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Capítulo 2 ENTORNO JURÍDICO. Lic. Ignacio Orendain Kunhardt Presidente del Comité Técnico Nacional Jurídico Financiero Consejero de Basham, Ringe y Correa, S.C. INTRODUCCION. El entorno jurídico en nuestro país se encuentra en crisis
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Capítulo 2ENTORNO JURÍDICO Lic. Ignacio Orendain Kunhardt Presidente del Comité Técnico Nacional Jurídico Financiero Consejero de Basham, Ringe y Correa, S.C.
INTRODUCCION • El entorno jurídico en nuestro país se encuentra en crisis • La falta de respeto entre los poderes soberanos, legítimamente constituidos, se traduce en conductas de claro rompimiento entre el ejecutivo y el legislativo • Además, una serie de críticas infundadas y perversas, tratan de provocar debilitamiento del poder judicial
No obstante, es preciso recordar que nuestra Constitución Política contiene, como sistema fundamental para la vida de las instituciones, la división de poderes • El no respeto entre los poderes constituidos, necesariamente lleva a la ausencia de acuerdos políticos • También, la carencia de una coordinación entre la Federación y las entidades federativas, y muchas veces a nivel de éstas y sus municipios, produce consecuencias de inequidad
Finalmente, el acceso a los tribunales por parte de los gobernados, requiere una estructura en la cual se haga realidad el postulado de la garantía consagrada en nuestra Ley Suprema, en cuanto a una impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita • Por todo lo antes apuntado, podemos apreciar que nuestro entorno jurídico todavía carece de elementos, algunos esenciales y otros que requieren ser actualizados
Ello significa una tarea en la cual, gobierno y sociedad, debemos empeñarnos. El no hacerlo a tiempo puede provocar un desaliento a nivel individual y social, y minar el ánimo de los empresarios • En los siguientes apartados formularemos el diagnóstico y propondremos soluciones para que el entorno jurídico de nuestro país permita a las empresas desenvolverse eficazmente
2.1 Sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) Puntos de interés teórico sobre el sistema de división de poderes que consagra la CPEUM: • Se trata de otorgar facultades explícitas a cada uno de los poderes • No está por lo tanto permitida la invasión de un poder a otro
Como excepción (suspensión de garantías individuales o facultades extraordinarias en materia económica) se da el caso más relevante de que el Poder Ejecutivo puede ejercer atribuciones que originalmente le corresponden al Poder Legislativo • Cabe resaltar el papel del Poder Judicial de la Federación, como órgano independiente revisor de la actuación de los otros dos poderes
2.2 Su necesidad • Salta a la vista lo necesario que es para lograr mantener el orden constitucional, el irrestricto respeto al sistema de división de poderes • Al estar divididas las atribuciones de los diversos órganos de gobierno, surge lo que se denomina “frenos y contrapesos” • De no ocurrir lo anterior, surgiría el peligro inminente de un autoritarismo que pudiera rayar en la dictadura
2.3 Su debido ejercicio • El debido ejercicio de un sistema de división de poderes, idealmente significaría un no hacer de lo que está reservado a otro poder. En un sistema democrático ello no es factible de modo absoluto • En México, a partir de finales del siglo pasado y en lo que va de éste, el presidencialismo ha desaparecido casi por completo. A cambio de ello hay que lamentar que, ante ciertos acontecimientos, el titular del Poder Ejecutivo no ha actuado, aun con la potestad de hacerlo constitucionalmente
Lo anterior provoca que el Poder Legislativo Federal haya encauzado la solución de problemas, con facultades que no le corresponden, poniendo en entredicho la investidura presidencial • Por otra parte, el Poder Judicial de la Federación se ha visto impedido que sus resoluciones definitivas se cumplan, hasta las últimas consecuencias • Nos enfrentamos entonces a posiciones irreductibles, a partir de ideologías políticas, que han paralizado el debido ejercicio del sistema de división de poderes
Lo que México requiere con urgencia, para evitar se llegue a una ingobernabilidad, es que los poderes renuncien a la pretensión de dominarse entre sí y busquen un pacto de convergencia • Como ya fue señalado en la Ponencia IMEF 1998, será necesario: • Mejorar la gobernabilidad, y con ello la seguridad jurídica del individuo • La transición democrática requiere de dos condiciones mínimas: libertad política, que la tenemos, y auto-limitación, que no hemos demostrado tener, y • Hace falta que la pluralidad política sea de propuestas y de ideas, teniendo en mente que la función del político es la construcción de acuerdos
3.1 Para Reformas Constitucionales • La Constitución, que como Pacto Federal nos rige, ha sido, a través de la actuación del Poder Constituyente, reflejo de la soberanía nacional • Una Constitución como la nuestra, no es posible que permanezca estática en su contenido • Tampoco es recomendable modificarla continuamente
Lo adecuado será, incorporar en el texto constitucional aquellos cambios que se ciñan a la variaciones propias de una democracia en ciernes con medidas propiciatorias del desarrollo del país • Tales cambios habrán de enfocarse a lo político, a lo económico, a lo laboral, a la seguridad pública, así como a lograr un esquema equitativo de coordinación
3.1.1. En materia política • Como consecuencia de lo ya analizado en el apartado 2 anterior, en lo tocante a la necesidad de contar con un sistema real y eficaz de división constitucional de poderes, precisamente esa diversidad requiere de acuerdos en materia política, mismos que habrán de evitar la parálisis en cuanto a las decisiones que emanen de tales poderes
3.1.1.1.Reformas al sistema electoral • Resulta esencial reformar nuestro sistema electoral, adoptando esquemas que indudablemente funcionan en otros países, como la reelección y la segunda vuelta en la elección presidencial • También reducir los tiempos y costos de campaña • En especial se sugiere derogar el sistema de elección plurinominal en el Congreso de la Unión y demás legislaturas en que exista
3.1.1.1.1. La reelección • Los periodos sexenales a nivel Presidente de la República, Senadores, Gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, contrastan, por su amplitud, con aquellos que corresponden a únicamente tres años, a saber, Diputados al Congreso de la Unión, legisladores locales y funcionarios municipales, por mencionar los más importantes • Seis años en el ejercicio del poder, sin posibilidad absoluta de reelección, hasta ahora ha funcionado
No obstante, otra fórmula reduce a cuatro años el ejercicio del encargo presidencial, con la posibilidad de ser reelecto en forma inmediata y por una sola vez • En contraposición, tres años y a la vez sin reelección, es un término demasiado breve. Más aún, el costo del proceso electoral se duplica en este último supuesto • Un cambio que implique el recorte del tiempo en el ejercicio del servicio público, así como el poder ser reelecto por una sola vez, y de manera inmediata, deben de ser temas de la agenda política nacional a corto plazo
3.1.1.1.2. La elección presidencial y la segunda vuelta • La manera como se han desenvuelto los acontecimientos, a partir del 31 de julio anterior, hace indispensable traer a discusión la necesidad de una segunda vuelta, tratándose de la elección presidencial • El desgaste social y el costo para un importante sector empresarial de las ciudades de México y de Oaxaca, son pruebas fehacientes de que es preciso hacer algo • Una segunda vuelta, instituida constitucionalmente para sucesivas elecciones presidenciales, tal vez sería una solución
3.1.1.1.3. Tiempos y costos de campaña • Una primera sugerencia, sería tratar de unificar los tiempos de las elecciones • Resulta por demás absurdo que de manera desfasada con el inicio de la gestión pública federal, lleguen a darse varias elecciones • Parecen interminables los procesos electorales en el territorio nacional, así como el costo pecuniario que implican
Si se unificaran las elecciones de funcionarios de los tres estratos de gobierno, la disminución de movilizaciones sociales, así como el gasto que conlleva organizar, celebrar y concluir jornadas electorales en seis años, representaría un estimable ahorro de recursos públicos
Gráfica 2. Financiamiento Electoral 2006 Fuente: www.ife.org.mx
3.1.2.1. Autonomía de las instituciones públicas • El reconocimiento de instituciones públicas como órganos autónomos, es algo que se vuelve indispensable en aras de su desvinculación del Poder Ejecutivo • Tal es el caso exitoso del Banco de México • El ejemplo anterior exige que la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, e igualmente las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, y la de Seguros y Fianzas, realicen cambios estructurales para operar con menos dependencia de las Secretarías de Estado
El caso del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), que recientemente fue reconocido con rango constitucional, pudiera tomarse en cuenta • La competitividad de México se vería mejorada con organismos autónomos capacitados, técnica y operativamente
3.1.2.2. Monopolios públicos • El artículo 28 de la CPEUM es a todas luces contradictorio • Su primer párrafo prohíbe terminantemente a : • Los monopolios • Las prácticas monopólicas • Los estancos • Las exenciones de impuestos, y • Las prohibiciones a título de protección a la industria
El texto constitucional es contradictorio: • Por una parte dice que “La Ley castigará severamente” prácticas “Con perjuicio del público en general o de alguna clase social” • Aunque permite “Monopolios de Estado” en “áreas estratégicas” (Petróleo y Electricidad)
Al respecto destacan declaraciones en foros recientes • Del Director General de la C.F.E.: “Para el futuro inmediato alentar la competencia a través de la oferta y el precio” • Del Rector del ITAM: “Empresas de petróleo, electricidad … se encuentran estancadas y no han logrado crecimiento” Fuente: El Economista
Es indispensable la reforma legislativa necesaria para implantar un sistema que en petróleo y electricidad permitan ofrecer servicios de calidad y precios justos y razonables
3.1.2.3. Régimen de propiedad privada • La propiedad privada en México es derivada y, además, está subordinada a lo que “dicte el interés público” • La indemnización equivale a una compensación prevista constitucionalmente para el particular afectado por una expropiación • El que el Constituyente haya modificado el párrafo segundo del artículo 27 de la CPEUM, para señalar “mediante” y no “previa” indemnización, representa otra razón en cuanto a la carencia de seguridad jurídica
Con motivo de la inserción de México en el mundo globalizado, el legislador ordinario ha optado por señalar que el pago para indemnizar será el valor de mercado que tenga el bien expropiado, además de que el plazo para pagar habrá de ser de un año • Será necesario dar completa certeza al régimen de propiedad privada y establecer mecanismos que logren la puntual ejecución de resoluciones judiciales
3.1.3. En materia laboral • Como parte de la reforma estructural ya visualizada, será necesario insistir en cambios urgentes, como: 3.1.3.1. Reforma Legislativa • Pareciera que el legislador le dio contenido a las normas laborales, más en busca de la pugna, que de armonizar a quienes tratan de lograr un fin común, cual es el mejoramiento individual, familiar y social de los trabajadores
Será preciso retomar el tema de la reforma laboral haciendo un enfoque positivo, para incrementar la productividad por medio de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, y fortalecer el sistema de justicia laboral 3.1.3.2. Seguridad Social. El Régimen de Pensiones • Cuestiones que deben tomarse en cuenta en la visión del futuro de México, son las perspectivas financieras y económicas de los planes de pensiones públicos y privados de nuestro país
3.1.4. La necesaria coordinación de la federación-estados y estado-municipios • Es de justicia tomar en cuenta el esfuerzo realizado por la administración del Presidente Vicente Fox, en la celebración de convenios de coordinación en varios campos Secretaría de Gobernación • En materia de seguridad pública nacional. Para la constitución de un Registro Nacional de Poderes Notariales
Secretaría de Relaciones Exteriores • Coordinación con los ayuntamientos integrantes de los 31 estados del país, para realizar trámites, que han logrado mayor simplificación administrativa y el ahorro de gastos de viaje
Secretaría de Economía • Convenios de colaboración para la formación y desarrollo, a nivel nacional, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Modernización de los Registros Públicos de Comercio y de la Propiedad • Las Secretarías de Salud, de Desarrollo Social, y del Trabajo y Previsión Social, han logrado acciones de salud, de hábitat y vivienda, y en capacitación y adiestramiento de la clase trabajadora, respectivamente • Debe motivarse a las entidades federativas para que se coordinen a su vez con sus ayuntamientos
4.1. Resultados de la Consulta Nacional • La Consulta Nacional para una reforma integral y coherente del sistema de impartición de justicia en el Estado Mexicano • Tarea de 2 años. (De 2003 a 2005) • En la consulta participaron organismos y asociaciones públicas y privadas
Declaración de Jurica, es un compromiso de los impartidores de justicia en participar activamente en la elaboración de una agenda judicial para el país. (Nov. 30 y dic. 1 y 2 del 2005) • El “Libro Blanco de la Reforma Judicial” se integra, además, con un folleto explicativo y una serie de anexos que contienen el proceso de consulta y soportan resultados • Consulta:www.scjn.gob.mx
Se identifican 33 acciones para la reforma judicial integral, comprendidas en tres ejes temáticos y un cuarto eje con acciones prioritarias: • Primer eje temático: La reforma del amparo • Segundo eje temático: Fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas • Tercer eje temático: Reforma al sistema de impartición de justicia penal • Cuarto eje temático: Otras acciones prioritarias identificadas durante la consulta
4.2. Resultados hasta el momento • En el D.O.F. del 12 de septiembre del 2006 se publicó acuerdo del Pleno para la creación del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales, y de Promoción y Difusión de la Etica Judicial • En el D.O.F. del 18 de septiembre del 2006 se publicó el Reglamento Interior de la S.C.J.N. (Abroga el de 6 de abril de 1923)
En el D.O.F del 3 de octubre del 2006 fueron publicados los siguientes acuerdos del Pleno: • El que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales federales • El que reglamenta los procedimientos de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial • El que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo
5. Conclusiones • A partir de la apertura democrática iniciada a finales del siglo pasado, se aprecia un mayor balance en nuestro sistema de división de poderes, aunque actitudes de ciertos legisladores federales, parecen revertir el dominio del Congreso sobre el Presidente de la República
Deben tomarse medidas, para adoptar acuerdos esenciales-partiendo de reformas constitucionales-, en materia política, por el excesivo número de procesos electorales, que pueden ahuyentar la inversión productiva, ante panoramas de violencia y falta de seguridad que sufren los gobernados • Habrá de ponderarse la necesidad de derogar el sistema de elección plurinominal
El seguir impidiendo que ciertos organismos públicos se aboquen en forma decidida a combatir una serie de monopolios existentes, impedirá avances en nuevos campos de inversión privada, a la vez que proseguirá el incremento desmedido de precios de bienes y servicios, en materia de hidrocarburos y energía eléctrica • El respeto a la propiedad privada es un elemento fundamental para que la inversión directa-nacional y extranjera-, se incremente a corto plazo
Dentro de las reformas estructurales que el país requiere con urgencia se encuentra la laboral. Actualmente se da una ilógica división de la clase trabajadora que consagra la CPEUM en su artículo 123; además la Ley Federal del Trabajo, propicia una pugna perenne entre el capital y el trabajo, así como prolongar indefinidamente la conclusión de conflictos litigiosos; y, la fuerza sindical que en innumerables casos promueve la corrupción
La coordinación entre la federación y los estados ha tenido acciones importantes • La “Declaración de Jurica,” surgida a finales del 2005, así como los 33 ejes para una reforma judicial, representan un notable avance en este campo
6. Propuestas • Se vuelve recomendable el iniciar una ronda de acuerdos y concertaciones, que desemboquen en el equilibrio inmediato de los poderes públicos legítimamente instituidos • Por ello es necesario continuar insistiendo en asuntos tales como la mejora regulatoria, así como el dotar de independencia orgánica y presupuestal a otras dependencias