacionadas con el proceso de consulta previa, • las prevenciones frente a la llegada de migrantes y • la oposición a la posibilidad del inicio de megaproyectos de explotación minera, • Todas estas problemáticas son susceptibles de escalar y abrirle espacios a expresiones de violencia colectiva en las que tendrían mayor protagonismo los especialistas en violencia, como es el caso de los grupos armados ilegales.

10. Conclusiones preliminares: La Jagua • Luego de la desmovilización del AUC emergen de nuevo manifestaciones de descontento popular en relación con: • la corrupción administrativa en la inversión de los recursos públicos en la zona; • el incumplimiento de las medidas de mitigación de impactos ambientales, • las políticas y condiciones laborales de las empresas mineras, • en general, por la precaria calidad de vida de los pobladores. • La inercia estatal conduce a protestas por vías de hecho, que aparentemente resultan funcionales para : • los contratistas a cargo de obras de inversión pública ,quienes cuentan con un argumento adicional para solicitar nuevas prórrogas y ampliaciones. • las empresas mineras optan por pagar las multas antes que cumplir con obligaciones cuando sus cálculos de costo – beneficio así lo aconseja. • En este contexto se mantiene el riesgo que movimientos de protesta popular sean instrumentalizados por algún grupo de armado ilegal presente en la zona que pueden escalar en violencia colectiva. • Un escenario de dominado por destrucción coordinada siempre resultará más llevadero para las empresas mineras y el Estado que para las población local.

11. Marco de Análisis Institucional y Desarrollo • Un enfoque sistemático para el análisis de las instituciones que gobiernan la acción y los resultados obtenidos por medio de procesos de acción colectiva. • Las instituciones contribuyen a establecer incentivos o condiciones que habilitan positivamente y de manera diferenciada la consecución de beneficios por parte de ciertos actores. • Por consiguiente el análisis de las instituciones que regulan las interacciones en contextos determinados, aporta elementos para comprender las lógicas que subyacen a los objetivos y estrategias desarrollados por actores y agentes involucrados con esos contextos, al igual que las transformaciones que los afectan.

12. Mapa de Incentivos

13. Análisis de componentes principales

14. Conclusiones preliminares • La presencia y actividad de los agentes violentos en zonas mineras tiene su origen en procesos de escalamiento de violencia en los cuales bandos distintos buscan acumular los medios necesarios para destruir o subordinar a sus rivales. • Tanto población civil como actividades económicas, entre ellas la minería, están expuestas a la depredación de activos y rentas, debido principalmente a las deficiencias de las agencias institucionales responsables de su protección. • Otros incentivos permanentes para la depredación sostenida de activos y rentas por parte de los agentes violentos incluyen: • la carencia de claridad en los derechos de propiedad; • la posibilidad de coaccionar mediante la violencia o, incluso, de capturar a las agencias institucionales a cargo de regular las disputas sobre propiedades y rentas.

15. Conclusiones • Las actividades extractivas no son el factor principal generador de la violencia colectiva en ninguno de los dos casos estudiados en esta investigación. • La deficiencia de las instituciones y reglas que gobiernan los escenarios donde interactúan actividades extractivas y violencia colectiva ligada a grupos armados ilegales, el factor primordial de la violencia observada • Los actores armados cambian y ajustan sus objetivos estratégicos y tácticos en presencia de la actividad minera, para maximizar beneficios mediante mecanismos de depredación de activos y de rentas • Las empresas formales con alta capacidad organizacional y técnica tiene la capacidad mitigar efectos depredadores de grupos armado ilegales, pero no así para las unidades de producción, mineras y en otros ramos de actividad económica.

16. Prevenir condiciones de expansión y consolidación de grupos armados ilegales (GAI) ¿Zonas de exclusión minera donde haya GAI? Polo opuesto: estudios de impacto social y ambiental que ignoran efectos causados por GAI en zonas mineras: • violaciones de derechos humanos, • desplazamientos forzados • despojo de tierras Conflicto de intereses de consultores contratados para la elaboración de estudios de impacto ambiental: • Cuánto menos impactos serios identifiquen mayor probabilidad de ser contratados Recomendaciones • Integrar paneles de expertos sociales y ambientales independientes para asesorar la selección de las propuestas de EIAS, asegurando que consideren impactos asociados a presencia de GAI en comunidades locales. • Observar los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos como lineamientos que orientan la gestión de la seguridad de sus operaciones dentro de un marco que asegura el respeto por los derechos humanos y las libertades públicas.

17. Ronda Colombia 2012: • Bloques Tipo 3 • Promedio patrimonio neto últimos 3 años por área: US $ 200 millones • Capacidad técnica y operacional: • Reservas BPe 50.000.000 • Producción Bped: 20.000 “Cuánto más profundo en la periferia esté localizado un bloque de exploración, mayor debe ser la empresa. En este caso, el tamaño se utiliza como indicador (“proxy”) de sus normas de seguridad y los umbrales de riesgo. Así se evita que las empresas pequeñas, susceptibles de ser atacadas y expulsadas, inviertan en la periferia y se controla el impacto de las relaciones públicas negativas que tales incidentes traen para la industria en su conjunto.” "Attacks on Colombia's Energy Infrastructure", Stratfor, August 13, 2012

18. Robustecer funciones de control mandatorio de la actividad extractiva La pasividad de agencias públicas ante infracciones de empresas y corrupción de administraciones locales crea oportunidades para el fortalecimiento de grupos armados ilegales. Dudas sobre la viabilidad de los arreglos basados en la “auto-regulación voluntaria” para alcanzar resultados de desempeño social y ambiental esperados. Recomendaciones Regulaciones mandatorias monitoreadas por terceros, cuyo cumplimiento se asegure mediante sanciones administrativas a las infracciones: • Mecanismos de aseguramiento y bonos de desempeño diseñados para fomentar el cumplimiento de obligaciones contractuales por empresas mineras • Interventoríasindependientes que reporten desempeño y cumplimiento de obligaciones ante agencias públicas, comunidades, aseguradoras y agencias de calificación crediticia. • Destinar recursos del SNR para fiscalización de exploración y explotación de yacimientos al fortalecimiento de esa función en alcaldías, gobernaciones y CARs • Endurecimiento de sanciones para infracciones que causen daños ambientales, a la salud pública, incumplimiento inversión social y apoyo al terrorismo. • Especificar obligaciones de proyectos mineros de articulación a POT y PDT. Incluyendo armonización con normatividad del uso del suelo

19. Consolidar gobernabilidad local, fortalecer organizaciones y movimientos sociales, y legitimar institucionalidad pública La condición de actividad de utilidad pública de la industria extractiva crea una situación de asimetría entre dueños del proyecto y comunidades. La actividad de fiscalizadora de la ciudadanía sobre cumplimiento de funciones púbicas por servidores públicos es la base de la legitimidad institucional y gobernabilidad de autoridades públicas El objetivo de los mecanismos de participación y control social de actividades extractivas es asegurar que población afectada fortalezca sus organizaciones y movimientos sociales Recomendaciones: • Garantizar la participación significativa de comunidades impactadas por proyectos mineros en la elaboración de EIAS. • Mesas de diálogo permanente a nivel territorial, apoyadas por Defensoría del Pueblo y delegados del Ministerio Público en torno a: • reclamaciones por impactos sociales y ambientales que permanecen sin ser controlados • condiciones para viabilizar consultas previas como mecanismo de participación legítimo

20. Consolidar gobernabilidad local, fortalecer organizaciones y movimientos sociales, y legitimar institucionalidad pública Apoyo a veedurías ciudadanas a cargo del seguimiento de convenios, protocolos y procesos organizacionales establecidos por empresas mineras para mitigación y seguimiento de impactos Direccionamiento de programas de RSE hacia el fortalecimiento de liderazgos comunitarios Apoyo a la Ley Estatutaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al establecimiento de una plataforma para dar publicidad acerca de los proyectos mineros, sus beneficios, impactos sociales y ambientales y seguimiento del desempeño de las medidas establecidas para su control y mitigación, implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto para Colombia, dentro del cual se propone la implementación hacia comienzos de 2013 de la iniciativa EITI (Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas).

21. VIOLENCIA COLECTIVA Y MINERÍA EN COLOMBIA: Hallazgos preliminares a partir de dos estudios de caso Convenio de Cooperación 20129053 COL Corporación Nuevo Arco Iris – Fundación Avina Colombia Elaborado por: Bernardo PÉREZ – Coordinador (CNAI) Fabio VELÁSQUEZ – (Foro Nacional por Colombia) Juan Carlos LOZANO (Azaí Consultores) Angélica ARIAS – CNAI Stefanía LÓPEZ – CNAI John ANZOLA – Foro Nacional por Colombia Abraham HIDALGO – Azaí Consultores Daniel GUZMÁN – Azaí Consultores Cindy GARCÍA – Azaí Consultores