SISTEMAS DE PENSIONES Y JUBILACIÓN

1. SISTEMAS DE PENSIONES Y JUBILACIÓN

2. ESQUEMA DE LOS REGÍMENES JUBILATORIOS EN EL PERÚ Régimen General A cargo de ESSALUD, en base a capitalización colectiva. Decreto Ley 19990 Seguro Social y Público de Pensiones Regímenes Especiales Régimen a cargo del Estado Decreto Ley 20530 Régimen del Personal Militar y Policial. Decreto Ley 19846 Régimen a Cargo del Empleador Ley 10624 Régimen alternativo al de ESSALUD, a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensione (AFP), en base a capitalización individual. Decreto Ley 25897 Seguro Privado de Pensiones

3. RÉGIMEN DEL DECRETO LEY 19990 • Estructurado a partir del 1 de mayo 1973, integrando a los regímenes existentes entonces tales como las pensiones de vejez y jubilación de las Leyes 8433, 13724, 13640 y 17262. • Se caracteriza como un régimen general porque, con excepción del seguro privado de pensiones y del militar y policial, es el único régimen abierto al que acceden la totalidad de los trabajadores peruanos, sea cual fuere su régimen laboral. EGD

4. ASEGURADOS OBLIGATORIOS • Los trabajadores que prestan servicios bajo el régimen de la actividad privada a empleadores particulares, cualesquiera que sean la duración del contrato de trabajo y/o el tiempo de trabajo por día, semana o mes. • Los trabajadores al servicio del Estado bajo los regímenes de la Ley Nº 11377 o de la actividad privada; incluyendo al personal que a partir de la vigencia del presente Decreto Ley ingrese a prestar servicios en el Poder Judicial, en el Servicio Diplomático y en el Magisterio.(los que no hayan sido comprendidos dentro de los regímenes de Cesantía, Jubilación y Montepío-20530). • Los trabajadores de empresas de propiedad social, cooperativas y similares. • Los trabajadores al servicio del hogar. • Los trabajadores artistas; y • Otros trabajadores que sean comprendidos en el Sistema, por Decreto Supremo, previo informe del Consejo Directivo Unico de los Seguros Sociales.

5. ASEGURADOS FACULTATIVOS • Las personas que realicen actividad económica independiente; y • Los asegurados obligatorios que cesen de prestar servicios y que opten por la continuación facultativa. EGD

6. PENSIONES DE SOBREVIVIENTE Son las siguientes: • Viudez • Orfandad c) Ascendientes Casos en que otorga.- a) Al fallecimiento de un asegurado con derecho a pensión de invalidez o jubilación; b) Al fallecimiento de un asegurado a consecuencia de accidente común estando en período de aportación; c) Al fallecimiento de un asegurado a consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedad profesional si los riesgos no se encuentran cubiertos por el Decreto Ley Nº 18846; y d) Al fallecimiento de un pensionista de invalidez o jubilación. Si el causante hubiese tenido derecho indistintamente a dos pensiones para el cálculo de las pensiones de sobrevivientes se tomará en cuenta la de mayor monto.

7. Pensión de Viudez Tiene derecho a pensión de viudez la cónyuge del asegurado o pensionista fallecido, y el cónyuge inválido o mayor de sesenta años de la asegurada o pensionista fallecida que haya estado a cargo de ésta, siempre que el matrimonio se hubiera celebrado por lo menos un año antes del fallecimiento del causante y antes de que éste cumpla sesenta años de edad si fuese hombre o cincuenta años si fuese mujer, o más de dos años antes del fallecimiento del causante en caso de haberse celebrado el matrimonio a edad mayor de las indicadas. Se exceptúan de los requisitos relativos a la fecha de celebración del matrimonio los casos siguientes: a) Que el fallecimiento del causante se haya producido por accidente; b) Que tengan o hayan tenido uno o más hijos comunes; y c) Que la viuda se encuentre en estado grávido a la fecha de fallecimiento del asegurado. EGD

8. PENSIÓN DE ORFANDAD Tienen derecho a pensión de orfandad: los hijos menores de dieciocho años del asegurado o pensionista fallecido. Subsisten el derecho a pensión de orfandad: a) Hasta que el beneficiario cumpla veintiún años, siempre que siga en forma ininterrumpida estudios del nivel básico o superior de educación; y b) Para los hijos inválidos mayores de dieciocho años incapacitados para el trabajo.

9. Suspensión de la Pensión de Orfandad a) Por no acreditar semestralmente su supervivencia el beneficiario que no cobra personalmente su pensión. b) Por no someterse el pensionista inválido a la evaluación de su estado en las oportunidades que se le indique. c) No acreditar anualmente el beneficiario, que sigue estudios Regulares o Superiores ininterrumpidamente, con lo que acredita su derecho a continuar percibiendo la pensión. Caducidad de la Pensión de Orfandad a) Por recuperar el beneficiario inválido su capacidad laboral. b) Por alcanzar el huérfano la edad máxima (21 años), para el goce del beneficio o Interrumpir sus estudios.

10. PENSIONES DE ASCENDIENTES • Tienen derecho a pensión de ascendiente, el padre y/o la madre del asegurado o pensionista fallecido siempre que, a la fecha del deceso de éste, concurran las condiciones siguientes: a) Ser inválido o tener sesenta o más años de edad el padre y cincuenticinco o más años de edad la madre; b) Depender económicamente del causante; c) No percibir rentas superiores al monto de la pensión que le correspondería; y d) No existir beneficiarios de pensión de viudez y orfandad, o, en el caso de existir éstos, quede saldo disponible de la pensión del causante, deducidas las pensiones de viudez y/u orfandad.

11. RÉGIMEN 19990

12. RÉGIMEN 25967

13. MODIFICACIÓN CONFORME A LA LEY 26504

14. DECRETO LEY 20530 Régimen a cargo del Estado

15. LEYES DE APERTURA DEL RÉGIMEN DEL DECRETO 20530

16. LEYES DE AMPLIACIÓN DE BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DEL DECRETO LEY N° 20530

17. PRECEDENTES VINCULANTES EN MATERIA PREVISIONAL Eddie Gónzales Delgadillo Asesor Jurisdiccional del Tribunal Constitucional

18. STC 1417-2005 PA/TC CONTENIDO FUNDAMENTAL DEL DERECHO A LA PENSIÓN

19. STC 1417-2005 PA/TC Se delimita los lineamientos jurídicos que permitirán ubicar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, reconocido en el artículo 11° de la Constitución, o estar directamente relacionadas a él, merecen protección a través del proceso de amparo.

20. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PENSIÓN “(...)tiene la naturaleza de derecho social -de contenido económico-. Surgido históricamente en el tránsito del Estado liberal al Estado social de Derecho, impone a los poderes públicos la obligación de proporcionar las prestaciones adecuadas a las personas en función a criterios y requisitos determinados legislativamente, para subvenir sus necesidades vitales y satisfacer los estándares de la ‘procura existencial’. De esta forma se supera la visión tradicional que suponía distintos niveles de protección entre los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, atendiendo al principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales y a que cada uno formaba un complejo de obligaciones de respeto y protección -negativas- y de garantía y promoción -positivas- por parte del Estado(...)” (STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-AI / 0009-2005-AI, acumulados, Fundamento 74).(subrayado añadido)

21. Posibilidad de formar parte de un régimen previsional por satisfacer los requisitos para aportar al mismo, lo que no genera automáticamente la percepción de la pensión pues ello estará condicionado al cumplimiento de los supuestos fijados para cada prestación. El acceso a una Pensión Contenido esencial del derecho fundamen-tal a la Pensión El no ser Privado arbitrariamente de su Pensión Implica la preexistencia de un derecho materializado en el cobro de una prestación e, inclusive, la garantía del goce futuro de la misma, el cual no podrá ser coculcado sin mediar sustento fáctico o jurídico suficiente. El análisis sistemático de la disposición constitucional que reconoce el derecho fundamental a la pensión (artículo 11º) con los principios y valores que lo informan, es el que permite determinar los componentes de su contenido esencial. Dichos principios y valores son el principio-derecho de dignidad y los valores de igualdad material y solidaridad (Exp. 1417-2005-AA) Derecho a una pensión minima vital Su inclusión como parte del contenido esencial está justificada por el afán de resguardar parámetros que permitan garantizar una prestación que, cuando menos, sirva para sufragar los gastos vinculados a las necesidades básicas de los pensionistas. Adicionalmente, por las objetivas circunstancias del caso, resulte urgente su verificación a efectos de evitar consecuencias irreparables (vg. los supuestos acerditados de graves estados de salud).

22. Lineamientos jurídicos que permiten ubicar las pretensiones, por pertenecer al contenido esencial del derecho fundamental a la pensión: a) Cuando, presentada la contingencia, se deniege a una persona el reconocimiento de una pensión de jubilación o cesantía a pesar de haber cumplido los requisitos legales para obtenerla, o de una pensión de invalidez, presentados los supuestos previstos en la ley que determinan su procedencia. b) Aquellas pretensiones mediante las cuales se busque preservar el derecho concreto a un 'minimo vital'. c) Supuestos en los que se deniege el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplir con los requisitos legales para obtenerla. d) Las afectaciones al derecho de igualdad material, significan un tratamiento distinto en la ley o en la aplicación de la ley. e) Que quien solicita tutela en esta vía mínimamente tenga que acreditar la titularidad del derecho constitucional cuyo restablecimiento invoca, en tanto que este requisito constituye un presupuesto procesal, a lo que se suma la exigencia de tener que demostrar la existencia del acto [u omisión] cuestionado. f) Las pretensiones vinculadas a la nivelación como: - sistema de reajuste de las pensiones o - la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos en materia pensionaria, no son susceptibles de protección a través del amparo constitucional, no sólo porque no forman parte del contenido protegido del derecho fundamental a la pensión, sino también, y fundamentalmente, porque han sido proscritas constitucionalmente, mediante la Primera Disposición Final y el artículo 103º de la Constitución,respectivamente.

23. STC 4762-2007 PA/TC ACREDITACIÓN DE APORTACIONES AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

24. STC 4762-2007 PA/TC(Publicado en el Peruano el 25 de octubre del 2008) • ACREDITACIÓN DE APORTACIONES AL SNP Conforme al fundamento 26.a) - El demandante con la finalidad de generar convicción en el juez puede adjuntar a su demanda los siguientes documentos: *Certificado de trabajo, *Boletas de pago de remuneraciones, *Los libros de planillas de remuneraciones, *La liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, *Las constancias de aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de EsSalud, y otros documentos. Los cuales pueden ser presentados en original, copia legalizada o fedateada, mas no en copia simple. - El Juez, de oficio o a pedido del demandante, podrá solicitar el expediente administrativo a la ONP o copia fedateada de él (…)

25. STC 4762-2007 PA/TC Conforme al fundamento 26.b) La ONP, cuando conteste la demanda de amparo, tiene la carga procesal de adjuntar como medio probatorio el expediente administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedateada de éste. ¿Cuál es su finalidad? Determinar con certeza si la denegación de otorgamiento o el desconocimiento de un mayor período de aportaciones ha sido arbitraria o se encuentra justificada. Conforme al fundamento 26.c) La carga procesal de adjuntar el expediente administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedateada de éste, es aplicable a los procesos de amparo en trámite cuando los jueces lo estimen necesario e indispensable para resolver la controversia planteada.

26. STC 4762-2007 PA/TC Conforme al fundamento 26.d) “(…) En los procesos de amparo que se inicien con posterioridad a la publicación de esta sentencia, la ONP, cuando conteste la demanda, tiene el deber de cumplir con presentar el expediente administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedateada de éste. En caso de que no cumpla con su carga procesal de adjuntar como medio probatorio el expediente administrativo, el juez aplicará el principio de prevalencia de la parte quejosa, siempre y cuando los medios probatorios presentados por el demandante resulten suficientes, pertinentes e idóneos para acreditar años de aportaciones, o aplicará supletoriamente el artículo 282º del Código Procesal Civil (…)” Contenido del artículo 282 del Código Procesal Civil “El Juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a la conducta que éstas asumen en el proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios, o con otras actitudes de obstrucción. Las conclusiones del Juez estarán debidamente fundamentadas”.

27. STC 4762-2007 PA/TC • Conforme al fundamento 26.e) Se está ante una DEMANDA MANIFIESTAMENTE FUNDADA En la que se advierta que la ONP no ha reconocido periodos de aportaciones que han sido acreditados fehacientemente por el demandante, bajo los siguientes argumentos: - De que han perdido validez; - Que el demandante ha tenido la doble condición de asegurado y empleador; y - Que según la Tabla Referencial de Inicio de Aportaciones por Zonas, establecida por el antiguo Instituto Peruano de Seguridad Social, en esa zona aún no se empezaba a cotizar.

28. STC 4762-2007 PA/TC • Conforme al fundamento 26.f) Se está ante una DEMANDA MANIFIESTAMENTE INFUNDADA En la que se advierta que el demandante: - Solicita el reconocimiento de años de aportaciones y no ha cumplido con presentar prueba alguna que sustente su pretensión; - Cuando de la valoración conjunta de los medios probatorios aportados se llega a la convicción de que no acreditan el mínimo de años de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación; o - Cuando se presentan certificados de trabajo que no han sido expedidos por los ex empleadores sino por terceras personas.

29. RTC 4762-2007 PA/TC(Publicado el 12 de abril del 2009) • Aclaración a la STC 4762-2007 PA/TC. • En el cual el Tribunal precisa: Conforme al considerando 3: Que la modificación del artículo 70 del DL 19990 en nada afecta la responsabilidad de los empleadores por la retención y pago de las aportaciones al SNP; en consecuencia ello no implica que las aportaciones retenidas y no pagadas sean consideradas como aportaciones no efectuadas; por el contrario las aportaciones retenidas y no pagadas por los empleadores deben ser consideradas como aportaciones efectivas.

30. RTC 4762-2007 PA/TC Conforme al considerando 7: A.- Cuando en el fundamento 26.a ( STC 4762-2007 PA/TC) se precisa de manera enunciativa que los documentos allí mencionados pueden ser presentados en original, copia legalizada o fedateada, este Tribunal no está estableciendo que en el proceso de amparo no se puedan presentar los mismos documentos en copia simple, sino que la sola presentación de dichos documentos en copia simple no puede generar en el juez suficiente convicción sobre la fundabilidad de la pretensión, razón por la cual se le solicita al demandante que, en principio, los presente en original, copia legalizada o fedateada. Por tanto, en el proceso de amparo sí pueden presentarse, conjuntamente con los documentos en original, copia legalizada o fedateada de documentos en copia simple, los cuales han de ser valorados conjuntamente por el juez.

31. RTC 4762-2007 PA/TC Conforme al considerando 7: B. Cuando el demandante presenta tan solo un certificado de trabajo en original, copia legalizada o fedateada como único medio probatorio, el juez para generarse convicción, le deberá solicitar en un plazo de 15 días hábiles presente otros documentos en original, copia legalizada, fedateada o simple a efectos de corroborar el período que se pretende demostrar. C. Cuando el demandante no cumple con las reglas para acreditar períodos de aportaciones, la demanda debe declararse improcedente; puesto que el no cumplimiento de las reglas entraña la realización de una actividad probatoria que no se puede realizar en un proceso de amparo por su carencia de estación probatoria.

32. RTC 4762-2007 PA/TC Conforme al considerando 8: • Los documentos no pueden ser adjuntados en copia simple cuando sean los únicos medios probatorios que pretendan acreditar períodos de aportaciones. • Cuando el documento presentado en original, copia legalizada o fedateada sea el único medio probatorio adjuntado para acreditar períodos de aportaciones, el juez deberá requerir al demandante, en un plazo de 15 días hábiles para que presente documentación adicional que corrobore lo que se pretende acreditar, pudiendo ésta ser presentada en original, copia legalizada, fedateada o simple. • La demanda será declarada improcedente cuando el demandante no haya logrado generar en el juez la suficiente convicción probatoria para demostrar los períodos de aportaciones alegados.

33. STC 2513 – 2007 PA/TC DECRETO LEY 18846 LEY 26790 Y EL DECRETO SUPREMO 003-98-SA SCTR Y EPS

34. STC 2513 – 2007 PA/TC • Unifica las reglas contenidas en los precedentes vinculantes establecidos en las sentencias emitidas: -10063-2006-PA/TC - 6612-2005-PA/TC -10087-2005-PA/TC(Pensión vitalicia. Pensión de invalidez. Enfermedad profesional. Decreto Ley 18846. Ley 26790) -00061-2008-PA/TC (Arbitraje voluntario y obligatorio del DS 003-98-SA, SCTR)

35. STC 2513 – 2007 PA/TC • Se reitera como PRECEDENTES VINCULANTES : • No existe plazo de prescripción para solicitar el otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.º 18846, ya que el acceso a una pensión forma parte del contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la pensión, que tiene, como todo derecho fundamental, el carácter de imprescriptible. • No se pierde el derecho a una pensión vitalicia por laborar como empleado, siempre y cuando se haya laborado antes como obrero en el mismo centro de trabajo y durante la vigencia del Decreto Ley N.º 18846, toda vez que el trabajo desempeñado como empleado no menoscaba el riesgo al que estuvo expuesta la salud durante el desempeño del trabajo como obrero.

36. STC 2513 – 2007 PA/TC • Los trabajadores empleados que nunca fueron obreros, o si lo fueron pero no en el mismo centro de trabajo en que se desempeñan como empleados, se encuentran protegidos por la pensión de invalidez del Decreto Ley N.º 19990 que en su inciso d) del artículo 25.º señala que el asegurado tiene derecho a una pensión de invalidez cuando se haya producido por accidente común o de trabajo, o enfermedad profesional, siempre que a la fecha de producirse el riesgo haya estado aportando, en concordancia con lo previsto por el artículo 29.º del Decreto Supremo N.º 011-74-TR. • En los procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.º 18846 o pensión de invalidez conforme a la Ley N.º 26790 la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el artículo 26.º del Decreto Ley N.º 19990. Debiéndose tener presente que si a partir de la verificación posterior se comprobara que el examen o dictamen médico de incapacidad o invalidez es falso o contiene datos inexactos, serán responsables de ello penal y administrativamente, el médico que emitió el certificado y cada uno de los integrantes de las Comisiones Médicas de las entidades referidas, y el propio solicitante.

37. STC 2513 – 2007 PA/TC • Resulta incompatible que un asegurado con gran incapacidad perciba pensión vitalicia y remuneración. Resulta incompatible que un asegurado con incapacidad permanente total perciba pensión vitalicia y remuneración. Resulta compatible que un asegurado con incapacidad permanente parcial perciba pensión vitalicia y remuneración. F. Resulta incompatible que un asegurado con gran invalidez perciba pensión de invalidez y remuneración. Resulta incompatible que un asegurado con invalidez permanente total perciba pensión de invalidez y remuneración. Resulta compatible que un asegurado con invalidez permanente parcial perciba pensión de invalidez y remuneración.

38. STC 2513 – 2007 PA/TC G. Ningún asegurado que perciba pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.º 18846 puede percibir por el mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional o por el incremento de su incapacidad laboral una pensión de invalidez conforme al Decreto Ley N.º 19990 o a la Ley N.º 26790. Asimismo, ningún asegurado que perciba pensión de invalidez conforme a la Ley N.º 26790 puede percibir por el mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional una pensión de invalidez conforme al Sistema Privado de Pensiones, ya que el artículo 115.º del Decreto Supremo N.º 004-98-EF establece que la pensión de invalidez del SPP no comprende la invalidez total o parcial originada por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

39. STC 2513 – 2007 PA/TC H. En los procesos de amparo cuya pretensión sea el otorgamiento de una pensión de invalidez conforme a la Ley N.º 26790, los emplazados tienen la carga de presentar los exámenes médicos de control anual y de retiro, para poder demostrar que la denegación de otorgamiento no es una decisión manifiestamente arbitraria e injustificada. Es más, en aquellos procesos de amparo en los que el demandante sea un ex trabajador, los emplazados deberán presentar el examen médico de retiro, pues si no lo hacen se presumirá que el demandante a la fecha de su cese se encontraba enfermo y bajo la cobertura de invalidez de la emplazada. Asimismo, en los procesos de amparo las emplazadas deberán adjuntar los contratos de SCTR para determinar la vigencia de la póliza y la cobertura de invalidez durante la relación laboral del demandante.

40. STC 2513 – 2007 PA/TC • En el caso de la neumoconiosis (silicosis), la antracosis y la asbestosis, el nexo o relación de causalidad en el caso de los trabajadores mineros que se laboran en minas subterráneas o de tajo abierto, se presume siempre y cuando el demandante haya desempeñado las actividades de trabajo de riesgo señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo N.º 009-97-SA, ya que son enfermedades irreversibles y degenerativas causadas por la exposición a polvos minerales esclerógenos. J. Para determinar si la hipoacusia es una enfermedad de origen ocupacional es necesario acreditar la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad, para lo cual se tendrán en cuenta las funciones qué desempeñaba el demandante en su puesto de trabajo, el tiempo transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de determinación de la enfermedad, además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo, es decir, que la relación de causalidad en esta enfermedad no se presume sino que se tiene que probar, dado que la hipoacusia se produce por la exposición repetida y prolongada al ruido. Por tanto, los medios probatorios que el demandante tiene que aportar al proceso de amparo para acreditar que la hipoacusia que padece es una enfermedad profesional, esto es, para probar que existe un nexo o relación de causalidad entre la enfermedad y el trabajo que desempeñaba, constituyen requisitos de procedencia.

41. STC 2513 – 2007 PA/TC • Los montos de pensión mínima establecidos por la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N.º 817 no son aplicables a la pensión vitalicia del Decreto Ley N.º 18846 ni a sus sustitutoria, la pensión de invalidez de la Ley N.º 26790, debido a que ambas prestaciones se encuentran previstas para cubrir riesgos y contingencias diferentes y se financian con fuentes distintas e independientes. • Cuando en un proceso de amparo se demande el otorgamiento de una pensión de invalidez conforme a la Ley N.º 26790 y al Decreto Supremo N.º 003-98-SA, y la emplazada proponga una excepción de arbitraje o convenio arbitral que tenga como fundamento el artículo 9.º del Decreto Supremo N.º 003-98-SA, el Juez deberá desestimar bajo responsabilidad la excepción referida, debido a que la pretensión de otorgamiento de una pensión de invalidez forma parte del contenido constitucionalmente protegido por el derecho a la pensión, el cual tiene el carácter de indisponible, y porque la pensión de invalidez del SCTR tiene por finalidad tutelar el derecho a la salud del asegurado que se ha visto afectado por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el cual tiene también el carácter de indisponible para las partes.

42. STC 2513 – 2007 PA/TC M. En el momento de la instalación del órgano arbitral el árbitro o árbitros deberán dejar constancia que informaron: • Las ventajas que brinda el arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. • Que para la resolución de su controversia se aplicará la jurisprudencia y los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional. • Que el asegurado o beneficiario, si lo prefiere, puede renunciar al arbitraje y preferir su juez natural, que es el Poder Judicial. • Que contra el laudo arbitral cabe el recurso que prevé la Ley General de Arbitraje. El arbitraje voluntario será inconstitucional si es iniciado por la Aseguradora Privada o por la Oficina de Normalización Previsional y el asegurado o beneficiario no desea someterse a él.

43. STC 2513 – 2007 PA/TC • La fecha en que se genera el derecho, es decir, la contingencia debe establecerse desde la fecha del dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora o Calificadora de Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de una EPS, que acredita la existencia de la enfermedad profesional, dado que el beneficio deriva justamente del mal que aqueja al demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe abonar la pensión vitalicia del Decreto Ley N.º 18846 o pensión de invalidez de la Ley N.º 26790 y sus normas complementarias y conexas. • La cobertura supletoria de la ONP establecida en el artículo 88.º del Decreto Supremo N.º 009-97-SA también comprende a los riesgos por invalidez temporal e invalidez parcial permanente, si la entidad empleadora se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Empleadoras que desarrollan actividades de riesgo. En estos casos, la ONP ha de repetir contra la entidad empleadora por el valor actualizado de las prestaciones.

44. STC 2513 – 2007 PA/TC • Los jueces al calificar las demandas de amparo cuya pretensión sea el otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.º 18846, o de una pensión de invalidez conforme a la Ley N.º 26790 y al Decreto Supremo N.º 003-98-SA, que aún no hayan sido admitidas a tramite, deberán declararlas inadmisibles, concediéndole al demandante un plazo máximo de 60 días hábiles para que presente, en calidad de pericia, el dictamen o certificado médico emitido por las Comisiones Médicas Evaluadoras o Calificadoras de Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de las EPS, bajo apercibimiento de archivarse el expediente. En todos los procesos de amparo que se encuentren en trámite, y cuya pretensión sea el otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.º 18846 o de una pensión de invalidez conforme a la Ley N.º 26790 y al Decreto Supremo N.º 003-98-SA, los jueces deberán requerirle al demandante para que presente en el plazo máximo de 60 días hábiles, como pericia, el dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora o Calificadora de Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de una EPS, siempre y cuando el demandante para acreditar la enfermedad profesional haya adjuntado a su demanda o presentado durante el proceso un examen o certificado médico expedido por una entidad pública, y no exista contradicción entre los documentos presentados.

45. STC 2513 – 2007 PA/TC En todos los procesos de amparo que se encuentren en trámite en los que el demandante haya presentado un certificado o examen médico emitido por un organismo privado o médico particular para probar que padece de una enfermedad profesional, los jueces no han de solicitarle la pericia referida, sino declarar improcedente la demanda, pues los certificados o exámenes médicos referidos no tienen eficacia probatoria dentro del proceso constitucional de amparo para acreditar que el demandante padece de una enfermedad profesional.

46. STC 2513 – 2007 PA/TC Se establecen como nuevosPRECEDENTES VINCULANTES: A. La percepción del subsidio de incapacidad temporal otorgado por EsSalud, no será exigible como condición previa al otorgamiento de la pensión de invalidez del SCTR, cuando el vinculo laboral del asegurado haya concluido, se determine que padece de una enfermedad profesional irreversible, y que esta, ha tenido su origen en la actividad de riesgo que desarrollaba. En el caso de accidentes de trabajo, se aplicará la misma regla cuando las secuelas del accidente producido durante la relación laboral, se presenten luego del cese.

47. STC 2513 – 2007 PA/TC • Procede el reajuste del monto de la pensión vitalicia del Decreto Ley N.º 18846 cuando se incremente el grado de incapacidad, de incapacidad permanente parcial a incapacidad permanente total, o de incapacidad permanente parcial a gran incapacidad, o de incapacidad permanente total a gran incapacidad. Asimismo, procede el reajuste del monto de la pensión de invalidez de la Ley N.º 26790 cuando se incremente el grado de invalidez, de invalidez permanente parcial a invalidez permanente total, o de invalidez permanente parcial a gran invalidez, o de invalidez permanente total a gran invalidez. • En los procesos de amparo en que se haya solicitado al demandante como pericia el dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora o Calificadora de Incapacidades y este no haya sido presentado dentro del plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del requerimiento, la demanda será declarada improcedente.

48. STC 2513 – 2007 PA/TC • Los jueces al calificar las demandas de amparo interpuestas a partir del 19 de enero de 2008, cuya pretensión sea el otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.º 18846, o de una pensión de invalidez conforme a la Ley N.º 26790 y al Decreto Supremo N.º 003-98-SA, la declararán improcedente si advierten que el demandante no ha adjuntado a su demanda el dictamen o certificado médico emitido por las Comisiones Médicas Evaluadoras o Calificadoras de Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de las EPS. • A la ONP y a las compañías de seguros que no apliquen los precedentes vinculantes se les impondrá las medidas coercitivas previstas en el artículo 22.º del CPConst. Asimismo, a los demandantes que interpongan demandas de amparo manifiestamente infundadas por ser contrarias a los precedente vinculantes referidos, se les impondrá el pago de los costos y costas del proceso por su actuación temeraria. Por otro lado, a los abogados se les impondrá el pago de una multa, cuando en autos quede demostrado que tenían conocimiento de que patrocinan procesos cuyas pretensiones son contrarias a los precedentes vinculantes.

49. STC 5189- 2005 PA/TC Aplicación de la Ley N.º 23908 (Reajuste)

50. STC 5189- 2005 PA/TC En la STC N.º 198-2003-AC, el Tribunal determinó que: • La Ley N.º 23908, vigente desde el 8 de setiembre de 1984, fue tácitamente derogada por el Decreto Ley N.º 25967, publicado el 18 de diciembre de 1992, por lo que el beneficio de la pensión mínima establecido por la Ley N.º 23908 resulta aplicable a quienes hubieran alcanzado la contingencia antes de dicha fecha. • Respecto del reajuste de las pensiones, señaló que se encuentra condicionado a factores económicos externos y al equilibrio financiero del Sistema Nacional de Pensiones, y que no se efectúa en forma indexada o automática. Todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 79º del Decreto Ley N.° 19990 (…)