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“DESAFIOS PARA IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE SST EN CHILE”. PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE INSPECCIÓN DEL TRABAJO APU. REGIÓN METROPOLITANA María Ester Feres N Centro de Relaciones Laborales FACEA/UCEN 10.09. 2008. ENFOQUE. ALGUNOS CONCEPTOS BREVE DIAGNÓSTICO ¿en donde estamos?
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“DESAFIOS PARAIMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE SST EN CHILE” PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE INSPECCIÓN DEL TRABAJO APU. REGIÓN METROPOLITANA María Ester Feres N Centro de Relaciones Laborales FACEA/UCEN 10.09. 2008.
ENFOQUE • ALGUNOS CONCEPTOS • BREVE DIAGNÓSTICO ¿en donde estamos? • DESAFÍOS ¿Cómo y hacia donde avanzar?
¿Que vamos a entender por una política nacional o de Estado en SST?
Constituye uno de los objetivos centrales de las “políticas públicas” De las políticas sociales y económicas de desarrollo Implica relevar el trabajo, su calidad y protección, como valor central de la vida social Eje o pilar prioritario: la prevención de los riesgos Institucionalidad nacional, jerarquizada, armónica y adecuadamente estructurada
Lo “reparativo” como complemento de la prevención Principal objetivo: generar una cultura preventiva Con Participación y roles definidos de los Interlocutores sociales o socio-laborales Por tanto, ligado a un Sistema de Relaciones Laborales adecuado, con actores sociales y sindicales representativos y en relaciones de equilibrio Mirada y funcionamiento sistémico
¿Qué entenderemos por Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo?
SEGÚN LA OIT: Conjunto de elementos que interactúan armónicamente para la consecución de sus objetivos (un TODO, integrado) Con funciones claras, definidas y armónicas para cada uno de sus componentes Relaciones jerárquicas, funcionales y de complementación Adecuado en su estructura (eficientemente estructurado) Eficaz en sus objetivos.
¿Cuales son los componentes de un Sistema de SST, con eje en lo preventivo?
El Normativo (marco y producto del sistema) Las Políticas Inspectivas La educación y la formación Las actividades de promoción, apoyo y asistencia al cumplimiento Bases sólidas de recolección de información: estadísticas públicas fehacientes, completas y centralizadas de accidentes y enfermedades profesionales
El seguro y la reparación de daños (suficiencia y cobertura) Concepción de proceso (desde la generación de tecnologías, maquinarias y equipos; organización del proceso productivo; condiciones materiales y sociales de trabajo, hasta la finalización del producto) Participación activa en el sistema de los actores sociales involucrados (tanto de organizaciones empresariales como sindicales) El enfoque multidisciplinario (en la investigación, inspección, vigilancia o monitoreo de riesgos, regulatorio, etc.)
No existe una institucionalidad pública integrada, jerárquica, coherente y coordinada, entre los distintos componentes del sistema Diversidad de entes, descoordinados entre sí y disputándose atribuciones y competencias Funciones, atribuciones y actuaciones de los entes públicos, superpuestas y hasta contradictorias: eminentemente sectoriales Contradicción entre la concepción original de responsabilidad pública (Binomio Salud y Trabajo), por la empíria actual: subsidiariedad al funcionamiento de las mutualidades
Traspaso objetivo del eje preventivo a uno de reparación, con énfasis en la rehabilitación, prestaciones médicas y económicas Cobertura decreciente (PyMES, autónomos y asalariados precarios o informales) Claras dimensiones discriminatorias entre las prestaciones del sistema público y las de las mutualidades Recursos financieros del sistema, distribuidos de manera inequitativa entre los distintos entes administradores (concentración PyMES en el binomio Salud/INP) Ausencia absoluta de roles para el actor sindical en la concepción, administración e implementación del sistema Diálogo social informal, discontinuo e irrelevante
Insuficiencias normativas: en el ámbito de la prevención Falta de claridad de las responsabilidades regulatorias entre los distintos entes gubernamentales (Sector Salud, Trabajo y entes sectoriales) Insuficiencias de los instrumentos legales de prevención (no sólo por tamaño de empresa, también en sus mecanismos de funcionamiento, en la capacitación y participación laboral y sindical, etc.) Carencia de políticas inspectivas (Salud, SUCESO) adecuadas (descoordinación legal) y eficaces (falta de recursos y afanes de competencia) hacia las Mutualidades, en especial respecto a sus responsabilidades de prevención Confusión legal que permite a las mutualidades restarse de responsabilidades preventivas frente a las empresas afiliadas
Insuficiencias en el ámbito de supervisión y control de los entes administradores de la ley 16.744 Falta de estadísticas fiables frente a accidentes y enfermedades (se construyen sobre la información entregada por los organismos administradores) Instrumentos públicos para la recolección de información: inoperantes y dispersos en su actuar Ausencia de políticas nacionales de prevención Ausencia de políticas nacionales para educar en una cultura preventiva, etc.
Avances: Nueva estructura sector salud (poco operante por necesidad de priorizar la salud pública y el Plan AUGE) Reposicionamiento y voluntad política de fortalecer la SUCESO, para el cumplimiento de sus funciones legales Creación por ley del ISL (en vez del INP sector pasivo), con importantes nuevos roles ¿y recursos? Fortalecimiento legal de las facultades inspectivas de la Dirección del Trabajo Reformas introducidas por la Ley 20.123, sobre subcontratación, información de accidentes fatales y graves, y política de asistencia técnica a la PyMES. La creación de la Comisión Ergonómica Nacional, la que puede ser perfeccionada en sus atribuciones Generación de normas re-regulatorias, de mayor protección laboral, con incidencia en materia de SST
La Salud y Seguridad en el Trabajo constituyen un derecho humano fundamental Sobre esa base, se debiesen elaborar los lineamientos de una política nacional de SST Inserción de estos lineamientos en la política nacional de desarrollo productivo (trabajo decente) Carácter transversal, intersectorial y multidisciplinario de las políticas Ratificación de los Convenios OIT
Revisión y adecuación de la Ley 16.744, para una realidad productiva nueva Recuperar el rol de las políticas e institucionalidad públicas en el sistema de SST Recuperar el eje o pilar preventivo del sistema Incorporar en el sistema educativo la cultura de la prevención Incorporar formal e institucionalmente a los interlocutores sociales en: la definición, formulación, implementación, control y evaluación de las políticas
Creación de instancias formalizadas de coordinación interinstitucional e intersectorial
Rompiendo la política de parcelas que caracteriza al sector público En el ámbito normativo A nivel de recolección y sistematización de información En el ámbito de inspectivo
Mejorar el registro, la prevención, la notificación y el tratamiento de accidentes y enfermedades profesionales Establecer criterios comunes para la recolección de información Centralizar las estadísticas en la SUCESO, a partir de la sistematización de la información primaria de los entes respectivos Precisar y controlar la pertinencia de los planes de prevención de los organismos administradores de la Ley 16.744 Mejorar sustancialmente el deficiente funcionamiento del binomio Salud/INP (futuro ISL)
La acción inspectiva debiese corresponder principalmente a las Inspecciones del Trabajo (tranversalizando y profesionalizando la inspección en SST) Si se siguen compartiendo competencias con organismos sectoriales, se debería: Resguardar el actual principio de radicación Coordinar sus acciones y Recurrir a las SEREMIS de Salud para las evaluaciones médicas en los centros de trabajo Inspecciones de la DT, con carácter integral, en consulta con las organizaciones sindicales, con preeminencia y sistematizidad en los instrumentos de prevención de riesgos La División de Salud Ocupacional del MINSAL y las SEREMIAS debiesen detentar facultades normativas exclusivas en todas las áreas de actividad (incluyendo sectores como los de minería, marítimos, etc.)